Washington impulsa un pacto entre Mar

La nación de Estados Unidos ha aplicado una fuerte exigencia diplomática buscando concretar un convenio pronto y una férrea reserva en el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario acerca del porvenir del Sáhara Occidental. A cinco décadas de que comenzara el litigio del Magreb en la anterior posesión española, la Administración del líder Donald Trump ha puesto en marcha nuevamente unos contactos paralizados por más de seis años, antes de que el propio Trump reconociera la soberanía marroquí en relación al Sáhara Occidental alterara por completo el escenario del norte africano.

Tras una toma inicial de contacto en Washington en el mes de enero, Madrid, capital de la antigua metrópoli del Sáhara Occidental, fue el escenario elegido por Estados Unidos los pasados días 8 y 9 de febrero para escenificar la búsqueda de una solución política al contencioso. Se negoció una hoja de ruta para seguir negociando e intentar alcanzar un acuerdo marco en mayo. El lunes y el martes pasados, las partes fueron convocadas en la capital estadounidense sin que apenas haya trascendido información sobre las cuestiones tratadas.

Tan solo se ha confirmado que el enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha copresidido las reuniones en Washington junto con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, asistido por el asesor del presidente Trump para asuntos africanos y del mundo árabe, Massad Boulos.

La ONU considera “alentadoras” las últimas reuniones sobre al Sáhara Occidental, pero advierte de que aún queda trabajo por delante para alcanzar “un acuerdo mutuamente aceptable”. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, informó el miércoles de que las partes abordaron en la capital de EE UU “cuestiones clave como la autodeterminación del pueblo saharaui, tomando como base la propuesta de autonomía presentada por Marruecos”, y anunció que habrá más reuniones “según sea necesario”.

En las negociaciones también intervienen los titulares de exteriores de Marruecos, Naser Burita; el Frente Polisario, Mohamed Yeslam Beissat; Argelia, Ahmed Attaf, y Mauritania, Mohamed Salem Uld Merzuk, en un entorno de mayor insistencia diplomática de Estados Unidos ante crisis globales estancadas.

Partiendo de Madrid, el representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha ratificado igualmente el avance de los diálogos en Washington, subrayando la necesidad de una consulta de autodeterminación que incluya la alternativa de independencia, en contraste con el plan de autonomía planteado por Marruecos como vía exclusiva. Durante una entrevista con Europa Press al conmemorarse el 50 aniversario de la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática por parte del Polisario, Arabi afirma que el dictamen 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU solicita a los involucrados “reiniciar un proceso político sin condiciones previas”, sin descartar ninguna alternativa. El acuerdo ratificado el anterior 31 de octubre respaldó que “una verdadera autonomía” constituye la meta “más factible” con el fin de alcanzar una salida política al conflicto.

Marruecos ha presentado a las partes un nuevo texto ampliado de estatuto de autonomía en esta ronda de contactos. Las últimas tandas de diálogo entre Rabat y el Polisario se desarrollaron en Manhasset (EE UU), entre 2007 y 2008, y en Ginebra (2018-2019). Rabat anunció en noviembre una actualización del plan autonómico que presentó hace dos decenios. Para ello se ha inspirado en experiencias europeas como el autogobierno de Escocia e Irlanda del Norte, en el Reino Unido, y en el modelo de comunidades autónomas españolas en particular. Incorpora incluso el equivalente al artículo 155 de la Constitución española, en una cláusula de salvaguarda que permite suspender las competencias autonómicas.

Conforme a lo revelado en sus rasgos principales por la prensa de Marruecos, el proyecto de estatuto marroquí para el Sáhara instaura un Gobierno y un Parlamento autónomos, junto a una policía regional, aunque con matices específicos. El monarca de Marruecos conserva la potestad de investir al presidente del Ejecutivo saharaui partiendo de la validez del parlamento local. En dicha cámara se integran tanto diputados elegidos por voto ciudadano como aquellos designados en nombre de las ancestrales tribus saharauis. El reino jerifiano veta además la posibilidad de que el Sáhara autónomo disponga de una bandera autonómica propia.

Informantes diplomáticos referidos por el portal ECSaharaui indican que EE UU ha sugerido a Marruecos y al Polisario una fase de transición de entre cinco y diez años para instaurar la autonomía, junto con la alternativa de someter a votación ciudadana el “acuerdo marco” acordado entre los involucrados para una resolución política de la disputa. El histórico conflicto relativo al registro de electores, que detuvo las funciones de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), sobrevuela este escenario.

Censo español de 1974

El Frente Polisario sugiere utilizar como referencia el padrón realizado por el Instituto Nacional de Estadística de España en 1974, donde se contabilizaron en el Sáhara aproximadamente 75.000 saharauis (además de 30.000 españoles). La Minurso alcanzó a registrar cerca de 130.000 potenciales votantes en el periodo de 1991 a 2007, momento en que cesaron los registros debido a los conflictos entre Marruecos y el Polisario. Marruecos opta por un recuento moderno que incluya a casi un millón de residentes, de los cuales por encima del 80% provienen de regiones de Marruecos localizadas al norte de la zona saharaui.

La Marcha Verde, la gran acción popular coordinada por Marruecos en 1975, impuso el repliegue de los destacamentos coloniales de España del Sáhara Occidental. Al cumplirse hoy 50 años de la partida real de los efectivos de España, en una determinación por la que España se desvinculaba de “toda responsabilidad internacional en la administración de dicho territorio”, EE UU intenta reactivar una resolución pactada a la disputa en la que se prescinde de la previa metrópoli colonial. Según Naciones Unidas, España ya no es la potencia administradora del “territorio no autónomo” o en espera de descolonización. No obstante, continúa administrando desde Canarias el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental.