El Gobierno difunde la lista de los 100.000 exfuncionarios con “pensiones millonarias”

La Secretaría Anticorrupción ha publicado este viernes siete largas listas con la información económica de los exfuncionarios que reciben “pensiones millonarias”. La difusión del documento llega un mes después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunciara un proyecto para limitar esas onerosas jubilaciones constitucionalmente. El cambio, que enfrenta reparos técnicos de la oposición, pasa por limitarlas a la mitad del sueldo de la presidenta (ella cobra alrededor de 130.000 pesos netos), lo que supondría fijarlas en un máximo de unos 70.000 pesos mensuales. Un análisis de Papallones exhibe que 8.269 de los 99.557 funcionarios mencionados en los documentos cobran más que la mandataria. Cuatro de ellos llegan a más de un millón de pesos mensuales.

La presidenta lanzó la iniciativa argumentando sobre “pensiones sin privilegios” y aseguró que la medida afectaría principalmente a quienes fueron altos cargos en empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Los exfuncionarios de la CFE representan el 54,6% del total de los jubilados que aparecen en las listas; son 54.391 de los casi 100.000. De ellos, 2.739 cobran una jubilación mensual superior al sueldo de Sheinbaum. Pemex, por su lado, acumula el 22,6% del total, con 22.495 pensionados. La empresa petrolera cuenta con 610 exfuncionarios que ganan más que la presidenta; entre ellos uno cuyo pago asciende a más de un millón de pesos.

LyFC aparece entre los documentos como un gran elefante en la habitación. La disolución de la empresa, extinguida en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), afectó a más de 44.000 trabajadores y al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en la actualidad continúa su proceso de liquidación por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Es parte de la historia que ha llevado a que sus jubilaciones supongan un gran volumen del total de las pensiones recogidas en los documentos. Los extrabajadores de LyFC suponen el 13,5% del total, es decir, 13.490. Los sueldos de 4.828 personas son superiores a los 300.000 pesos. Es la empresa con mayor número de extrabajadores por encima de esa suma. Y tres de ellos tienen un sueldo mensual de más de un millón de pesos mensuales.

Sheinbaum afirmó en su conferencia de la mañana de febrero que una reducción de estas jubilaciones supondría ahorros potenciales de 5.000 millones de pesos anuales en el erario, que buscaría destinar a programas sociales. También mostró el contraste de estas pensiones respecto a las del promedio de los trabajadores mexicanos, de alrededor de 7.000 pesos mensuales, de acuerdo al INEGI. La suma de las pensiones que aparecen en los siete documentos alcanzan más de 7.100 millones de pesos pagados mensualmente a los trabajadores de esas empresas, entre las que también están el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional De Obras (Banobras), el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y Nacional Financiera (Nafin).

La consejera jurídica de la presidencia, Esthela Damián, explicó durante la presentación que la iniciativa está basada en tres principios fundamentales: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. Todo ello supondría modificar el artículo 127 de la Constitución, donde se plasmaría esa limitación de jubilaciones a servidores públicos de organismos descentralizados, empresas públicas, bancos de desarrollo, fideicomisos y empresas de participación estatal. Algo que afectaría tanto a futuras pensiones como a las ya otorgadas.

Las discusiones formales sobre la iniciativa fueron iniciadas el pasado lunes en las comisiones del Senado. La oposición mostró el apoyo a la propuesta, pero con algunas reservas. El coordinador del PAN en la Cámara, Ricardo Anaya, aseguró que está a favor de eliminar esas onerosas pensiones, pero que la reforma estaba “muy mal” planteada, y criticó que el tope estuviera fijado en función del sueldo de la presidenta, por lo que los pagos podrían cambiar si ella o un futuro mandatario decidiera subirse o bajarse el sueldo.