El alto funcionario que firmó los protocolos de las residencias señala a Escudero, exconsejero de Sanidad de Ayuso, ante la jueza

Carlos Mur, ex alto cargo madrileño imputado por las muertes sin atención hospitalaria en las residencias de mayores durante la pandemia, se ha justificado este martes ante una jueza, mencionando reiteradamente lo que sabía y decía el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Afirmó que este era consciente de que la medicalización no resultaba efectiva y que los protocolos, redactados por él mismo, eran la concreción de la propuesta de medicalizar esos centros, plasmada en un plan de Escudero.

Mur, quien era el director general de esa Consejería encargado de vigilar la asistencia sanitaria en las residencias, respondió a la jueza que envió un correo el 20 de marzo de 2020, con Escudero y otros altos funcionarios madrileños en copia, advirtiendo que el plan de atender a los enfermos en las residencias “no era factible” estaba en vigor en ese momento, según ha confirmado él mismo a Papallones al finalizar una audiencia cerrada al público.

Como contó este diario, Mur señaló en ese correo que los refuerzos médicos no llegaban a esos centros. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió. El mensaje estaba dirigido a un alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y también copiado al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y a la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

La declaración de Mur este martes es la indicación más explícita hasta ahora de una posible responsabilidad de Escudero, quien no ha sido imputado y renunció a su cargo en junio de 2023. Hoy es senador y, por ello, goza de inmunidad ante el Tribunal Supremo. Las asociaciones de las familias de los fallecidos consideran que Mur posee datos suficientes para impulsar a un juez a pedir la investigación de Escudero, de su brazo derecho, la viceconsejera Ana Dávila, o incluso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Mur, que actúa como psiquiatra en Andorra, declaró por videoconferencia durante una hora y diez minutos en una sesión cerrada al público. Hoy, en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, era la segunda vez que comparecía como imputado. La semana pasada reconoció ante otra jueza de Madrid que no se medicalizó la residencia donde murió un hombre mayor. Según las asociaciones de familias, Mur está siendo investigado por ocho jueces distintos, una dispersión que se explica porque las muertes denunciadas se han distribuido entre múltiples órganos judiciales de la región. El procedimiento de este martes se centró en la muerte de Pepita Vázquez en la residencia pública de Manoteras, el 14 de marzo de 2020.

El investigado se encuentra en el centro del caso residencias porque firmó los conocidos protocolos de triaje que redujeron drásticamente las hospitalizaciones provenientes de las residencias. Sobre ellos afirmó hoy que el plan de acción que Escudero presentó públicamente el 12 de marzo incluía la propuesta de medicalizar las residencias. La abogada de las familias, Alejandra Jacinto, anunció que solicitarán ese plan, que la Comunidad tildó de “histórico” pero no entregó a los medios.

La abogada Jacinto ha expresado su satisfacción al hablar con los periodistas que aguardaban en la calle. “Hoy por primera vez yo he visto a Carlos Mur comprometido”, ha evaluado y señalado que la jueza Purificación Elisa Romero había llevado a cabo un exhaustivo cuestionamiento. Entre otros puntos, la magistrada le preguntó por qué los adultos mayores no fueron enviados al hospital de campaña de Ifema ni a los centros privados, según Jacinto. Al respecto, la abogada añadió que Mur respondió que no contaba con información suficiente.

Mur ha reiterado que él no redactó los protocolos y ha señalado que fueron elaborados por geriatras de hospitales públicos que trabajaron con él. Ha nombrado como autores al doctor Francisco Javier Martínez Peromingo, del Hospital Rey Juan Carlos y también imputado en varios juzgados, así como a otra médica del Gregorio Marañón, Maite Vidán, cuyo nombre ya mencionó en 2021 durante su comparecencia en la Asamblea. La acusación pretende solicitar su citación como testigo.

“Su señoría le ha preguntado en reiteradísimas ocasiones que cómo es posible que él firme una cosa que dice no haber redactado”, ha dicho Jacinto, “porque él ha vuelto a insistir en que él no redactó los protocolos y que es más, que mostró su disconformidad con los criterios que podían dar lugar a error, a interpretaciones de discriminación, tal y como habían alertado, por ejemplo, el consejero Reyero”.

El juzgado no ha logrado encontrar a otros dos ex altos funcionarios que debían comparecer este martes: el propio Peromingo; y el ex gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca.

El juzgado de instrucción 37 es uno de varios que aguardan una resolución de la Audiencia Provincial que podría cambiar el curso del caso. Ese tribunal debe determinar si integra los procedimientos en un único juzgado, como solicitaron en un recurso de septiembre las familias y Peromingo. El seleccionado sería el juzgado 3 de Madrid, el primero en imputar a estos exresponsables.

En el caso del 37, se investiga una denuncia presentada por Concha Quirós, la hija de Pepita Vázquez. Asimismo, se había citado a declarar como investigada a la geriatra del Hospital Ramón y Cajal encargada de aplicar los protocolos en Manoteras y otras residencias de su área de influencia, pero aún no ha sido localizada.

Quirós esperó en la calle desde muy temprano, acompañada por decenas de manifestantes de las asociaciones que nunca faltan a estas reuniones. Llevaba un cartel con una imagen de su madre: la foto tomada durante su última merienda juntas, el 8 de marzo.

Indignada, no podía creer que los juzgados hubieran investigado con tanto empeño a los ausentes. “Pero si son capaces de localizar a un pobre que roba unas gafas”. De fondo resonaba un eslogan contra Ayuso: “Que somos afectados, que no somos frustrados”.

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