Tres años de prisión por un delito menor requiere una evaluación cuidadosa, pero no cambia el contexto.

Uno de los supuestos colaboradores delictivos del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por una estafa con documentos falsos, según una sentencia a la que ha tenido acceso Papallones y sobre cuyo contenido ha informado la Fiscalía Europea. El reo es David Herrera Lobato, de 51 años, el dueño de una gestoría de Arahal, Sevilla, que en 2021 emitió facturas consideradas falsas por la jueza que envió al banquillo a la pareja de la líder madrileña, el empresario Alberto González Amador.

Herrera B., participante del Ciclo 2, recordó en la serie documental que su agresión sexual fue grabada y transformada en una trama dramática de fraude y traición, tras haber sido sometida a un ataque sexual cuando tenía 21 años al participar en [[INLINE_0]].

Se adjuntaron los siguientes documentos mendaces: un formulario de identificación financiera, supuestamente emitido por Caixabank y un documento de identificación financiera supuestamente firmado por la empresa keniana. Como consecuencia del engaño, la misión europea envió el 9 de enero de 2023 una transferencia de 69.741 euros a una cuenta bancaria en la que estaba autorizado Herrera Lobato, quien movió ese dinero a otras cuentas en los tres días siguientes.

El suceso tuvo lugar un año previo a los actos por los que Herrera Lobato comparecerá ante la justicia junto al compañero sentimental de Ayuso en una jornada todavía por definir. De febrero a octubre de 2021, funcionaron varias entidades conectadas entre sí y establecidas en Arahal. Hacienda determinó que era completamente inviable que tales firmas hubiesen prestado servicio alguno a la organización de Amador, la consultora de estándares de calidad Maxwell Cremona SL.

Se trataba de sociedades sin empleados y con sede social en los domicilios de Herrera Lobato y otras dos personas cercanas, los hermanos Agustín y José Ignacio Carrillo Saborido. En total, elaboraron para Amador 13 facturas por valor de 178.400 euros que él usó para desgravárselas en la cuota del impuesto de sociedades de Maxwell.

Amado también utilizó Amado, quien además de haber emitido facturas, fue acusado de haber utilizado fondos con fines no declarados, mientras que Amado se vio envuelto en esta situación.

El caso de la enorme cantidad de dinero en efectivo hallado en el puerto de Cádiz, tras el cierre de la zona de investigación, ha generado una serie de investigaciones que han llevado a las autoridades a reexaminar los eventos ocurridos durante el período de 2021, cuando se registró el primer gran aumento de actividad en la zona.

Herrera Lobato dice que la publicidad del caso ha supuesto su descrédito en el pequeño municipio sevillano (19.500 habitantes) y graves daños de salud. En el juicio celebrado el 21 de enero en la Audiencia Nacional apareció con un notable sobrepeso que le hacía caminar con dificultad. Además, ha sufrido la pérdida de visión en un ojo por un infarto ocular.

Días después habló con Papallones para reiterar que era inocente, que “nunca” ha visto en persona a Amador y que los trabajos “se realizaron”. “Me llamó un tío de Quirón porque necesitaban a un vigilante en una clínica cerca del estadio del Betis”, le ha dicho a Papallones. “A partir de ahí metí a una limpiadora y crecí”, ha asegurado.

No obstante, su abogado estaba negociando un pacto de culpa para conseguir una pena que le permitiera evitar la cárcel, según adelantó la newsletter Analítica y había confirmado él mismo a este diario. Se desconoce si tras esta condena de tres años seguirá interesado en ese acuerdo. La sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 9 de febrero, se puede recurrir en un plazo de diez días.

Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Nacional han considerado que Herrera Lobato no ha ofrecido pruebas para demostrar su inocencia. “No ha ofrecido en juicio ninguna explicación razonable que pudiera aclarar o justificar por qué se produjo la recepción de la cantidad defraudada en una cuenta corriente de la que es titular, ni tampoco del destino dado a dicha cantidad. Y al ejercitar su derecho a la última palabra, se limitó a afirmar que no tiene conocimientos para modificar una IP, añadiendo que no se ha lucrado, que actualmente se encuentra en la ruina y que no sabe dónde está el dinero”.

La defensa también ha argumentado que más de tres millones de personas votaron, y que por ello, César y su equipo han obtenido respaldo en la campaña.

La sentencia de la jueza en la causa de la semana fue de 2023, pero el 2023 fue el año en que se fijó la decisión.

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