ERE y otras macrocausas en Andalucía

El caso de los ERE fraudulentos ha sido el epicentro de la actualidad de los escándalos judiciales en Andalucía durante 2014. De hecho a caballo entre Sevilla y Madrid, ya que, tras tres años y medio, el pasado verano la instructora Mercedes Alaya remitió su exposición razonada al Tribunal Supremo al considerar que existen indicios contra políticos aforados. Entre ellos, los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros del Ejecutivo autónomo.

Tras su argumentación, en otoño el Supremo comenzó a instruir la causa, y ya ha estimado que esta es escindible y se puede juzgar a cinco aforados en el Supremo, a cuatro de ellos en el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) y al resto de intrusos, empresarios y políticos en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Mientras el Supremo estudia el sumario, Alaya prosigue con la compleja instrucción, que este año ha alcanzado los 229 imputados hasta situarse como la causa más extensa en cuanto a acusados de la historia judicial española.

En paralelo al ‘caso ERE’, la juez Alaya ha iniciado este año otra macrocausa por los cursos de formación, sumario que estima superará “los dos millones de folios” y en el que investiga por supuesta malversación a la Consejería de Empleo, que gestionó los fondos públicos destinados a la formación de parados y ocupados. Además de la magistrada sevillana, otros 17 juzgados andaluces investigan el uso fraudulento de estos fondos para cursos de formación, unas causas que Alaya intenta acaparar. De momento, la acumulación de todas las causas en una sola no está nada claro.

El alto tribunal considera la causa de los ere escindible y ve indicios contra chaves, griñán y siete exconsejeros

También en 2014, después de un año y medio de investigación, la magistrada desarrolló con la Guardia Civil la Operación Enredadera dentro del caso Madeja, por el que se investiga una red de sobornos a políticos y funcionarios de diferentes regiones a cambio de adjudicaciones públicas de contratos. La operación se saldó con 32 detenidos. Mientras, prosigue la instrucción del caso Invercaria, que investiga las inversiones de esta sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, y en Almería un juez ha imputado al presidente de la Diputación y líder del PP, Gabriel Amat, junto a seis ediles de su corporación en Roquetas de Mar, por corrupción urbanística.