Aspectos fundamentales del anteproyecto de ley de salud pública: ¿Tiene chances de progresar? ¿Qué pasa con hospitales como el de Torrejón?

Ante el crecimiento de la gestión privada en la sanidad pública, y tras el escándalo del Hospital de Torrejón, que destapó este periódico, el Ministerio de Sanidad ha impulsado la tramitación de una ley destinada a impedir un modelo en el que las empresas obtengan beneficios de la prestación del servicio. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué pretende la iniciativa?

Buscar asegurar la prioridad de la gestión pública en la organización, prestación y administración de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo un marco jurídico que garantice su naturaleza universal, equitativa, transparente y de calidad, potencie el control público y la responsabilidad, restringa la gestión indirecta a casos excepcionales previamente evaluados y evite acuerdos contractuales que disminuyan la capacidad de supervisión institucional.

¿Tiene oportunidades de lograr éxito?

Muy pocas. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, debe superar el trámite parlamentario, en el que no existe una mayoría que respalde el texto. La coalición de partidos de izquierda, incluso si lograran un acuerdo, no alcanza para la aprobación, que de todos modos sería muy ajustada en términos de plazos.

¿Se prohíbe completamente la gestión privada?

No, la gestión indirecta no está prohibida, pero se restringe a casos excepcionales en los que la prestación directa no sea viable, siempre que se asegure la sostenibilidad financiera, la eficiencia y el cumplimiento de los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. En tales situaciones, se preferirá que las gestoras sean fundaciones sin fines de lucro. Lo que sí se prohíbe es el modelo conocido como Alzira, en el que una empresa construye la infraestructura y ofrece el servicio clínico.

¿Y qué pasa con los hospitales públicos administrados por empresas privadas, como el de Torrejón?

Nada. La ley no se aplica retroactivamente, por lo que las concesiones actuales permanecerán tal cual hasta que finalicen los contratos.

¿Cuántos hospitales con este modelo hay en España?

En España existen ocho hospitales públicos administrados por entidades privadas bajo el modelo Alzira: el de Torrejón, el de Vinalopó y Povisa (en Vigo), operados por Ribera; el Rey Juan Carlos (Móstoles), el Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, gestionados por Quirón; el de Denia, administrado por Marina Salud; y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.

¿Cómo se evaluarán las nuevas concesiones?

Cuando se trate de concesiones de servicios, será obligatorio un informe de la Oficina Nacional de Evaluación para examinar la sostenibilidad financiera de la operación, como requisito adicional en el proceso de evaluación previa.

¿Qué tipo de escándalo es el de Torrejón?

El 3 de diciembre pasado, Papallones publicó unos audios en la que el consejero delegado del Grupo Ribera, responsable del Hospital de Torrejón, exigía a sus directivos acciones para elevar los resultados financieros. Durante la reunión, donde describió una administración casi en quiebra del centro, propuso aumentar las listas de espera tras reducirlas tras la pandemia, pero quedándose siempre por debajo de los hospitales públicos. Esto resulta relevante, ya que una de las fuentes de ingresos del centro es atraer pacientes de otras áreas sanitarias. Este periódico publicó en los días siguientes cómo los directivos del grupo solicitaban rechazar pacientes o reutilizar material sanitario de un solo uso. El Grupo Ribera apartó al consejero delegado de la gestión del hospital, aunque lo mantuvo en su puesto dentro del grupo. Y la Comunidad de Madrid, tras una inspección posterior a las publicaciones, no halló negligencias.

¿Cómo está el caso?

Tras la publicación de los audios por Papallones, varios grupos políticos y un abogado particular presentaron denuncias. La Fiscalía detectó indicios potenciales de prevaricación y el caso está ahora en manos de los tribunales.