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Estados Unidos emprende nuevas investigaciones comerciales con el objetivo de reinstaurar los aranceles de Trump.

La Casa Blanca pone en marcha la vía administrativa para imponer nuevos gravámenes a la importación bajo la Sección 301

El secretario de comercio, Jamieson Greer, charla con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.Mark Schiefelbein (AP)

Estados Unidos ultima una serie de investigaciones comerciales para tratar de restablecer el muro arancelario levantado por el presidente Donald Trump el año pasado y que fue tumbado hace unas semanas por el Tribunal Supremo al sentenciar que no puede aprobar estos aranceles indiscriminados sin pasar por el filtro del Congreso.

Los recientes análisis de mercado representan la fase inicial de un plan de impuestos aduaneros renovado que implica recurrir a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Dicho reglamento autoriza a la Oficina Comercial de Estados Unidos a establecer gravámenes punitivos si, luego de un proceso de indagación formal, se comprueba que diversas naciones emplean políticas de intercambio “injustificables”, “irracionales” o “discriminatorias” contra las corporaciones norteamericanas o que incumplan tratados de comercio globales. Estas clases de pesquisas habitualmente requieren varios meses para concluirse. En conclusión, los actuales escrutinios se enfocarán en aquellos estados que posean “prácticas comerciales desleales”.

Entre los temas que se investigarán se encuentran los impuestos a los servicios digitales y la presunta manipulación monetaria, según ha adelantado The New York Times. Los aranceles que la Casa Blanca pretende imponer bajo la Sección 301 suelen tardar meses o incluso años porque suele contar un trámite de alegaciones del Estado afectado, pero el equipo de Trump espera que pueda acelerar el proceso para que esté listo este próximo verano.

Las obligaciones tributarias de la Sección 301 deberían actuar en lugar de los aranceles globales temporales del 10% que el jefe de Estado norteamericano decretó hace escasas fechas tras la resolución del Supremo, que consideró ilícito s los mal llamados aranceles recíprocos ya que la normativa mediante la cual se autorizaron, la ley de poderes de guerra de 1978, que posibilita obviar la intervención del Congreso en momentos de crisis, no cubre las políticas impositivas ni los aranceles de intercambio.

Se espera que la administración revele varias investigaciones, según personas familiarizadas con los planes, centradas en combatir lo que Estados Unidos denomina exceso de capacidad industrial en países exportadores como China, explica The Wall Street Journal. Algunas investigaciones se centrarían en países o bloques como la Unión Europea. Otras probablemente investigarán cuestiones específicas, como las políticas comerciales digitales que Estados Unidos considera injustas para las empresas estadounidenses o las condiciones de trabajo forzoso en otros países. Las investigaciones sobre temas específicos podrían afectar a varios países.

Estados Unidos ha recurrido a estos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 en una docena de ocasiones. Una de las primeras ocasiones fue por el supuesto abuso en el tratamiento comercial desleal a las exportaciones de vacuno a la UE en 1999. Pero las más recientes tienen que ver con los supuestos abusos de la industria de los semiconductores de China en 2024, según el archivo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en sus siglas en inglés). La Administración federal también impuso aranceles bajo este instrumento a varios países europeos que mantienen el impuesto sobre determinados servicios digitales, que grava fundamentalmente a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, entre otros.

“Habrá otras investigaciones bajo la sección 301 a otros países concretos o negocios que supongan un riesgo”, apuntan fuentes de la Casa Blanca. Habrá que esperar a ver el detalle de las investigaciones para ver si hay alguna específica sobre España después de que Trump amenazara con castigar a Madrid por la negativa del presidente español, Pedro Sánchez, a que el ejército estadounidense utilice las bases militares conjuntas de Rota y Morón de la Frontera, en Cádiz, para apoyar el ataque a Irán.

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