Justicia: Igualdad pide refuerzos (

El domingo anterior, en Ibiza, un varón de 34 años que contaba con una pulsera antimaltratadores y una orden de alejamiento entró en la vivienda de su expareja para atacarla reiteradamente. Los primeros familiares en personarse en el domicilio de Sant Antoni fueron su madre, su hermana y su padre, quienes también sufrieron agresiones por parte del hombre. Este fue arrestado poco después por miembros de la Guardia Civil, mientras los parientes recibieron asistencia por diversos golpes, y ella, de 31 años, entró en la UCI, primero a la del Hospital Can Misses, en estado crítico por múltiples traumatismos y lesiones, y después en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde sigue bajo una vigilancia médica intensiva. Las indagaciones aclararán qué pasó con el sistema de protección: si existió un error o no. Igualdad manifiesta por ahora que el equipo trabajó adecuadamente. No obstante, advierte sobre un fallo estructural en la distancia fijada por dicha orden judicial, que determina el radio de alerta de la pulsera: 100 metros.

En 100 metros, dicen desde el departamento de Ana Redondo, “la capacidad de reacción es muy complicada porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen complicado llegar a tiempo de evitar agresiones”. Para este, como para otros muchos casos, explican que 350 metros “es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema”, el de las pulseras antimaltratadores. Y ese perímetro mínimo será una de las “recomendaciones” que este lunes Igualdad haga tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado.

No únicamente por aquel ataque feroz del último domingo en Ibiza. Sino por el conjunto de circunstancias vinculadas a los homicidios. Los que se han perpetrado desde que comenzó 2026, y habitualmente los que tienen lugar cada semana de cada mes anualmente. En ellos se detectan conductas reiteradas que en ocasiones derivan de fallos en el engranaje público que impiden asegurar el amparo legal que las víctimas merecen tras haber denunciado.

El estudio de dichos asuntos vinculados a las medidas de alejamiento y los dispositivos de control telemático ha motivado que el Ministerio de Igualdad dirija al CGPJ y a la Fiscalía este conjunto de sugerencias “para mejorar algunas cuestiones que dificultan la efectividad de los dispositivos Cometa”. Desde el área de Redondo comunican que se remitirán el lunes y que se planeaba efectuarlo previo al reciente repunte de crímenes de género ―de las diez mujeres y dos menores en el transcurso del año, la mitad han ocurrido en los últimos cinco días―.

¿La razón? Dejar por escrito algo que diversas fuentes confirman que se comunica verbalmente en las reuniones periódicas que tienen por los crímenes las distintas instituciones involucradas ―desde Justicia a Igualdad, Interior y las autonomías―, pero que luego no se hacen efectivas en las decisiones judiciales, ya que son los jueces quienes tienen que decidir si se pone o no una orden de alejamiento; si es que sí, de cuántos metros; y si en ese caso se activa o no junto a esa medida una pulsera antimaltratadores. Son dispositivos sobre los que desde el pasado septiembre hay un amplio debate por los múltiples fallos que presentaron tras el último cambio de adjudicataria, el 6 de noviembre de 2023, cuando la prestación del servicio de esas pulseras recayó en Vodafone y Securitas por 42,6 millones de euros.

Un mínimo de 350 metros

En la actualidad, con el concurso público iniciado para una nueva contratación de 71,3 millones de euros por 60 meses, Igualdad solicita a Justicia diversos cambios en varios puntos. El primero de ellos se refiere a la distancia mínima de 350 metros fijada en las órdenes de alejamiento.

Igualdad sostiene haber detectado situaciones en las cuales los atacantes residen dentro del denominado perímetro fijo de restricción de una medida de alejamiento, esto es, el espacio que tienen prohibido cruzar bajo cualquier circunstancia y que se marca en torno a las viviendas de las víctimas y sus centros de trabajo, que “incrementa el riesgo al que esta se ve expuesta, lo que refuerza la necesidad de una valoración judicial adecuada de estas situaciones”, y “provoca que, de manera continuada, se registren en el sistema [de las pulseras] eventos de entrada en la zona de exclusión, tanto móvil como fija”.

Esto, dicen, “además de poner en constante aviso a la propia víctima y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son notificados diariamente al órgano judicial, a la Fiscalía y a las Unidades de Protección de la víctima, lo que puede derivar en la consiguiente saturación de las salas operativas y un preocupante efecto disuasorio respecto de los avisos trasladados a la víctima y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Así, el lunes recomendarán “a los órganos judiciales a través del CGPJ que, para el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS, establezcan una distancia mínima de al menos 350 metros de las zonas fijas de exclusión, priorizando la necesidad de reforzar la seguridad y proteger a la víctima porque es la distancia mínima recomendada desde un punto de vista técnico”.

Otra a la que aluden es qué pasa cuando los inculpados hacen un mal uso de los dispositivos ―algo que en principio, según las cláusulas del contrato con las empresas que prestan el servicio, no deberían poder hacer― o incumplen las obligaciones que tienen cuando sobre ellos hay activa una de esas órdenes: “Los agresores tienen que saber que la respuesta será firme y que siempre se incoará procedimiento por quebrantamiento de condena, lo que no siempre se hace, además de [que se les pedirá] responsabilidad por los daños causados”.

Las zonas de baja cobertura

Y una última es sobre los “casos en los que el nivel de cobertura es deficiente en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima”; alegan que “si no hay cobertura, no se puede garantizar la monitorización en todo momento de las posiciones de agresor o víctima, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema [que no solo se conecta al operador que ahora mismo presta el servicio, Vodafone, sino a cualquier red disponible] y la adecuada protección a la víctima”.

Sabiendo esto, consideran “necesario subrayar que en determinados supuestos la utilización de dispositivos telemáticos puede no resultar la opción más adecuada para garantizar el control efectivo de la orden de alejamiento impuesta, cuando concurren circunstancias objetivas de cobertura deficiente que no pueden ser corregidas por medios técnicos”.

Creen “oportuno que estas situaciones puedan ser objeto de valoración judicial, a fin de determinar, caso por caso, si la medida resulta apropiada o si procede considerar otras alternativas que garanticen de forma más eficaz el control de la resolución judicial y la seguridad de la víctima”. Y afirman que “para facilitar en estos casos la toma de decisiones judiciales” van a trasladar “al CGPJ la información relativa a las zonas con cobertura deficiente”.

La línea 016 brinda apoyo a las mujeres víctimas de maltrato, a sus familiares y personas cercanas de forma ininterrumpida, funcionando en 53 lenguas diversas. Dicho contacto no se muestra en el detalle de la factura, si bien se recomienda suprimir el historial desde el propio móvil. De igual modo, existe la opción de establecer comunicación por vía telemática. [email protected] irse al teléfono de la Fundación ANAR" (60 chars) "La infancia puede llamar al teléfono de la Fundación ANAR" (57 chars) Very close. "Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062)." (132 chars) "Frente a una urgencia, cabe telefonear al 112 o contactar con la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062)." (113 chars) A bit shorter, but okay. "Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización." (150 chars) "Además, si no es posible llamar, se puede emplear la aplicación ALERTCOPS, la cual envía un aviso de emergencia a la Policía con ubicación geográfica." (151 chars) Very close. Final check on "y mediante WhatsApp". The "y" is lowercase. "Y mediante WhatsApp al contacto 600 000 016. La infancia puede llamar al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Frente a una urgencia, cabe telefonear al 112 o contactar con la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (06