Grecia endurece sus leyes migrator

En la costa oriental del Egeo, donde las islas griegas han sido durante años la primera entrada a Europa para millones de personas, el debate sobre migración se ha reavivado tras la aprobación por parte del gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis de una reforma legal que endurece las sanciones contra el tráfico de migrantes y amplía la persecución penal a quienes les brinden ayuda al llegar al país. La propuesta fue aprobada el 6 de febrero con el respaldo de Nueva Democracia (en el poder y con mayoría parlamentaria), y ha generado alarma entre las organizaciones humanitarias, que alertan que esta medida solo incrementará las muertes en el mar.

La modificación de los artículos 24 y 25 del Código de Migración griego incrementa las penas para las redes de tráfico, una medida que el Ejecutivo defiende ante el aumento de llegadas irregulares en ciertas rutas marítimas y terrestres. La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) detectó 51.399 llegadas irregulares por la ruta del Mediterráneo oriental en 2025, un 27% menos que el año anterior y significativamente por debajo de la crisis de refugiados de 2015, cuando llegaron más de 850.000 personas a las costas griegas.

El nuevo texto establece penas de prisión más severas, que pueden alcanzar la cadena perpetua y la expulsión del país para los traficantes. Asimismo, impone multas económicas de decenas de miles de euros y hasta diez años de cárcel para quienes participen en el traslado irregular de personas hacia territorio griego o dentro del país. Esto abarca a miembros de organizaciones de rescate marítimo o a quienes ofrezcan apoyo material o logístico a migrantes sin documentación. La condena dependerá de cómo los jueces interpreten dichas acciones.

Sonia Balleró, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Grecia, alerta sobre la “intimidación” y la “estigmatización” que impone esta ley, ya que podría disuadir a las organizaciones de seguir ofreciendo servicios. “Cuantas menos personas puedan acceder a atención médica a tiempo, mayor será el riesgo de que enfermedades tratables se conviertan en afecciones graves o generen problemas de salud pública”, ilustra, mencionando a ONG de asistencia sanitaria como la suya.

Las autoridades sostienen que la ley busca cerrar “vacíos legales” que, según el Gobierno heleno, han sido utilizados por las mafias para recurrir a intermediarios que se hacen pasar por voluntarios o colaboradores humanitarios. Un portavoz del Ministerio de Migración y Asilo ha rechazado como “totalmente falsas” las acusaciones de las ONG de que la nueva normativa penaliza la labor humanitaria o criminaliza a las organizaciones. “Lo que hace es endurecer el marco penal contra todos los traficantes condenados, incluidos los casos en los que las personas involucradas en redes de tráfico también son miembros de ONG”, insiste el portavoz. “La nueva ley endurece las sanciones penales para los traficantes organizados y quienes participan a sabiendas en tales actividades. No afecta a la ayuda humanitaria legítima”, afirma.

El ministro de Migración y Asilo, Thanos Plevris, duda del enfoque humanitario de las organizaciones y las describe como proveedoras de servicios financiados. “Debemos entender que las ONG que están registradas y reciben financiación están disponibles para prestar servicios. Muchas veces aparecen diciendo que son filantropía, pero hacen de esto una profesión”, comentó en una entrevista con la televisión griega Skai el pasado martes.

Las prisiones griegas albergan unos 3.500 reclusos por delitos de esta naturaleza, aproximadamente el 20% de la población carcelaria, según Plevris. “Son candidatas a ser devueltas y, con el nuevo marco, cuantos más mantengamos en detención administrativa, más ampliaremos el grupo de retornados”, sostiene el ministro. Sin embargo, las ONG denuncian que se condena sin evidencia y que muchos reclusos eran pasajeros a quienes se les atribuyó el delito para respaldar estas políticas migratorias.

El caso más reciente es el de un ciudadano marroquí detenido desde el 3 de febrero, tras sobrevivir al hundimiento de la patera en la que viajaba junto a otros 40 migrantes afganos. La embarcación colisionó con una lancha de rescate bajo circunstancias que aún se investigan, y 15 pasajeros perdieron la vida. Se le imputa por provocar un naufragio con víctimas mortales, tráfico de migrantes y entrada ilegal a Grecia. Sus abogados han rechazado las acusaciones y sostienen que era simplemente un pasajero cuyos padres pagaron 3.000 euros por el pasaje.

Los partidos progresistas y de izquierda han denunciado al Ejecutivo por proteger su política migratoria mediante el sistema penal y por ignorar las obligaciones de Grecia como Estado miembro de la UE. La asistencia humanitaria es un derecho establecido en la Convención Europea de Derechos Humanos, señala Eleni Sirri, experta en Derecho y migraciones del Border Violence Monitoring Network, en una conversación telefónica. “Que la asistencia humanitaria pueda ser criminalizada es muy perturbador, y ya lo hemos visto en leyes europeas”, afirma.

Sirri vincula esta reforma con el endurecimiento general de las políticas migratorias en Bruselas. El Pacto sobre Migración y Asilo, que entrará en vigor este año, es defendido por la Comisión Europea como una herramienta para agilizar los trámites de asilo y fortalecer la batalla contra el tráfico. Pero para sus detractores es una maquinaria de expulsión sin garantías.

Una semana antes de su aprobación, 79 ONG firmaron un comunicado conjunto advirtieron que el texto convierte en delito la ayuda más elemental. Argumentan que su ambigüedad podría permitir sancionar a quienes actúan en cumplimiento del derecho internacional humanitario. Balleron insiste en que la ley contraviene el derecho europeo e internacional. “Es una escalada en la criminalización de la asistencia en general que apunta no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino a la propia solidaridad”, señala.

Fue lo que sucedió recientemente en un caso muy mediático: el juicio contra la activista siria Sarah Mardini y otras 24 personas. Un tribunal griego los absolvió tras haberse visto implicados en un proceso judicial que duró ocho años y que las ONG calificaron como un ejemplo de criminalización de la asistencia humanitaria.

Mardini, reconocida por haber impulsado con sus manos una embarcación cargada de refugiados hasta Lesbos en 2015, enfrentaba hasta 20 años de prisión por integrar una “organización criminal” y ayudar en la entrada ilegal de extranjeros. Su absolución fue celebrada como un logro para el activismo, pero puso de manifiesto la complejidad de distinguir legalmente la asistencia humanitaria del tráfico de personas.

Los trabajadores humanitarios también denuncian que el Ministerio de Migración pueda expulsar a una ONG de su registro oficial y suspender su labor por acusaciones contra uno de sus miembros, incluso sin condena. “Si un miembro del personal está inmerso en un procedimiento penal, el Gobierno puede eliminar a la organización del registro y eso impediría que siguiera prestando servicios a migrantes, refugiados o solicitantes de asilo”, advierte la cooperante de MSF. El ministro de Migración lo defendió así en televisión: “Si se te condena como traficante y se demuestra que eres miembro de una ONG, tendrás un marco más estricto, precisamente porque tienes una relación privilegiada con los migrantes”.

Sin ver cómo se implementará la ley, Sirri advierte que este tipo de medidas frecuentemente conlleva más víctimas en las fronteras. El año pasado murieron al menos 107 personas en el Egeo, según Acnur, mientras la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra más de 33.000 fallecidos en el Mediterráneo desde 2014. “No estamos en una fase de emergencia. Si se observa la situación en Grecia y en Europa en los últimos años, los números no son tan elevados y cabe preguntarse por qué los países europeos no pueden absorber lo que pueden considerarse cifras relativamente bajas”, reflexiona Balleron.

Para Sirri, combatir el tráfico de migrantes es inútil, ya que la única forma para un migrante de ingresar es por medio de esas mafias. “[Para acabar con ellas] lo que necesitamos es poder ofrecer rutas seguras a las personas que quieran venir. Y eso es lo que no existe”, concluye.

Enfoque securitario

La reforma se inscribe dentro de una línea legislativa de aumento de penas que refuerza el enfoque securitario que Atenas promueve ante sus socios europeos. En septiembre de 2025, el Gobierno de Mitsotakis aprobó nuevas disposiciones para solicitantes de asilo rechazados que no abandonen el país en 14 días, con penas de dos a cinco años de prisión. También se intensificaron las medidas disuasorias: hasta 24 meses de detención para quienes lleguen sin documentación válida y multas de 10.000 euros por entrada irregular. Asimismo, quienes hayan residido más de siete años en Grecia sin papeles perderán de forma definitiva el derecho a regularizar su estatus.

La UE mantiene un enfoque parecido con el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Balleron considera que es una tendencia continental: “Las políticas migratorias están viendo la migración únicamente desde una perspectiva de seguridad y olvidan que hay un ser humano detrás”.

Este endurecimiento legal coincide con una paradoja económica: Grecia enfrenta una creciente escasez de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo. Por eso, la reforma también incluye facilitar la contratación de trabajadores a través de acuerdos bilaterales con países como Egipto, la India o Bangladés.