Las sombras de Bukele

Un informe presentado la pasada semana ante Naciones Unidas por un grupo internacional de expertos lanzó una advertencia que América Latina no debería ignorar. Según sus conclusiones, existen “motivos razonables” para creer que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción instaurado por Nayib Bukele en 2022 para combatir a las pandillas.

Nada de lo que señala el informe implica negar la realidad de la violencia que sufrió El Salvador durante décadas. Las pandillas fueron responsables de extorsión sistemática, homicidios y control territorial en amplias zonas del país, mientras el Estado parecía incapaz de recuperar el monopolio de la fuerza. Ese fracaso explica el enorme respaldo popular del que goza hoy el presidente Bukele entre ciudadanos que durante años vivieron bajo la amenaza constante de las maras. Ignorar ese alivio sería una lectura simplista de la realidad salvadoreña. Pero precisamente por esa historia, la tentación de celebrar cualquier solución rápida debería encender todas las alarmas.

Bukele se ha convertido en una figura admirada en buena parte del continente. En muchos países de América Latina su nombre se pronuncia con una mezcla de fascinación y envidia política. Ha logrado algo que durante décadas prometieron gobiernos de distinto signo sin conseguirlo: reducir drásticamente la violencia de las pandillas que habían convertido El Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo.

Ese éxito, real y visible, explica por qué el llamado modelo Bukele se ha convertido en referencia para políticos de la región. Hoy no son pocos los dirigentes que sugieren que la única forma de enfrentarse al crimen organizado es replicar la receta salvadoreña: arrestos masivos, poderes excepcionales para el Estado y una política de seguridad que privilegia la eficacia inmediata sobre las garantías legales. En sociedades donde la violencia del crimen organizado ha erosionado durante años la confianza en las instituciones, el atractivo de una solución drástica resulta comprensible. Pero precisamente por eso la pregunta que América Latina debería hacerse no es solo si ese modelo funciona en términos de seguridad, sino qué precio exige a la sociedad que decide adoptarlo.

Las democracias no se miden por su capacidad de encarcelar enemigos, sino por su capacidad de impartir justicia sin destruir el Estado de derecho. La historia latinoamericana está llena de ejemplos en los que la promesa de orden terminó justificando abusos sistemáticos del poder estatal, y El Salvador mismo lo sabe bien.

Sería arrogante ignorar el alivio de quienes hoy pueden caminar por calles que antes evitaban. Pero las políticas públicas no deben evaluarse únicamente por su popularidad. En una región donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, el atractivo del bukelismo seguirá creciendo. Pero quienes miran hacia El Salvador como si fuera una fórmula exportable deberían observar también las sombras que acompañan esa estrategia. La seguridad es una condición indispensable de la democracia, pero cuando el Estado comienza a violar sistemáticamente las normas que debería proteger, el éxito inmediato puede terminar sembrando un problema tan profundo y duradero como la violencia que pretendía erradicar.