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Los recortes de ayuda de EE  UU alimentan los conflictos en África

Un estudio de la Universidad de Sídney relaciona el cierre de USAID con un aumento de la violencia, ya que parte de la población se une a milicias ante la falta de alternativas económicas, mientras los Estados carecen de recursos para proporcionar servicios y mantener acuerdos informales con grupos armados

Refugiados sudaneses reciben ayuda alimentaria en el campo de refugiados de Oure Casson, en Chad, el 24 de febrero.Dan Kitwood (Getty Images)

El desplome de la ayuda exterior al desarrollo de Estados Unidos no solo está provocando una crisis sin precedentes en la salud global, con clínicas cerradas, campañas de vacunación paralizadas y millones de niños en riesgo de quedarse sin tratamiento o sin nutrición básica: también está alimentando la violencia en algunos de los lugares más frágiles del planeta.

Un nuevo análisis cruza datos de violencia política del proyecto ACLED, una de las bases de datos más completa sobre ubicación y eventos de conflictos armados, con información geolocalizada sobre cooperación internacional. Su conclusión es que, tras el cierre de USAID, la agencia de cooperación de EE UU, los países africanos más dependientes de esa financiación registraron un aumento aproximado del 5% en los conflictos armados. Sin embargo, cuando se analizan los tipos específicos de violencia, como la ejercida por las milicias contra los civiles, el porcentaje aumenta al 14%.

En concreto, el estudio, realizado por un grupo de economistas de la Universidad de Sídney y titulado Ayuda interrumpida: la dinámica de los conflictos tras la suspensión de USAID en África, examina qué ocurrió en 44 países de África subsahariana tras la paralización de USAID, el mayor donante del mundo, que en 2024 gestionaba alrededor de 34.000 millones de dólares (29.644 millones de euros).

En términos generales, los países más dependientes de la ayuda registraron un aumento de aproximadamente el 5% en los conflictos armados. Pero al analizar datos más desagregados, tanto por tipo de violencia como por regiones dentro de cada país, los investigadores observaron que los enfrentamientos entre grupos armados organizados aumentaron alrededor de un 12% en los meses posteriores. Con el paso del tiempo apareció otro fenómeno: un incremento de entre el 10% y el 14% en la violencia contra la población civil. Este enfoque, según los investigadores, permite ver que, aunque el aumento general de conflictos es moderado, los impactos son mucho más significativos en lugares específicos y en ciertos tipos de violencia.

Una primera explicación que relaciona la caída de la financiación al desarrollo con el aumento de la violencia apunta, según el estudio, a la pérdida de recursos por parte de los Estados. En países con instituciones débiles, los gobiernos dependen en gran medida de la ayuda internacional “para financiar servicios básicos o mantener acuerdos informales con actores armados que previamente ayudaban a evitar la violencia”. En ese contexto, la competencia por recursos escasos puede desencadenar enfrentamientos entre actores armados.

Por otro lado, los programas que protegen a personas en zonas de conflicto, especialmente aquellos que les proporcionan empleo, “constituían una importante fuente de ingresos para las comunidades locales”, lo que, según los investigadores, empuja a una parte de la población a “unirse a grupos rebeldes y milicias, así como a participar en actos de violencia”.

Podría interpretarse que la violencia, en sí misma, la provocan los grupos armados que luchan, pero una perspectiva contrafactual sugiere que no estarían luchando así si la ayuda siguiera fluyendo
Lee Crawfurd, economista del Center for Global Development

“Es la primera vez que vemos datos sistemáticos casi en tiempo real y el resultado parece bastante sólido: tras los recortes se observa un aumento de los conflictos”, explica en una videollamada el economista Lee Crawfurd, del Center for Global Development (Centro para el Desarrollo Global), que ha analizado los datos del estudio. “Es cierto que podría interpretarse que la violencia, en sí misma, la provocan los grupos armados que luchan, pero una perspectiva contrafactual sugiere que no estarían luchando así si la ayuda siguiera fluyendo”, añade Crawfurd, que acaba de ampliar el estudio con “datos subnacionales para analizar no solo cuánta ayuda recibió cada país, sino también a qué lugares concretos del país se destinó esa ayuda”. “Los resultados regionales coinciden de forma notablemente similar con el estudio” de la Universidad de Sídney, subraya.

“Un experimento natural”

El corte abrupto de financiación que supuso la paralización de USAID ha ofrecido a los investigadores una oportunidad poco habitual para analizar la relación entre ayuda internacional y violencia, ya que la reducción no se produjo como respuesta diplomática a crisis o conflictos en países receptores, sino por decisiones políticas internas de EE UU. Este factor permite observar los efectos como si se tratara de un “experimento natural”, sostienen los autores del informe.

La financiación al desarrollo no es solo una cuestión financiera, sino también es una herramienta de prevención de conflictos y de protección de derechos humanos

Pero además de incentivar los conflictos, la falta de fondos debilita los sistemas de protección para la población civil. Lavia Mwangovya, directora para África Oriental y Meridional de Amnistía Internacional, sostiene que los recortes tienen un impacto directo sobre los derechos humanos, muy especialmente en los “seis conflictos armados no internacionales de la región, es decir, Sudán, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Sudán del Sur y Mozambique”. “Servicios que documentaban abusos, apoyaban a víctimas o financiaban organizaciones locales dejan de existir o se reducen drásticamente”, afirma durante una entrevista en Madrid.

Para Mwangovya, “los civiles, especialmente mujeres, niñas y niños, son los que pagan el precio más alto”, explica la activista, que destaca que los recortes provocan, por ejemplo, que las mujeres que sufren violencia sexual en conflictos no sean atendidas. “Hablamos con sudanesas refugiadas en Uganda que habían sufrido agresiones en su país, y cuando nos describieron su situación, nos dimos cuenta de que muchas de ellas no habían recibido ningún tipo de apoyo como anticonceptivos de emergencia y otros servicios de salud sexual y reproductiva”. “A veces se debe al estigma, pero también a la falta de suministros”, añade.

Además, según Crawfurd, “los recortes de ayuda de EE UU se suman a tendencias más amplias: otros grandes donantes europeos también han reducido fondos y la presencia de fuerzas de paz de la ONU ha disminuido en los últimos años, lo que agrava la inestabilidad en varios países africanos”.

Los autores advierten, no obstante, que los resultados deben interpretarse con cautela: el aumento de la violencia observado es relativamente moderado y no todos los países experimentan el mismo impacto. Aun así, insisten, los datos nacionales y subnacionales y las tendencias observadas muestran patrones consistentes: en los lugares más dependientes de la ayuda, la suspensión de fondos coincide con aumentos medibles en los enfrentamientos entre grupos armados y en la violencia contra civiles. Por eso, Mwangovya defiende que la ayuda internacional sigue siendo crucial: “No es solo una cuestión financiera, sino también es una herramienta de prevención de conflictos y de protección de derechos humanos”.

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