Dimite la ministra del Interior de Portugal por los errores en la gestión de los temporales

Los fallos en la gestión de furibundos temporales que han destrozado una parte de Portugal durante las últimas semanas provocaron la dimisión de la ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, quien renunció a última hora del martes. Sus funciones serán cubiertas temporalmente por el propio primer ministro, Luís Montenegro, gravemente afectado por la lentitud con que su Gobierno respondió a los primeros impactos de la borrasca Kristin, que llegó a superar los 200 kilómetros por hora.

Las llamadas para que Amaral renunciara se han multiplicado en los últimos días, tras una serie de errores políticos graves. No se presentó en público durante las 48 horas posteriores al paso destructor de Kristin, y cuando lo hizo, afirmó que había estado trabajando en “un contexto de invisibilidad” y que no sabía qué había salido mal. Su imagen ya estaba debilitada desde el verano, cuando se produjo una ola de incendios, pero lo sucedido este invierno, con el país enfrentando una secuencia de tormentas históricas, la terminó de destruir.

Las críticas a la gestión del Gobierno durante esta emergencia no solo provienen de la oposición, sino también del propio presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa y de la mayoría de los alcaldes de las localidades afectadas. Para el primer ministro, quien intenta proyectar una imagen de eficacia que compense su debilidad parlamentaria, ha sido un duro revés, pues a los errores en la prevención de los efectos del temporal se sumó la lentitud en la respuesta para ayudar a reducir los daños.

El Gobierno evitó solicitar asistencia mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, diseñado para este tipo de catástrofes, mientras el sistema nacional se encontraba completamente abrumado por las condiciones.

El paso de los temporales ha cobrado la vida de 15 personas y causado pérdidas millonarias aún por evaluar. Miles de individuos siguen sin electricidad tras dos semanas, además de enfrentar dificultades en el suministro de agua. Otras comunidades permanecen inundadas o bajo amenaza de desbordamiento fluvial. Los desalojos de residentes en zonas vulnerables continúan ocurriendo diariamente. Infraestructuras fundamentales han sido destruidas y requerirán años para su restauración. El Gobierno aprobó un plan de asistencia de 2.500 millones de euros y declaró el estado de emergencia en 68 municipios hasta el próximo domingo 15.

Este miércoles está programada la intervención del primer ministro en la Asamblea de la República para justificar la gestión de la catástrofe. Lo hará sin la carga de conservar en su gabinete a una ministra ampliamente cuestionada.