El Gobierno aprueba el anteproyecto para frenar el modelo Torrejón de privatización de la sanidad pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende frenar la privatización en la sanidad pública. Vetará en el futuro modelos como el del Hospital de Torrejón del Grupo Ribera o como los que tiene Quirón en Madrid, que forman parte de la red pública, pero están gestionados por empresas, además de poner la lupa en cómo funcionan esas concesiones en vigor.

Esta norma, cuyo contenido adelantó anoche la Cadena SER, se aceleró a partir del escándalo que generaron las revelaciones de Papallones sobre los planes del consejero delegado del Grupo Ribera, que gestiona el Hospital de Torrejón, de mejorar sus beneficios aumentando las listas de espera, entre otras medidas.

El anteproyecto, sin embargo, tiene un largo y difícil camino por delante. Tras su paso por los organismos consultivos y ser remitido a las Cortes por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, tendrá que superar toda una tramitación parlamentaria con muy pocas garantías de éxito; incluso en leyes con más consenso, el Gobierno está cosechando derrotas en el Congreso, y ni siquiera hay una mayoría progresista para sacar una medida así. Además, los plazos ya van justos: entre los informes necesarios para llegar al Parlamento y su tramitación allí, es frecuente que normas como estas se alarguen hasta un año y medio, lo que ya estaría muy cerca ―en el mejor de los casos― de la disolución de las Cortes para los próximos comicios.

El anteproyecto veta la privatización, salvo excepciones que tienen que cumplir varias condiciones: que no sea posible la prestación pública, que se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia y que se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. Prohíbe, además, la fórmula por la que una empresa construye la infraestructura a cambio de prestar el servicio sanitario.

El texto legal amplía los mecanismos de control público sobre la prestación del servicio, con especial énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, obliga a las comunidades autónomas a hacer pública de manera periódica información exhaustiva sobre contratos y conciertos, así como sobre resultados en salud y calidad asistencial.

En una entrevista con este diario en diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya trazó las líneas maestras de esta norma e hizo énfasis en el flujo de pacientes entre la privada y la pública que se produce, por ejemplo, en Madrid. Este nuevo texto pretende monitorizar esos transvases, que generan grandes beneficios a empresas privadas.

“Para darse cuenta un poco de la magnitud, solo hay que ir a las memorias del Servicio Madrileño de Salud. Y ves esos flujos: están clarísimos. El Hospital La Paz pierde 50.000 pacientes al año. El 12 de octubre pierde 25.000, el Ramón y Cajal pierde 30.000… Y si te vas a la fila de quién gana esos pacientes, los gana Quirón. Y un poquito Torrejón", ejemplificaba la ministra.

Para que las autonomías puedan concertar con la privada en el futuro, se establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio: deberán justificar en un informe la necesidad de esa colaboración público-privada, algo que luego analizará un comité de expertos y técnicos. Se priorizarán los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que solo busquen hacer negocio.

No obstante, los conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas continuarán regulándose por la normativa vigente en el momento en que fueron adjudicadas. Es decir, no afecta a las privatizaciones que ya existen.

“Triunfo de la sociedad civil”

García ha dicho que el anteproyecto es un “triunfo de la sociedad civil”, para blindar el Sistema Nacional de Salud “de las garras especuladoras y privatizadoras”. La ministra ha aludido al escándalo del Hospital de Torrejón, que ha calificado de “obsceno”. “Hemos visto audios internos en los que responsables empresariales hablaban sin tapujos de inflar las listas de espera para tener mayor rentabilidad. Esto es a lo que lo venimos a poner hoy coto”, ha asegurado.

La norma pretende acabar con un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública “pueda tener una orientación hacia el beneficio económico en vez de una orientación hacia el cuidado de la salud”, en palabras de la ministra.

Ha contestado a Isabel Díaz Ayuso, que este martes ha dicho que el Gobierno de Sánchez quiere acabar con la sanidad madrileña: “No queremos cargarnos la sanidad, sino su chiringuito, su negociete, por el cual en los últimos años al grupo Quirón se le han dado 5.000 millones de euros”.

García ha subrayado que la ley “no va contra fórmulas que no tienen ánimo de lucro”, como es frecuente, por ejemplo, en el sistema catalán. “Esta ley va a ponerle coto a esos modelos de colaboración público-privada que han detraído recursos de la pública para engrosar las cuentas de unas cuantas empresas que están al margen de nuestro sistema público”, ha añadido.

El anteproyecto se fundamenta en estudios internacionales, incluyendo un análisis de 38 países de la OCDE que concluyó que no existe evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia, además de mostrar que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos.

El ministerio ya constató en un informe publicado en diciembre el crecimiento de la gestión privada de la sanidad pública: un aumento de un 36,8% en la última década, de forma que casi un tercio (un 30,7%) de los 753 centros del Sistema Nacional de Salud tienen más de un 80% de la financiación o actividad en manos privadas.

Ley del paciente y compras de productos sanitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado también el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, que reconoce por primera vez a estas asociaciones como interlocutoras ante la Administración General del Estado, garantiza su participación en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud y define sus derechos.

El nuevo texto reconoce a estas entidades el derecho a acceder a información pública relevante, participar en la elaboración de políticas sanitarias, así como en las estrategias y planes del Sistema Nacional de Salud, acceder a financiación pública mediante criterios transparentes y recibir formación continua para su fortalecimiento institucional. Además, fija que las organizaciones de pacientes deberán guiarse por los principios de transparencia, prevención de conflictos de interés y rendición de cuentas.

El texto prevé instrumentos específicos como la Mesa para la Participación de los Pacientes, como espacio estable de diálogo con el Gobierno, y un Censo Estatal. El ministerio señala que ambas herramientas serán clave para fortalecer la interlocución institucional con estas organizaciones.

Sanidad ha llevado también al Consejo de Ministros un Real Decreto para regular la financiación de productos sanitarios de venta en farmacias, que pretende flexibilizar el trámite para facilitar compras y evitar desabastecimientos.

García ha puesto el ejemplo de las bolsas de orina, que sufrieron desabastecimientos hace dos años. “No podíamos [solucionarlo] porque no teníamos esta reglamentación, [que permite] acceder a más suministradores o a más empresas”, ha dicho.