Miles de quejas sin atender por violaciones a los derechos humanos de migrantes: el legado de los últimos años de la CNDH

Solo una recomendación en materia migratoria durante todo 2025: es el trabajo que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese año como respuesta a las demandas de la población migrante en tránsito que, aunque ha disminuido en su paso por territorio mexicano, continúa denunciando las graves violaciones a sus derechos humanos. En los últimos diez años, la mayor parte de esas recomendaciones en el tema se dirigían al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las dos instituciones que más violan los derechos de los migrantes en el país, según testimonios de defensores de derechos humanos y de los propios datos que brinda la CNDH sobre las quejas que recibe.

De las dos, la Comar es la que menos recomendaciones acumula. La última de ellas fue publicada en 2023. En el documento, dirigido a Andrés Alfonso Ramírez, entonces coordinador de la Comar, la CNDH reconoció que la víctima, un hombre que salió de su país por motivos de seguridad, fue vulnerada en sus derechos al no recibir “el respeto y la protección” exigidas por ley, y confirmó que la Comar había sido omisa en la atención que le dio “inclusive siendo objeto de actos que afectaron su integridad y seguridad personal”. Desde la nueva administración, que inició en noviembre de 2019, y hasta diciembre de 2025, la CNDH recibió más de 16.000 quejas sobre el personal de las dos instituciones, pero solo emitió 111 recomendaciones y únicamente tres de ellas por violaciones graves.

El cambio ha sido contundente: en 2024 se registraron más de un millón de ingresos irregulares al país, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, mientras que en 2025 apenas superaron los 151.000. A la par de la disminución en el número de personas en tránsito, el número de quejas sobre el INM también disminuyó drásticamente. Sin embargo, las personas que se han quedado en México, se enfrentan a trámites cada vez más largos y en medio de condiciones que los ponen en riesgo para sortear los trámites que las autoridades de la Comar exigen para solicitar el reconocimiento de su condición como refugiados. La situación, detrás de los números, revela varios aspectos sobre los tiempos y los procedimientos que los migrantes tienen que pasar para interponer una queja cuando han sido víctimas de un delito.

Ciria Villatoro, coordinadora de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C., en Tapachula, Chiapas, explica que una persona que ingresa al país de forma irregular, tiene 30 días para iniciar un procedimiento de refugio y la Comar debe de resolver su situación en 45 días hábiles, con la posibilidad de que se duplique ese plazo. Villatoro recuerda que desde hace tres años, en 2023, como mucho, la Comar demoraba dos meses en enviar el correo para iniciar el proceso de refugiado, pero ya en 2024 los plazos estaban alcanzando incluso los seis meses. En septiembre y octubre del año pasado, por ejemplo, estaban realizándose entrevistas de personas que se habían registrado un año antes. “Hay un total prolongamiento de los plazos sin nunguna justificación solo para notificarle a la gente por escrito. Lo que es obligatorio para la autoridad. Esto ha llevado a que las personas se desespren porque no tienen un documento y por ende no encuentren trabajo”.

El activista por los derechos humanos, Luis García Villagrán, también lo ha vivido de cerca. Ha trabajado desde hace 15 años en temas relacionados con violaciones a derechos de personas en reclusión y, en la última década, de personas migrantes, también en Tapachula. La ciudad, ubicada en la frontera sur del país, concentra más de la mitad de las quejas por este tipo de faltas, cometidas por el Estado mexicano.

García Villagrán asegura que la quinta visitaduría de la CNDH con sede en Tapachula —encargada de la atención a la población migrante— dejó de facilitar lhace unos cuatro años los trámites de quejas en sus instalaciones y optó por priorizar el procedimiento por internet. “Una mañana llegué a interponer mis quejas, hace dos o tres años, y me dijeron que no, que ya no funciona así, que ahora tenía que hacerlo por internet, que para que no hubiera problemas. Usted dígame, ¿qué migrante va a tener un teléfono en las condiciones en las que ellos se trasladan? Estamos hablando de los migrantes más vulnerables, los más pobres”, dice. “En automático disminuyeron las quejas”, zanja.

Los tiempos que menciona el activista coinciden con los registros: las quejas sobre el trabajo del INM se redujeron en un 26 %. Mientras que entre 2024 y 2025, las quejas que involucran a la Comar han incrementado un 247,6 %, pero ninguna de ellas ha merecido una recomendación de la CNDH. El 74 % de ellas se concentran en Chiapas.

Para García Villagrán había suficiente evidencia para que la CNDH emitiera “recomendaciones serias” sobre muchos de los casos, pero no sucedió así. Hasta la primera semana de febrero, más del 81 % de las quejas presentadas cada año sobre la Comar, entre 2022 y 2025, se encontraban “durante el trámite”, es decir, aún no contaban con una conclusión. En ese mismo periodo, las quejas sobre el INM se encontraban en más de un 64 % con el mismo estatus. El resto, en mayor medida, recibieron orientación, entre un 4% y un 20% o fueron desechadas por no existir materia para ser considerada una queja válida, entre el 1% y 5%. Menos del 1% termina en recomendación.

Una “simulación”. Así han descrito algunos migrantes a lo que se enfrentan cuando han intentado interponer una queja por violación a sus derechos humanos, en Tapachula. No hay seguimiento de las denuncias y tampoco respuesta por parte de las autoridades, una vez que las interponen. “Para mí, la CNDH es totalmente inoperante en este momento y desde hace cuatro o cinco años. Por ahí ha emitido una que otra recomendación, por ejemplo la de Ciudad Juárez, pero es que si no la emitía en ese caso, ya hubiera sido lo peor”, dice García Villagrán.

Para Villatoro, es importante tener en cuenta que, aunque el flujo migratorio disminuyó, las condiciones en México para los migrantes son poco esperanzadoras: “Siguen llegando y cada vez en condiciones más difíciles por el desmantelamiento de las instituciones de protección. Estamos viendo una dificultad de respuesta de la CNDH y no solo para la población en contexto de movilidad, sino incluso para la población mexicana”, dice.

García Villagrán asegura que, durante todo el tiempo que ha trabajado acompañando a migrantes, ha visto de todo: “Soy testigo de cientos de violaciones graves a los derechos humanos donde gente ha perdido la vida, han sido secuestrados, violados. Hace año y medio, en las galleras [sitios donde encierran a los migrantes] de Ciudad Hidalgo, todos los que atravesaban el río Suchiate eran secuestrados. A la fecha, todos iban a la CNDH y los mandaban a meter su queja por internet”, recuerda.

Uno de esos casos lo encarna Miguel (nombre ficticio para proteger su identidad por motivos de seguridad). El hombre, de 48 años, originario de El Salvador, salió en 2024 de su país, donde trabajaba como chofer de un microbús, después de que se convirtiera en un testigo protegido tras denunciar la extorsión a la que los grupos delincuenciales sometían al gremio. Pero con el régimen de excepción, interpuesto por el Gobierno, de un día a otro Miguel perdió la protección y se convirtió en un blanco, también, para las autoridades de su país.

La pesadilla de la que tanto han hablado los migrantes que han atravesado México, en su ruta hacia Estados Unidos, comenzó, para Miguel, apenas ingresó al país. Entró por vía terrestre a través de Guatemala. Todavía descompuesto, Miguel describe aquellos días como “un calvario”. “Psicológicamente, he quedado un poco mal, porque me torturaban. Me amenazaban con meterme las manos a una máquina, porque me pedían 700 dólares [unos 12.000 pesos mexicanos] de rescate para que pudiera salir, y como mi familia no me contestaba, me torturaban”.

Miguel narra que, apenas cruzó el río, un cartel, que no identificó nunca, lo secuestró y lo llevó a una casa alejada, en un predio en donde había más gente. “Como perdí el conocimiento, no sé cuánto tiempo estuve ahí; calculo que entre tres y ocho días. En ese lugar tenían a más personas. Hombres, mujeres y niños de muchos países. Miraba cómo violaban a las personas en esa casa... Éramos como 40 en ese grupo, pero había más en las otras secciones”.

Miguel intentó denunciar lo que había vivido ya estando en Tapachula. Pero asegura que nunca le quisieron tomar su denuncia, ni en la Fiscalía de Migrantes, ni en las varias oficinas que recorrió sin que le atendieran. Después de unos meses avanzó en una caravana, y en la comunidad de Arriaga —a unos 250 kilómetros de distancia— interpuso una denuncia, aunque solo le dieron una copia de la carpeta de investigación, de la que, ahora, después de un año, no supo el resultado y nadie se comunicó con él.

Hasta que llegó a Ciudad de México, Miguel pudo denunciar los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM). Tampoco recibió una respuesta, pese a que pagó a un abogado unos 13.000 pesos [unos 760 dólares] para que le ayudara a conseguir una tarjeta humanitaria por un año, que la Comar le dio unos meses después. “Migración no me quería dar nada porque no sabían si era una víctima. No me hicieron caso nunca”, dice. Miguel tiene varias enfermedades; labora en la capital mexicana sin que en su centro de trabajo le den un contrato fijo.

Para Miguel, el cartel que lo secuestró y las autoridades estaban coludidos. “Como que Migración trabajaba con ellos o estaba de acuerdo. Cuando nos liberaron, pasamos enfrente del INM y la persona que nos transportó a Tapachula, ya cuando habíamos pagado el rescate, le dijo al del INM que éramos 20, le enseñó la foto [una identificación] y por la foto nos dejaron pasar los retenes”.

La reciente administración de la CNDH, liderada en su segundo mandato por Rosario Piedra Ibarra, ha dicho que es falso que la institución sea omisa ante las necesidades de los migrantes. García Villagrán insiste: “Desde mi punto de vista, la CNDH no es solo actualmente inoperante, es un peligro ya para los derechos humanos. ¿Cómo es posible que el Estado mexicano hable de derechos humanos, cuando su organismo que tiene que velar por las garantías constitucionales de los migrantes en territorio mexicano ha reducido tanto el presupuesto?“.

En un comunicado de la propia CNDH, de octubre de 2023 sobre los recursos con los que cuenta para el año siguiente, reconoce: “El presupuesto de este organismo para 2024 es el menor, en términos reales, de los últimos 12 años. Desde hace cuatro años, la CNDH está haciendo más de lo que se hizo en administraciones pasadas, pero con menos recursos y con menos personal”.

En sus años más prolíficos, 2022 y 2023, los casos de migración llegaron al 11 % de las recomendaciones, pero en 2025 el dato se desplomó del todo. La única recomendación publicada representa el 0,5 % de los documentos emitidos por la institución. A pesar del incremento de las quejas sin precedentes en los últimos años. La mayor parte de las recomendaciones que emite la institución se dirigen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En cuanto a los delitos de los que más son víctimas los migrantes en México, están, en primer lugar, las extorsiones. “Los migrantes ricos siguen pasando y entrando a Estados Unidos sin problema; los migrantes pobres y los negros son los que están varados”, concluye García Villagrán, que señala a la Comar y al INM no solo por la comisión de delitos contra las personas en tránsito en el país, sino por la omisión ante situaciones graves y condiciones inhumanas a las que esta población ha sido sometida en territorio mexicano.

Este periódico ha consultado con ambas dependencias nacional y localmente, sin recibir un posicionamiento al respecto. La CNDH publicó este sábado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que se ha reunido con funcionarios de la Comar e integrantes de organizaciones civiles “para alcanzar acuerdos que permitan a las personas solicitantes de refugio agilizar los trámites y evitar que sean víctimas actos de corrupción o extorsión”.