Un juez que archivó la causa de Camps, entre los que decidirán si se investiga a Mazón por la dana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado el primer paso para la posible investigación del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa que indaga la dana que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

El alto tribunal ha designado a los magistrados que decidirán si se imputa al popular por su responsabilidad en la tragedia. Se trata del presidente de la sala y del TSJCV, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), y José Francisco Ceres, según ha informado este órgano judicial.

Ceres fue uno de los jueces que archivó en 2009 la denominada causa de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que investigaba si este dirigente popular recibió regalos de la empresa Orange Market, franquicia valenciana de la red Gürtel, a cambio de regar con millonarios contratos a la trama corrupta. El Supremo ordenó meses después al TSJCV reabrir la investigación y Camps fue juzgado por un jurado popular, que le declaró en 2012 “no culpable” de cohecho impropio (soborno) junto al que fuera secretario general del PP de Valencia.

La ponente del tribunal que deberá decidir la imputación de Mazón, Pía Calderón, que es catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de València, firmó un auto el pasado febrero que cerraba la puerta a investigar al entonces president al inadmitir varias querellas y denuncias.

La designación de los jueces que decidirán el futuro del exjefe del Consell llega una semana después de que la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, dictara una exposición razonada, que es como se denomina a la acumulación de presuntos delitos para justificar la imputación del popular. Al ser aforado (el político mantuvo su acta de diputado autonómico tras dimitir como presidente), Mazón sólo puede ser imputado por el alto tribunal y no por la instructora de Catarroja. Una jueza que, hasta el momento, solo mantiene bajo el radar de las pesquisas a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso. La causa indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

La resolución del TSJCV da dos días de plazo a las partes —Fiscalía, acusaciones particulares y populares y defensas— para presentar posibles alegaciones, tal y recoge el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El movimiento de la jueza de Catarroja para justificar la imputación de Mazón, que fue adelantado por Papallones, atribuía al expresident una cadena de “groseras negligencias” en las horas en las que se inundaba la provincia de Valencia. La magistrada recordaba en su exposición razonada la comida de casi cuatro horas que el entonces jefe del Consell mantuvo en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana cuando ocurría el episodio más crítico de la jornada, el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la desgracia al inundar municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. La instructora sostenía en su razonamiento que Mazón conoció más de una hora antes de iniciar el almuerzo la gravedad de la dana y, pese a esta información, no canceló la cita con la informadora. También mantuvo una actitud pasiva con sus altos cargos, a los que que respondió por WhatsApp con expresiones como “cojonudo” tras ser reportado del peligro.

Ruiz Tobarra, además, vinculaba a Mazón con el retraso en la convocatoria del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la emergencia. Y la tardanza en el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles para reportar a la población de la dimensión de la gota fría. Una notificación que, según la magistrada, si se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. “Hubo una actividad negligente de quien fuera presidente de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de diputado en las Cortes Valencianas”, señalaba la jueza. “Hubo una falta de coordinación en la administración autonómica presidida por Mazón”, añadía la exposición razonada.