Un tribunal alemán da aire a AfD al suspender su clasificación oficial como partido “extremista de derechas”

Alternativa para Alemania (AfD) se ha apuntado este jueves una victoria judicial parcial ante los intentos de las autoridades para clasificarlo como un partido de extrema derecha y un peligro para el orden democrático. Un tribunal de Colonia ha dictaminado que la Oficina para la Protección de la Constitución, como se denominan los servicios de inteligencia internos alemanes, deberán abstenerse de usar la citada clasificación y tratar a esta formación como una amenaza.

La decisión es provisional, hasta que se resuelvan los recursos en marcha de AfD contra la decisión de los servicios de inteligencia el pasado mayo de catalogarlo como “extremista de derechas”. Pero supone un balón de oxígeno para un partido que ya lidera la oposición parlamentaria, es favorito para ganar dos elecciones regionales el próximo septiembre y, al mismo tiempo, se ve sometido a un estricto cordón sanitario y pesan sobre él iniciativas para ilegalizarlo.

El Tribunal Administrativo señala, en su decisión, que “existe una certeza suficiente” de que en AfD se detectan “esfuerzos contra el orden democrático y liberal”. Pero añade que estos esfuerzos no permiten demostrar “una tendencia fundamental contraria a la Constitución” en el conjunto del partido. No es que esta tendencia general no exista, según los jueces, pero las pruebas aportadas hasta ahora por los servicios de inteligencia son insuficientes.

El caso arranca el 2 de mayo de 2025, cuando la Oficina para la Protección de la Constitución anunció que clasificaba a AfD como “extremista de derechas”, lo que permitía vigilar sus reuniones y comunicaciones, y podía servir de base para su ilegalización. “Para nuestra valoración es decisiva la idea del pueblo de AfD, basada en los orígenes étnicos, que devalúa grupos de población enteros en Alemania y viola su dignidad humana”, justificaron entonces los responsables del informe que sirvió para tomar la decisión. “Esta idea del pueblo”, añadieron, “se concreta en una actitud del partido contraria a los migrantes y a los musulmanes”.

El 5 de mayo, AfD recurrió ante la justicia, y la Oficina para la Protección de la Constitución ya aceptó entonces dejar de usar provisionalmente la clasificación de “extremista de derechas”. El Tribunal de Colonia no entra a dirimir si este partido es o no de extrema derecha, pero sí valora algunos de los argumentos de los servicios de inteligencia. Los jueces subrayan, por ejemplo, puntos del programa electoral de AfD que consideran hostiles a los musulmanes y a la dignidad humana, protegida por la Ley fundamental. Pero añaden que declaraciones y objetivos aislados no bastan para caracterizar como extremista a todo el partido.

El tribunal analiza, en el punto más polémico de la decisión, el uso del famoso concepto de “reemigración”, que figuraba en el programa electoral de AfD en 2025 y que sus líderes usaban en los mítines ante el entusiasmo de los asistentes. Es una palabra clave para este partido, pero ambigua, y ha servido a la pujante extrema derecha occidental para referirse tanto a deportaciones masivas como a la expulsión de los extranjeros o las personas de origen inmigrante.

En Alemania, la palabra puede remitir a los años del nacionalsocialismo, pero los líderes de AfD, en sus declaraciones públicas, se refugian en su ambigüedad. Conscientes de que las expulsiones en función del origen o la etnia serían inconstitucionales, alegan que solo afectarían a los inmigrantes indocumentados o los criminales, y que no son políticas distintas de las que aplican otros países y fuerzas en teoría más moderadas. La Oficina para la Protección de la Constitución consideró en cambio en su informe del pasado mayo que el concepto de reemigración reflejaba una visión “nacionalista y étnica”. El Tribunal de Colonia responde que el término es “poco claro” para que pueda deducirse de él un programa político que lleve a “una expulsión indiscriminada de las personas afectadas”.

El fondo de la cuestión sigue abierto, pero la decisión de este jueves es una evidencia de lo complicados que son los planes para prohibir a AfD. Un partido que cuenta no solo con el apoyo de millones de alemanes, sino también del Gobierno de Estados Unidos.