Rusia abre un caso penal contra el fundador de Telegram por “colaboración con el terrorismo”

Rusia amenaza con la cárcel al fundador de Telegram, Pável Durov. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha abierto un caso penal contra el empresario por un presunto delito de colaboración con el terrorismo. Según dos medios oficialistas rusos que han tenido acceso a la documentación del caso, las autoridades acusan a su plataforma de mensajería de no haber bloqueado más de 154.000 canales y chats presuntamente delictivos en los que supuestamente sucedía de todo, desde actividades opositoras a preparación de sabotajes y otros delitos, como pornografía infantil y tráfico de drogas.

“Las autoridades se inventan cada día nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram en un intento por suprimir los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. Un triste espectáculo de un Estado temeroso de su propio pueblo”, ha manifestado el empresario.

El Kremlin ha lanzado una ofensiva sobre las plataformas de mensajería para forzar a sus ciudadanos a utilizar un servicio propio auspiciado por sus servicios de espionaje, Max. En los últimos meses ha bloqueado totalmente WhatsApp y ha obstruido parcialmente Telegram, a la que exige acatar las exigencias del FSB.

“Seis semanas son suficientes para que Telegram legalice completamente sus operaciones en Rusia”, manifestó hace unos días el vicepresidente del Comité de política de información de la Duma Estatal, Andréi Svintsov, al ser preguntado por los rumores que apuntan al veto total de esta aplicación a partir del 1 de abril.

La apertura de un caso penal en su contra agudiza la presión sobre el empresario dado que Moscú podría solicitar su extradición.

Telegram tiene su base en Emiratos Árabes Unidos, país al que se mudaron Pável Durov y su hermano la década pasada tras rechazar que Telegram colaborase con el FSB. Aunque el veto fue levantado en 2020 por acceder a cooperar “en materia antiterrorista”, según afirmó entonces la Duma Estatal, la ola represiva iniciada desde entonces en Rusia ha llevado a un nuevo choque entre el Kremlin y Durov.

El diario Rossískaya Gazeta ha revelado que las fuerzas de seguridad rusas incluyen en sus dosieres sobre Telegram unos 33.000 casos de sabotaje, terrorismo y extremismo desde el inicio de la invasión de Ucrania hace justo cuatro años.

El FSB también señala en el caso que el ataque terrorista cometido en la sala Crocus de Moscú en marzo de 2024 fue coordinado a través de Telegram. Aunque las autoridades reconocieron que los atacantes eran miembros del Estado Islámico de Jorasán nacidos en Asia Central, Putin acusó a Ucrania de estar detrás de la tragedia en la que fueron asesinadas 150 personas.

La investigación de los servicios de seguridad rusos apunta a que varios atentados perpetrados contra militares y blogueros nacionalistas rusos fueron preparados por los atacantes utilizando datos extraídos de Telegram.

No obstante, el periódico Komsomólskaya Pravda informa de que unos 104.093 delitos atribuidos de algún modo a la plataforma corresponden a difusión de “información falsa”, y otros 4.168 a “justificación de actividades extremistas”. El Ministerio de Justicia ruso ha etiquetado estos años como organizaciones indeseables y extremistas todo tipo de organizaciones no gubernamentales. Entre ellas casi todas las plataformas opositoras rusas, ONG extranjeras como Greenpeace y Human Rights Watch, medios de comunicación europeos como Deutsche Welle, y todo tipo de centros de estudios, como Chatman House.

El mismo medio agrega que Telegram rechazó borrar 1.369 canales relacionados con pornografía infantil, 3.771 con narcotráfico y 2.666 con inducción al suicidio.

Este caso penal suma un nuevo frente para Durov. El empresario está siendo investigado en Francia por difusión de contenido ilegal en su plataforma y la justicia le ha concedido poder abandonar el país temporalmente por periodos de dos semanas. Mientras, varios países, entre ellos España y Ucrania, se plantean imponer restricciones a Telegram.

Por otra parte, el bloqueo parcial de Telegram ha provocado problemas entre las tropas rusas en el frente, donde esta plataforma es utilizada ampliamente por ambos bandos para cifrar sus comunicaciones.

Según los blogueros militares rusos, sus mandos han pedido a sus tropas que no utilicen la alternativa del Kremlin, Max, por ser vulnerable. “Las tropas de Laos [eufemismo] han recibido órdenes de no usar ni instalar el mensajero nacional más seguro del mundo en dispositivos con capacidades multimedia avanzadas”, ha denunciado con ironía un importante canal de Telegram vinculado a las fuerzas aéreas rusas, FighterBomber.

Al mismo tiempo que el FSB pone contra las cuerdas a Telegram, la patronal de las grandes empresas tecnológicas rusas, que incluye al mayor banco del país con unos 100 millones de clientes, Sberbank, y la “Google rusa”, Yandex, ha solicitado que la policía les conceda acceso a sus bases de datos de acusados y sospechosos “para construir sistemas antifraude más completos”.

A pesar de los riesgos de filtraciones que implica y la amenaza para la privacidad de los ciudadanos, el presidente del comité de la Duma Estatal para las tecnologías de la información, Serguéi Boyarski, ha reconocido al diario Kommersant que la propuesta merece recibir “un análisis exhaustivo”.