El alcalde de Benidorm se abre ahora a “dialogar” con los propietarios de Serra Gelada sobre la condena de 350 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso clave para afrontar la condena de más de 350 millones de euros por los terrenos del APR-7 de Serra Gelada, una sentencia sin precedentes en el urbanismo de nuestro país y que supera en más del doble un presupuesto municipal de la capital turística. El alcalde, Toni Pérez (PP), propone por primera vez negociar la forma de afrontar el pago con los propietarios del suelo y vencedores de esta larga guerra judicial, la familia Murcia Puchades, que ahora ha decidido guardar silencio.

El pleno votará este viernes abrir un plazo de audiencia con las partes implicadas para que se pronuncien sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de colaboración y definir sus términos. Pérez ha subrayado que con la firmeza de la sentencia y la culminación de los trámites administrativos es el “momento procedimental oportuno” para abrir la vía del diálogo que durante los últimos años sí insistió en proponer el equipo legal de los Murcia Puchades.

El alcalde ha dejado claro que esa audiencia solo contará con la participación de técnicos municipales, sin presencia de responsables políticos, y ha apuntado también que formará parte de la respuesta que darán al juez, que ha puesto el 10 de marzo como fecha límite para que la administración local explique cómo se van a pagar los 283 millones más intereses que siguen subiendo día a día.

Hacienda prestará 55 millones

El primer edil ha anunciado además que en esa misma sesión plenaria se debatirá la adhesión al Fondo de Impulso Económico y la apertura de una vía de diálogo con los propietarios con derechos reconocidos en este sector. La medida ha llegado después de que el Ministerio de Hacienda haya resuelto favorablemente la solicitud municipal para acceder a financiación estatal.

La operación ha contemplado la formalización de un préstamo de 55 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales. El crédito se ha planteado a 12 años, con un interés aproximado del 3,5% y con inicio de amortización en 2027. Según ha defendido el alcalde, la adhesión ha sido posible porque las cuentas municipales han estado saneadas y la devolución no implica necesariamente una subida de impuestos.

Los últimos informes de la Intervención municipal, que en momentos anteriores del caso advirtieron del riesgo de “quiebra técnica” han respaldado ahora esta tesis. En su último análisis, el departamento económico ha concluido que el consistorio puede asumir el reintegro de la cantidad sin comprometer los servicios públicos actuales.

Mientras todo esto ocurre, la batalla política local sigue más encendida que nunca con el alcalde acusando a la oposición socialista de “deslealtad absoluta” y la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, pidiendo a su vez la dimisión del primer edil porque “no ha hecho nada hasta que se ha visto con el agua al cuello”.