El PT califica de ocurrencia la propuesta de She

La iniciativa de reforma electoral de la mandataria Claudia Sheinbaum arribó al Congreso mexicano este lunes prácticamente sentenciada y con un impedimento mayor para su realización. El Partido del Trabajo (PT), socio incondicional de Morena desde 2018, ha resuelto impugnarla con total franqueza y analizar minuciosamente sus carencias en un informe privado que Papallones ha logrado revisar. Esta evaluación de los socios no solo desestima el plan, sino que asegura que constituye una moción impulsada por “prejuicios presidenciales” o por el afán de preservar una agrupación dominante, censurándola por transformar los pilares del esquema democrático de México para privilegiar a la fuerza en el gobierno. La crítica es frontal: la iniciativa “destruye” el modelo electoral vigente y facilita una transformación que, en realidad, conduciría a una centralización del mando político.

El posicionamiento de los socios electorales de Morena se ha endurecido y ha acentuado la tensión dentro del bloque gobernante frente a la propuesta de reforma que advertía que tocaba el sistema electoral radicalmente. Alberto Anaya, el dirigente vitalicio del PT salió con un pronunciamiento público el fin de semana que marcó el nuevo tono de los petistas, quienes habían mantenido en privado su posición de resistencia a la propuesta presidencial. “Decimos ‘no’ al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”, lanzó el líder petista.

La agrupación política ha puesto en la balanza que, mientras la Administración de Sheinbaum busca presentar la reforma como una necesidad para reducir costos y simplificar estructuras, en realidad se trata de un cambio integral y no un simple ajuste administrativo. A su juicio, el problema no es técnico, sino político: el trasfondo sería la consolidación de una fuerza dominante.

El documento identifica cuatro ejes de preocupación que, según el diagnóstico, evidencian las fallas estructurales de la propuesta. El primero es el federalismo. Según la dirigencia petista, la modificación progresa hacia una concentración del mando electoral. Que contradice el sistema federal implantado desde 1824. La iniciativa, señalan, permitiría que desde la capital se definan aspectos que deberían corresponder a los Estados, como el tamaño de los congresos locales, métodos de selección de candidaturas o incluso remuneraciones. La crítica es especialmente dura contra la intención de reducir a los Organismos Públicos Locales (Oples), lo que consideran un “error centralista” que debilitaría la soberanía estatal. “Lo que debe eliminarse son las delegaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en los Estados y fortalecer los Oples como correspondería a una auténtica república”, se lee en el documento.

El PT incluso propone una opción que contradice el esquema del gobierno: eliminar las oficinas del INE en las entidades y robustecer a las instituciones locales, conservando un mando federal restringido a elecciones nacionales, bajo una visión más similar al previo Instituto Federal Electoral (IFE). El debate, señalan, no resulta administrativo, sino sobre el concepto de república.

La segunda cuestión radica en suprimir el esquema de representación proporcional, uno de los fundamentos de la diversidad política mexicana a partir de la reforma de 1978. Para la agrupación, reemplazarlo por modelos centrados en postulaciones individuales supondría un “retroceso histórico” que prioriza el proselitismo personalista frente a los programas ideológicos. Esta observación se asocia con un temor más profundo: la erosión de los partidos políticos en su función de mediadores democráticos.

En ese sentido, el tercer eje del análisis es contundente. El PT afirma que la modificación transformaría a las agrupaciones en meras franquicias de votos., sin incentivos para construir proyectos programáticos. Si la competencia se basa en candidaturas individuales, argumentan, el sistema perdería coherencia ideológica y favorece dinámicas de supervivencia política personal, no debates de fondo. El señalamiento golpea directamente el discurso oficial que promueve la cercanía entre representantes y ciudadanía: para los petistas, el resultado sería “fragmentación y simulación”.

El cuarto punto pone en duda una de las consignas centrales del Gobierno: disminuir los gastos comiciales. Contrario a fomentar ahorros, la agrupación política asegura que la iniciativa elevaría el presupuesto. La lógica es matemática y política: al incrementar las campañas de 300 a 400 y exigir que los aspirantes de listas se promocionen por su cuenta, se elevarían las expensas de funcionamiento y vigilancia. Por otra parte, subrayan que el desembolso sustancial se encuentra en los procesos de mayoría relativa y en los fondos públicos repartidos mediante el método actual, que privilegia a la fuerza con mayor respaldo en las urnas, es decir, Morena.

El petismo ha resaltado la naturaleza política detrás de la reforma. Debido a las modificaciones propuestas que requieren del PT o el Verde para prosperar, la fuerza política principal encontraría motivos para conservar normativas que faciliten la acumulación de fondos y el beneficio de quedar segundos en los distritos, consolidando así su poder. Dicha observación adquiere relevancia al notar que no surge de los opositores, sino de un socio fundamental que ha respaldado a Morena durante comicios y decisiones parlamentarias cruciales.

El documento también desestima el argumento del que se ha sujetado la mandataria para defender su propuesta, cuando plantea que existen legisladores que nunca han ganado elecciones. Según el PT, los representantes de lista también reciben respaldo ciudadano al ser votados dentro de las boletas partidistas, por lo que la narrativa oficial sería “falaz”. Advierten que convertir cada candidatura en una competencia individual podría generar confusión electoral y debilitar la representación política colectiva.

Además de cuestionar el contenido, el socio de Morena también ha elevado el tono político. La dirigencia petista tacha la reforma de estar orientada por “prejuicios presidenciales” o por la intención de mantener un partido hegemónico pondría en riesgo la democracia competitiva. Ese señalamiento no es menor: la coalición oficialista ha sido el principal sostén legislativo del Gobierno, garantizando la mayoría calificada para aprobar lo mismo reformas constitucionales o cambios legales. Una ruptura podría anticipar tensiones rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando se disputarán 17 Estados y decenas de cargos de elección popular. No obstante, tanto PT como Verde han sostenido que la coalición se mantiene firme, al margen del choque por la reforma electoral.