La descendencia de las mujeres asesinadas, los otros afectados por la violencia feminicida que estipula la actual ley general.

Más allá de las estadísticas sobre las mujeres que han perdido la vida se ocultan relatos de existencias que igualmente resultaron interrumpidas. Aparte de la ejecución de un crimen que evidencia la seriedad de la violencia de género en la nación, los descendientes también se convierten en víctimas de los feminicidios, pues sus realidades, si bien no se extinguieron, terminan devastadas. Los vástagos de las mujeres ultimadas regresaron esta semana al foco de la discusión, como parte del compromiso no resuelto que posee el Estado en la lucha contra este ilícito, junto con el anuncio de una ley general de feminicidios. Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, afirmó en el transcurso del evento que se establecerá un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio con el fin de brindar cuidado y resguardo a dichos menores.

Según lo manifestado este martes en la sesión informativa matinal, la iniciativa contempla las garantías del “círculo cercano” de los afectados directos por el ilícito para abordar el fenómeno de los feminicidios: “[Es] No sólo para quienes lamentablemente fueron arrebatas de la vida, sino también para sus familiares, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”.

La nueva ley, según lo anunciado, parte de la reparación integral del daño a las víctimas que la legislación mexicana ya contemplaba, pero con una adición. “Desde el inicio, cuando se determina que hay feminicidio, [establecemos] que se ordene la investigación de todos los bienes, el patrimonio que tenga el presunto agresor, [y] que se asegure para [que], cuando el juez determine la reparación, se tengan elementos para poder realmente hacer efectiva la reparación del daño”, ha explicado Ernestina Godoy, fiscal general de la República.

La abogada penalista y criminóloga Blanca Olvera celebra los apoyos anunciados y la decisión de crear un registro de los niños y niñas que quedan en orfandad tras el feminicidio de sus madres. “El que se voltee a ver a los huérfanos es un gran logro. El que se registre eso ya es visibilizarlo porque, si no lo registras, no lo ves, y si no lo ves, no tienes nada que solucionar, que atender”, manifiesta. La doctora Olvera se remite a una investigación que realizó el año pasado para entender la gravedad del problema. “Aproximadamente, hay más de un millón de huérfanos y el Estado no tiene capacidad para atenderlos a todos. Yo en ese momento detecté que nada más había 5.000 adopciones al año. Entonces dices, ‘bueno, ¿y qué pasa con los demás?“, razona.

No obstante, también advierte que el trámite completo para materializar la legislación general podría demorarse: “Falta que se asignen los recursos, que se propongan y que se aplique. Todo esto conlleva un tiempo que no sabemos de cuánto será”. Cita como referencia la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, divulgada en 2007 a raíz de los acuerdos internacionales del Estado mexicano y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Campo Algodonero. “Pasó hasta 2011, cuatro años después, para que se empezaran a tipificar en los códigos de cada Estado el delito de feminicidio. Empezaron en 2011 con la Ciudad de México y terminó hasta 2020 [con Chihuahua]. Se tardaron nueve años”, rememora.

La ley general presentada esta semana comprende la creación de una comisión especial para acompañar su puesta en marcha y la implementación de una campaña permanente para combatir la violencia feminicida. La creación del registro de huérfanos por feminicidio contará con la coordinación entre la Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. También se ha planteado una estrategia de política pública para la atención y restitución “integral” de los derechos de este grupo, lo que va más allá de una reparación económica, con atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica especializada, seguridad social, entre otras medidas.

Para la doctora Sonia Frías, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los hijos de las mujeres asesinadas quedan en una situación de desamparo, pero está todavía en duda si la ley realmente va a abordar la problemática. “El gran desafío es que, lo que se proponga en el papel, acabe traduciéndose verdaderamente en hechos y no se quede en una retórica populista que, acaba sonando muy bien, pero que en realidad no está solucionando un verdadero problema”.

Respecto al comunicado, la especialista cuestiona si se trata simplemente de un “efecto cosmético”, ya que la normativa mexicana ya contempla el resarcimiento de perjuicios y esquemas de indagación con enfoque de género. “Nuestro sistema legal y las obligaciones que el Estado Mexicano ha asumido, también a escala internacional, ya exigen todo esto. El inconveniente no es la carencia de leyes [...], el problema, bajo mi perspectiva, es que el Estado nos está fallando. Nos falla como mujeres porque formalmente nos está garantizando el derecho a vivir una vida libre de violencia, cuando materialmente no es así“, asegura.