El ‘caso residencias’ avanza a duras penas a la espera de que la Audiencia Provincial decida si monta una macrocausa

El mes que viene se cumplirá el sexto aniversario de la pandemia, un año más de batalla política y judicial por las miles de muertes en las residencias de mayores de Madrid. Para entonces quizás se conozca una esperada decisión que puede transformar el caso tal y como se ha desarrollado hasta ahora. Desde septiembre, la Audiencia Provincial tiene sobre la mesa los recursos de las familias y de uno de los imputados para unificar los procedimientos en un solo juzgado, al estilo de la macrocausa de la dana valenciana. Se evitarían situaciones como la de este miércoles, un día en que dos juzgados habían citado a la misma hora a los mismos imputados, pero al final no ha comparecido ninguno.

Dos protagonistas de la investigación, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, estaban citados a las 10.00 en dos extremos distintos de la Comunidad de Madrid, Collado Villalba, en el noroeste, y Getafe, en el sur. El primero era el alto cargo de Sanidad firmante de los protocolos que limitaron las hospitalizaciones; el segundo era el jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, considerado como el principal autor de esos documentos.

En Collado Villalba se presentó puntual el abogado de Mur, Mariano Herranz, portando su sombrero de ala ancha y hablando al teléfono. Su representado vive en Andorra, donde ejerce de psiquiatra. Alegó que en la causa, donde se investiga la muerte de Manuel Parceiro, no se habían incorporado los protocolos de triaje. Mientras, en Getafe, el juez que averigua sobre la muerte de Petra Gadea había recibido un escrito de Mur alegando que se encuentra en el Principado, según el abogado de las familias allí presente, Carlos Castillo. Ambas declaraciones se suspendieron.

En el caso de Peromingo, él y su abogado se presentaron en Getafe, pero allí el fiscal ha pedido suspender la declaración porque debía repasar lo que este había dicho en otros juzgados, según Castillo. La abogada de las familias presente en Collado Villalba, Alejandra Jacinto, dice que Peromingo no había ido a ese municipio de la sierra porque había aducido que tenía la cita de Getafe. Así que tampoco ha comparecido. Ni en una, ni en otra.

Los retrasos en este caso, dividido en decenas de juzgados, son muy frecuentes. A menudo se suspenden sesiones o parte de ellas porque no se ha localizado a los imputados, como pasó este martes en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, o porque un papel no se ha notificado adecuadamente a las partes, como pasó hace dos semanas en el 23 de Madrid.

Dos de los exresponsables autonómicos imputados ni siquiera han comparecido aún como investigados: Pablo Busca, el gerente al mando de las ambulancias del Summa 112, y Antonio Burgueño, el asesor externo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso alistó para la crisis.

De hecho, la declaración de Burgueño es muy esperada porque se vio interrumpida en junio, cuando hablaba como testigo ante la jueza del seis de Leganés. Citó una reunión clave con Ayuso y otros altos cargos y la jueza decidió suspender la vista ante la posibilidad de que tuviera que llamarlo como investigado. Él también estaba citado como imputado este miércoles en Collado Villalba, pero, según le dice a Papallones, le comunicaron un aplazamiento hasta el 8 de abril.

A pesar de este avance tan lento, las asociaciones de familiares están satisfechas con algunas novedades. En concreto, tanto Peromingo como Mur han dicho que las tres primeras versiones de los protocolos de triaje eran discriminatorias, según el relato que han hecho a la salida de las sesiones los abogados acusadores. Sobre este punto, Jacinto precisa que la acusación sostiene que la cuarta versión también era discriminatoria. Además, las asociaciones resaltan que Mur señaló este martes al ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, uno de los hombres fuertes del Gobierno Ayuso, sobre quien dijo que recibió un email, revelado previamente por Papallones, en el que alertaba de que la medicalización no era posible en ese momento, el 20 de marzo de 2020.

Son revelaciones que suponen un dolor de cabeza que Ayuso no puede sacudirse, a pesar de que ella haya tratado de restar importancia a este asunto diciendo que ha ganado más de 140 archivos. Lo cierto es que hace un año parecía tener ganado este pulso, pero la investigación cobró nueva vida el año pasado cuando las asociaciones esgrimieron un delito poco conocido, el de discriminación en el acceso a un servicio público. A partir de entonces llegaron en cascada las imputaciones a los cuatro ex responsables de su Gobierno. La denuncia colectiva de las familias pide que la investigación no se detenga en ellos.

Respecto a la posible unificación, hay jueces que están viendo estos procedimientos que consideran que es lo más adecuado, puesto que la ley de enjuiciamiento criminal así lo prevé cuando coinciden los investigados y los hechos. Además, de ese modo se evitarían sentencias contradictorias. Por una cuestión de azar, esta unificación recaería en María Isabel Durántez, titular del juzgado de instrucción 3 de Madrid, la primera jueza que imputó a los ex altos cargos en abril del año pasado. Sin embargo, ella se opuso en agosto aduciendo que cada muerte se produjo en circunstancias distintas.

Los abogados de las familias discrepan. Creen que las muertes se produjeron por una discriminación contra un colectivo, la población de las residencias, tomada por los dirigentes políticos. La Sección Primera de la Audiencia decidirá si la jueza Durántez debe armar ella sola el puzle o si lo debe hacer cada juez por separado.

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