La apuesta de Ayuso para reforzar más la escuela concertada: extender los convenios a 14 años

La apuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la educación de titularidad privada pisa el acelerador con la llegada de la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La Comunidad de Madrid pretende reforzar más la protección de los centros educativos concertados y plantea ampliar la duración de los conciertos hasta 14 años, ahora son de 10. Así lo ha hecho saber en una propuesta de proyecto a las entidades que forman parte de la Comisión de Dictámenes del Consejo Escolar autonómico. Estas elaborarán el martes un borrador de resolución antes de reunirse semanas después con las organizaciones que componen la Comisión Permanente. Las posturas adoptadas y el resultado de la votación no serán vinculantes. La iniciativa puede entrar en vigor en cuestión de meses tras pasar el periodo de tramitación.

Si el Ejecutivo regional la aprueba, será la segunda ampliación del periodo en apenas un lustro, mientras que en la mayoría de comunidades estos convenios se limitan a seis años. El plan genera debate entre los miembros del Consejo Escolar madrileño como las familias, los sindicatos y los titulares de los centros educativos. La organización patronal Escuelas Católicas de Madrid muestra satisfacción, mientras que Comisiones Obreras adelanta que se posicionará en contra. En 2021 el Gobierno de Ayuso ya elevó de seis a 10 años la duración de los conciertos, alegando “garantizar la libertad de elección de los alumnos madrileños”.

La medida se aplicó en respuesta a la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). “El Ejecutivo autonómico ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada”, defendía tras mostrar su disconformidad con el Gobierno estatal al considerar que abogaba “por reducir el papel de la concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada”.

Ahora, a este alegato se suma otro. La Comunidad de Madrid sostiene que la ampliación a 14 años se hace para acompañar todo el proceso de bajada de ratios hasta 2031, proporcionar estabilidad jurídica, planificar a largo plazo y unificar duraciones entre distintos tipos de enseñanzas financiadas con fondos públicos. Defiende la ordenación del sistema mientras se completa una transformación estructural.

“Se ampliará en cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos para beneficiar a las familias de 350.000 alumnos que estudian en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos”, presumen desde el Ejecutivo de Ayuso tras indicar que la modificación del decreto también permitirá ajustar a esa misma duración los convenios para el sostenimiento con financiación pública de centros privados que imparten el primer ciclo de Infantil y Formación Profesional.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, María Carmen Morillas, opina que “la justificación que plantea la Comunidad de Madrid no se sostiene”. Insiste en que la bajada de ratios “exige precisamente una mayor capacidad de adaptación de la Administración educativa, no una reducción de la misma mediante el alargamiento de los conciertos”. Considera que vincular la disminución de alumnos por aula con la ampliación de los convenios carece de lógica desde el punto de vista de la planificación educativa. “Si el sistema va a estar en proceso de ajuste hasta 2030/2031, lo razonable sería mantener mecanismos de revisión periódica, no consolidar decisiones a más largo plazo”, defiende Morillas.

Piensa que esta medida limita la capacidad de la Administración para responder a cambios en la demanda, a la evolución demográfica o a necesidades de reequilibrio entre la red pública y la concertada. “En la práctica, supone fijar una estructura educativa durante más tiempo del recomendable en un contexto de incertidumbre. Además, existe el riesgo de que se consoliden unidades concertadas, aunque la demanda disminuya, lo que puede afectar negativamente al desarrollo y fortalecimiento de la red pública, que es la que debe garantizar el acceso universal en condiciones de equidad”, explica. A su juicio, se trata de una decisión de carácter político.

Se abre una grieta entre los distintos representantes del Consejo Escolar. Mientras el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, Emilio Díaz, sostiene que el cambio es un gesto simbólico y no estructural, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Aida San Millán, insiste en que es un “blindaje financiero en un momento en que se están cerrando aulas en la escuela pública”.

Díaz defiende que la ampliación del concierto educativo no garantiza una decisión firme en los centros privados sostenidos con fondos públicos. Su tesis es que la Administración puede intervenir en cualquier momento para ampliar o reducir aulas en función de las circunstancias. “Se puede hablar de cierta paz administrativa, pero no de blindaje”, rebate. Pero para San Millán, el efecto de la medida es diametralmente opuesto. Insiste en que en la educación concertada las aulas financiadas con fondos públicos suelen adjudicarse por ciclos. ”Durante ese periodo la dotación económica está asegurada, aunque la matrícula sea mínima”, dice ella.

Sin embargo, alega que en el sistema público los ajustes son mucho más inmediatos. “Si tienes menos del 50% de la ratio, te cierran el aula”. Asegura que esto ya se puede visualizar: “Más de 200 unidades públicas han sido cerradas antes del proceso de escolarización por previsiones de baja matrícula”. Sobre esto último, la Consejería de Educación alega que realiza una previsión en los centros educativos de la región, “que se ajustará a la demanda de plazas que se produzca durante el periodo de admisión. Así, en función de las peticiones se pueden incrementar los grupos previstos inicialmente”. Pero San Millán defiende que ya se condiciona a las familias a optar por la concertada ante el miedo de quedarse sin plaza en la pública.

Para su entidad, la consecuencia es clara: “Cierran aulas públicas y luego derivan a los niños al otro sistema con becas”. Y lo expresa sin rodeos: “Están blindando a la concertada. Con la caída de la natalidad quieren llevarse el poco alumnado que quede a la privada”. Isabel Galvín, profesora en la facultad de Educación de la Universidad Complutense, especializada en políticas públicas, señala que “según la Constitución española, la red que hay que blindar es la pública, la privada debe ser subsidiaria de esta”. Explica que los conciertos se empezaron a poner en marcha cuando faltaban plazas, pero, a su juicio, “se ha pervertido totalmente el sistema y se le ha dado la vuelta”.

Galvín también piensa que se manipula la oferta desde la Administración para condicionar la demanda porque “no se puede elegir lo que no existe”. Tacha esta política regional de "dumping educativo" y advierte: “Esto no es mercado, es un derecho fundamental que condiciona las oportunidades y la vida de las personas“.

Asegura que con el concierto vigente las dotaciones económicas han aumentado de forma notoria para la educación concertada. Hace referencia al Programa 323M, dedicado a conciertos, becas y ayudas al estudio . “Es el que goza de mayor partida presupuestaria con 1.658,5 millones de euros en 2026, un aumento del 2,5% respecto al año anterior”. La mayor parte de sus fondos, en torno al 70% u 80%, se destina a los conciertos educativos, mientras que entre un 20% y un 30% se asigna a becas y ayudas al estudio. Galvín se pregunta cómo es posible que ante la bajada de la natalidad, se apueste por estas políticas: “Se hipoteca a la sociedad madrileña. Es un despilfarro, un auténtico chollo para la concertada”.