Duro ajuste en la Complutense

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid aprobó el martes un plan económico para el periodo 2025-28 que pone cifras a la penuria en que se ve obligado a sobrevivir el mayor campus presencial de España. El principal objetivo es enjugar el déficit de 33,19 millones con el que cerró el ejercicio de 2024. Además de buscar nuevos ingresos, se mantendrán drásticos ajustes ya en marcha, como un recorte general de gastos del 35%, la eliminación de asignaturas optativas, la reducción de las horas impartidas, la supresión de ayudas a grupos de investigación o la reasignación de grupos. Pero es la partida de personal la más afectada: supondrá el 83% de la reducción.

El plan reconoce que, de forma recurrente, el gasto en personal ha sido muy elevado sin soporte presupuestario. Pero por mejorable que pudiera haber sido la gestión de la plantilla, la realidad es que el gasto en ese capítulo ha crecido en los últimos años el doble que las transferencias corrientes de la comunidad autónoma, su principal fuente de ingresos. Además, desde 2007, esas transferencias han aumentado un 5%, mientras la inflación lo ha hecho un 44%.

La agonía de la Complutense y la muy complicada situación económica de las otras cinco universidades públicas madrileñas responde básicamente a años de infrafinanciación de quien más debería haberlas apoyado: el Gobierno de la Comunidad. El sinsentido ha llegado al punto de que la Complutense tuviese que pedir el año pasado un crédito al mismo Ejecutivo que la atornilla para poder pagar las nóminas y a sus proveedores. Entre principal e intereses, le va a costar 38,8 millones hasta 2030. La concesión del préstamo iba vinculada a la presentación de un plan de estabilidad al que estaba obligada la universidad por la legislación estatal y autonómica al no haber logrado el equilibrio presupuestario. La universidad pública es un centro de creación de conocimiento y una herramienta de igualdad de oportunidades, no se puede medir solo en términos de rentabilidad. Difícilmente puede cuadrar sus cuentas una institución como el campus madrileño, el 77% de cuyos ingresos dependen de transferencias y subvenciones, fundamentalmente de la Comunidad de Madrid. El actual Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha preferido por pura ideología privilegiar la expansión de la universidad privada.

Ayuso destituyó el lunes a Emilio Viciana, su consejero de Educación toda esta legislatura, por su incapacidad de pactar con los rectores la nueva ley de educación superior. El cese ha sacado a la luz una asombrosa falta de profesionalidad en el departamento que revela por sí sola la importancia que el PP le concede. Las universidades públicas necesitan una financiación constante a medio plazo que les dé estabilidad. Es una necesidad que comparten los seis rectores de universidades públicas madrileñas. La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, tiene la responsabilidad de no contraer una deuda aún mayor con toda la sociedad.