La izquierda que gusta a los fondos buitre

Hay una izquierda que dice combatir a los “poderosos”, pero que hace las delicias de los llamados fondos buitre mediante sus políticas. Es esa izquierda que dice que no hay que construir para que bajen los precios de la vivienda en España, pese a que cada vez más informes hablan de la relación entre escasez de oferta y subida de precios. Es la que ha hecho del intervencionismo en el mercado del alquiler prácticamente su única bandera. Son quienes afirman ir contra los especuladores, obviando que sus medidas también perjudican a familias humildes, que no pueden hoy permitirse alquilar ni comprarse un piso. Es esa izquierda que Irene Montero o Gabriel Rufián buscan reconstruir, pero, curiosamente, aún no han llegado a la conclusión de que su progresiva desaparición del tablero político también tiene que ver con el fracaso de sus relatos en materia de vivienda.

Sostiene un informe de EsadeEcPol, elaborado por Jorge Galindo y José García Montalvo, que allí donde se están aplicando controles al precio de la vivienda se está perjudicando a las rentas más bajas. “En 2020, alrededor del 41% de las personas en alquiler de mercado en Cataluña pertenecían al quintil más pobre. Para 2025, esa proporción ha bajado al 29%”. Es decir, es probable que los nuevos caseros estén buscando perfiles de mayor solvencia económica —perfiles no vulnerables— para ahorrarse eventuales problemas de impago. Es evidente que hoy un casero puede elegir al inquilino que desee, fruto de la enorme demanda: en Barcelona, un 36% de las viviendas que se alquilaron no duraron ni un día en los portales de anuncios. Todo ello, en un contexto de reducción de la oferta, en parte incentivado por la limitación de precios, lo cual ha provocado el trasvase del alquiler de larga duración al de temporada o al mercado de venta.

Subyace ahí el problema de la escasez de pisos: según el Idescat, hoy hay 94.917 residentes más en la ciudad condal que en 2021; en cambio, solo se han creado 9.390 pisos en ese mismo período de tiempo. “Los hogares con menos ingresos se desplazan del alquiler de mercado a arreglos familiares o informales”, añade el informe de Galindo y Montalvo. En definitiva, las personas con menos renta son hoy las más perjudicadas por el mantra del decrecentismo, teniendo que buscar soluciones habitacionales cada vez más precarias. Es probable que España se enfrente al riesgo de chabolismo en pocos años y, de hecho, en algunas capitales ya se está dando el fenómeno del “chabolismo vertical”: hay familias enteras que ya están viviendo en cuartos y compartiendo piso con otros desconocidos.

Así pues, el principal reto que tiene hoy la izquierda heredera del 15-M es que no representa a los nuevos indignados. “No hay que construir más”, suele decir la exministra Montero, llegando a abogar por “expropiar”. La realidad es que los fondos buitre suponían en 2021 solo un 8% del mercado del alquiler en nuestro país. El drama es que en un contexto de baja oferta y alta demanda no son las familias corrientes precisamente quienes pueden asumir los altos precios a tocateja, sino aquellas de mayores recursos, ahorros, o las sociedades de inversión. No es paradójico, por tanto, que la cantidad de pisos comprados al contado suba en España: es una situación incentivada, en parte, por nuestros gobernantes.

En ese sentido, hay otros relatos que conviene poner en cuestión si realmente se quiere solucionar el problema de la vivienda. Según otro informe de BBVA Research, el saldo migratorio anual en España —que se cifra en torno a 500.000 personas al año en los últimos cuatro años— mantendrá el crecimiento de hogares en unas 200.000 unidades anuales. Si hasta ahora era un supuesto argumento ultraderechista decir que, si somos más personas, necesitamos más vivienda, cada vez es una idea más sostenida en los datos. El Gobierno es justo al defender la aportación de la población migrante al PIB, a la fiscalidad o al futuro del Estado del bienestar, pero no está invirtiendo lo necesario en las necesidades que impone el nuevo modelo demográfico: no es en absoluto culpa de los recién llegados, sino de nuestra clase política. De hecho, la población migrante con bajos salarios es de las más perjudicadas por la situación actual. Se estima que el déficit de viviendas será de 800.000 de aquí a 2027.

En consecuencia, el debate a la izquierda del PSOE debería girar también en torno a cómo integrar los resultados que se derivan de sus políticas, quizás, enmendándolas. Podemos es hoy un partido residual en buena parte de España, pero la influencia ideológica que ha tenido en las acciones legislativas de Pedro Sánchez aún permanece. Por ejemplo, se podrá discutir que el president Salvador Illa hable de “densificar” Barcelona o Cataluña —lo más parecido a construir—, pero Illa no hace más que señalar parte del problema al que nos enfrentamos, y al que se resisten algunos de los socios que le sostienen. Hay una izquierda que no entiende por qué crece la ultraderecha, en vez de votarles a ellos. Que la gente de a pie no llegue a fin de mes o se empobrezca porque el acceso a la vivienda ha reventado tal vez sea una de esas claves.