El pulso soberanista

Primero tenía que ser un referéndum, después se convirtió en consulta y acabó siendo un proceso participativo sin validez jurídica. Sin embargo, la votación sobre la independencia de Cataluña organizada por la Generalitat el 9 de noviembre no solo ha dejado patas arriba el sistema político catalán, sino que sus consecuencias amenazan con perpetuarse por mucho tiempo en los primeros puestos de la agenda política española.

“Confiad en mi plan: habrá urnas y calculo que alcanzaremos los dos millones de votantes”. Con tono grave y dirigiéndose a los responsables de los partidos que a lo largo de 2014 han apoyado el reto soberanista catalán, Artur Mas, aseguró el pasado 13 de octubre que los catalanes podrían votar sobre la independencia ni que fuera de forma simbólica. Y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido días antes la consulta formal prevista inicialmente.

Efectivamente, hubo votación. No estuvo amparada ni por la ley electoral ni tampoco por la ley catalana de consultas que, a día de hoy, sigue suspendida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno. La consulta de Mas, que la Generalitat rebautizó como “proceso de participación ciudadana” para esquivar precisamente una nueva suspensión, se sustentó en los recovecos de hasta media docena de leyes catalanas. Sin embargo, no contó ni con un censo preestablecido ni con una autoridad electoral.

Todo ello no fue impedimento para que 2,35 millones de catalanes acabaran depositando su voto en los más de 1.300 puntos de votación repartidos por Cataluña. La Generalitat calificó la operación de “éxito total” dadas las precarias circunstancias en las que se celebró la consulta. El Gobierno se limitó a señalar en un principio que solo un tercio de los catalanes se habían interesado por la operación de Artur Mas. Mariano Rajoy ha evitado desde entonces cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una concesión a Cataluña.

Aunque el Gobierno parecía querer pasar página lo más rápido posible al asunto, finalmente la Fiscalía General del Estado abrió la vía penal. Lo hizo en contra de la opinion de los fiscales catalanes, que no veían indicios de delito en la actuación del Gobierno catalán. Al final, la fiscalía se querelló contra Artur Mas y contra dos de sus consejeras por hasta cuatro delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación y surupación de funciones. El aspecto común de las condenas para los cuatro delitos es que conllevan penas de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite la querella el 22 de diciembre.

“Confiad en mi plan: habrá urnas y calculo que alcanzaremos los dos millones de votantes”

Mas afronta el proceso judicial convertido casi en un héroe por su partido, Convergència Democràtica, y por una parte de los sectores independentistas. La querella y la gestión de la consulta incluso le han ayudado a volver a encabezar las encuestas que, durante meses, habían vaticinado la victoria de Esquerra Republicana en unas elecciones catalanas.

Sin embargo los partidos nítidamente independentistas siguen sin contar con la “amplia mayoría” que Mas siempre ha pedido para el proceso que en su opinión debe llevar Cataluña a la independencia. A Esquerra y a Convergència incluso se les podría resistir la mayoría absoluta según algunos sondeos. Tanto si se presentan juntos como si lo hacen por separado. La consulta, sin embargo, ha servido para clarificar la posición de Convergència Democràtica, que ha abandonado las zonas grises para abogar abiertamente por la creación del Estado catalán. Sin embargo, el precio que ha pagado es elevado. Nunca como hasta ahora había peligrado tanto la continuidad de la fórmula de éxito que ha sido Convergència i Unió los últimos treinta años. Y no solo esto. La consulta del 9-N parece haber agotado la actual legislatura dos años antes de lo establecido. Mas debe decidir ahora si su partido, asediado por los casos de corrupción, está a punto para las elecciones que él mismo califica de “consulta definitiva”.