La Eurocámara estudiará la propuesta del cantón.

Los residentes de Montecarmelo se han desplazado hasta Bruselas con el fin de protestar contra la base de limpieza de 10.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento planea construir en ese barrio, situada a escasa distancia de casas y centros educativos. En este momento, un grupo de progenitores de los más de 4.000 alumnos que previsiblemente padecerán los efectos del flujo ininterrumpido de vehículos pesados, las emanaciones desagradables, la contaminación acústica y los desperdicios, han pedido a los parlamentarios del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que inicien una indagación sobre la administración de José Luis Martínez Almeida para asegurar el resguardo de los menores y del entorno natural. La solicitud ha recibido la aprobación de los eurodiputados, quienes a partir de ahora tendrán que promover un análisis exhaustivo sobre el plan del ayuntamiento.

Las familias, pertenecientes a la Plataforma No Al Cantón, han llevado este miércoles a Bruselas una carpeta llena de documentos que justifican sus reclamos: el proyecto del Ayuntamiento para el cantón, que declara explícitamente que las instalaciones son de carácter industrial; la sentencia del juez que declaró la nulidad de dicho proyecto por considerarlo, precisamente, una instalación industrial; la demanda de los vecinos que ha sido aceptada por un tribunal en la que acusan al consistorio de aplicar una política de “tierra quemada” en esa parcela; o la nota interna del consistorio firmada en 2018 donde se reconoce que este tipo de instalaciones no deben estar cerca de zonas residenciales “para evitar posibles molestias a la ciudadanía”. También fotos de los niños jugando en ese terreno y el antes y el después del bosque cercano.

Raúl Baena, padre de un estudiante del Colegio Alemán, que se encuentra a tan solo 60 metros de donde estará la base del Selur y que cuenta con unos 2.000 alumnos, ha llamado a la reflexión a los eurodiputados: “Esto no se trata de un problema de un barrio, sino algo que atañe a la propia Unión Europea en su labor de protección a los más vulnerables”. En la pantalla se ha podido ver un plano del cantón y su cercanía a los centros educativos, incluyendo la guardería Sol Solito, a 100 metros. “Imagínense la sorpresa de los padres y vecinos cuando, el mismo día en el que se conoce la sentencia [de nulidad del cantón], el ayuntamiento irrumpe con maquinarias y arrasa el bosque aledaño con 2.000 árboles”, ha explicado el padre. En la pantalla se veía una imagen de los ejemplares que alguna vez tuvo la parcela de Montecarmelo. “Eso ya no existe”, ha dicho.

Los padres se han propuesto demostrar ante el europarlamento que el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, que han licitado a la empresa Urbaser, “es una central industrial” y que “incumple el deber de velar por el bien supremo del menor establecido en el derecho internacional y, en particular, el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”. Además, esgrimen que el proyecto incumple la normativa medioambiental de la propia Unión Europea sobre la calidad del aire y sobre el ruido, que ni siquiera se ha elaborado un estudio de impacto medioambiental como ha pedido la Justicia y que el consistorio “ha tratado de suplir fuera de plazo con un informe que solo abarca un taller que incluye la macroinstalación con compactadoras de residuos, entre otros aspectos”.

La solicitud obtuvo el respaldo de gran parte de los parlamentarios europeos allí reunidos, salvo los integrantes del Partido Popular Europeo. En consecuencia, el Parlamento tendrá que iniciar una indagación para evaluar las consecuencias perjudiciales de la zona. “Nos han dicho que es de sentido común. Nos da esperanzas”, afirma Baena a este periódico mediante una comunicación telefónica desde Bruselas. “Queremos recordar que no estamos en contra del proyecto, sino de la ubicación del cantón”, agrega el progenitor.

El alcalde José Luis Martínez Almeida ha dicho que respeta “total y absolutamente” a los vecinos que han decidido escalar sus quejas hasta esta cámara. “Nos parece perfectamente admisible y no tenemos nada más que añadir, más allá de que va a haber vestuarios, un lugar que va a dignificar las condiciones de los trabajadores”, ha insistido el regidor en una rueda de prensa la mañana de este miércoles. Su Administración ha intentando acallar a los vecinos con esa misma idea, la de que esa instalación “ni va a ser una planta de tratamiento de residuos, ni va a ser un trasiego de camiones de la basura, ni va a ser un trasiego de vehículos constante”, como ha repetido en esta ocasión.

La Plataforma No Al Cantón calcula que son 4.200 los menores de entre cero y 18 años que se verán afectados, y otros 2.000 que de alguna manera también sufrirán las consecuencias al pasar a diario, de camino al colegio o a sus casas, junto a “un centenar de vehículos de alto tonelaje”. Las asociaciones de padres y madres de varios centros educativos de la zona pidieron a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que interviniera en favor de los estudiantes, pero no recibieron respuesta.

Hasta el momento, nada ni nadie ha impedido que la Administración municipal siga adelante con su plan, que ya se va materializando con la reciente movilización de maquinaria pesada y el inicio de las obras en el terreno. La semana pasada, los vecinos comenzaron a ver una actividad sospechosa en la parcela, pero no tardaron en comprobar que el ayuntamiento estaba aprovechándose de que la sentencia del juez que declaró la nulidad del proyecto aún no es firme porque está pendiente de resolución un recurso que ha interpuesto y ha decidido avanzar en sus obras. Esa es la actuación que denuncian como táctica de “tierra quemada”.

La siguiente acción de los habitantes de Montecarmelo consistirá en una protesta en el solar, programada para el domingo 1 de marzo, dado que “el Gobierno de José Luis Martínez- Almeida vuelve a torear a la Justicia”. “Ha comenzado a poner los cimientos de la central industrial sin esperar a que se resuelva el recurso del Consistorio y tampoco respeta el plazo de consulta pública reabierto la semana pasada por el proyecto calco que Borja Carabante firmó en paralelo al recurso”, alegan.