Ocesa es investigada por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el festival Axe Ceremonia

Ocesa, la promotora de entretenimiento en vivo más grande de México y Latinoamérica, está siendo investigada por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. En el mismo proceso también ha sido señalada la empresa Servicios de Protección Privada Lobo por el delito de homicidio tras el colapso de una estructura decorativa durante el festival Axe Ceremonia, celebrado en abril del año pasado en el Parque Bicentenario. La decisión del Ministerio Público ha sido dada a conocer por Raúl Giles, padre de Bere, como era conocida ente sus colegas.

“Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya son formalmente imputadas en el caso”, ha dicho el padre en un video publicado en redes sociales. “El pasado 14 de enero, la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados Peralta emitió la resolución que vincula a ambas empresas dentro de la investigación”, ha asegurado. Ocesa, sin embargo, informa a este diario a través de un vocero de que forma parte de las empresas “dentro de la investigación”, pero disputa la versión de que ha sido imputada por las autoridades competentes.

Bere, de 28 años, y Rojas, de 26, se conocieron mientras estudiaban en la FES Aragón, en Nezahualcóyotl, y colaboraban como fotoperiodistas en la revista Mr. Indie, un medio independiente que les permitía obtener acreditaciones para cubrir conciertos y festivales. Ambos trabajaban en el Axe Ceremonia cuando una fuerte ráfaga de viento sacudió una estructura metálica decorativa que era trasladada por una grúa a un costado del escenario. El adorno, de gran peso, se volcó sobre ellos y murieron en el lugar. El derrumbe ocurrió a las 17.00 y los organizadores no alertaron al público, entorpecieron el trabajo de los periodistas que trataron de documentarlo, y continuaron con el concierto.

A las 22.58 horas Brugada confirmó públicamente la muerte de los jóvenes en un mensaje en redes sociales. El festival continuó tres horas más. La Miguel Hidalgo se defendió planteando que el evento sí acabó antes de lo previsto y que la tardanza se dio por la dificultad de “desalojar un lugar con tantísimas personas”, pero durante todas las horas posteriores a la muerte de los jóvenes los asistentes aseguran que no se activó ningún protocolo, nadie les avisó del fallecimiento ni se organizó una evacuación ordenada. El público se fue poco a poco, cuando quiso, como en cualquier otro concierto. En las protestas que vinieron después, tanto asistentes como familiares y amigos de los jóvenes, reclamaron que el espectáculo no debió continuar.

El fallecimiento de los fotógrafos desató una cadena de señalamientos cruzados entre el Gobierno de Ciudad de México, las alcaldías, las empresas responsables de la organización del festival y el medio para el que colaboraban. Nadie quería asumir las responsabilidades. Según Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, el Ceremonia instaló la estructura hasta después de la revisión de Protección Civil sin avisar a la dependencia. En su momento Ocesa se justificó argumentando que solo participaron en la promoción y no en la gestión.

En los últimos nueve meses el proceso judicial ha avanzado lentamente. Este jueves, la familia de Miguel Ángel Rojas colocó un contador a las afueras de los juzgados para visibilizar los días que el procedimiento penal ha permanecido detenido. La imputación contra Ocesa y las demás empresas señaladas marca un nuevo punto en la investigación. Hasta el momento, el caso involucra a cinco empresas y ocho personas físicas.