Un alto cargo de la Generalitat contradice la versión de Pradas y sostiene ante la jueza de la dana que el Consell conocía el ‘Es-Alert’

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas aseguró tras la dana de 2024 —que dejó 230 muertos en Valencia— que se enteró de la existencia del Es-Alert el mismo día de la catástrofe. Fue a las 19.00. Según la investigación, la situación era entonces extrema y decenas de desaparecidos habían muerto por el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis del temporal al inundar poblaciones como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. Ahora, un alto cargo del Consell ha presentado una versión diferente a la de Pradas, principal investigada en la causa que indaga la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra. Ricardo García, que entonces era subsecretario de la Consejería de Justicia e Interior, ha asegurado que la administración valenciana conocía las posibilidades del Es-Alert. “Era una herramienta de primer nivel”, ha afirmado, según indican a Papallones fuentes presentes en su comparecencia como testigo.

El Es-Alert no es una derivada más de las pesquisas. El mensaje se ha convertido en la piedra angular de la investigación. En decenas de autos, la magistrada ha defendido que, si el aviso a los teléfonos se hubiera enviado antes, decenas de vidas se podrían haber salvado. Decenas de testigos han relatado ante la jueza cómo las vacilaciones, la imprevisión y la falta de experiencia de los gestores de la tragedia —Pradas era el mando único en la emergencia— lastraron el uso de esta tecnología. Hasta las 19.00, cuando la situación era extrema, no se puso sobre la mesa el envío de la alerta en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo de Emergencias), donde se gestionó la crisis.

Este jueves, también ha declarado en el juzgado como testigo Juan Ramón Cueva Camps, jefe de la Unidad de Análisis de Riesgo del Centro de Emergencias de L’Eliana (Valencia). En su intervención, ha manifestado que, a las 14.30, la situación en Utiel era “extremadamente grave por las lluvias torrenciales de la mañana” y que la preocupación comenzaba a centrarse en el barranco del Poyo. El peligro evolucionó después —según el testigo— a la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas. Y, a partir de las 17.30, el río Magro comenzó a desbordarse por Algemesí. “Me recordaba a las inundaciones del 2000. El pico, entonces, fueron dos días”, ha indicado.

Cueva Camps, que ha comparecido por segunda vez como testigo ante la magistrada, ha relatado que, a partir de las 17.30 del día de la dana, cuando la presa de Forata pasó a escenario dos por riesgo de rotura, el subsecretario de Emergencias planeó la posibilidad de enviar un Es-Alert. El testigo ha recordado cómo fue la gestación de esta notificación, concebida inicialmente por el riesgo de Forata. Y cómo, tras plantear el escenario de la rotura de esta presa, el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, señaló que ya no había riesgo en la infraestructura. “El siguiente paso es el Es-Alert de las 20.11. Nos faltaba texto y saber dónde mandarlo. Se plantea [su envío] a la provincia de Valencia, y no solo a las poblaciones afectadas por Forata”, ha recordado.

En su comparecencia ante la jueza, Cueva Camps ha sostenido que el texto [del Es-Alert] se lo dio la consejera Pradas en un papel un poco antes de las 19.50. Y que esta exdirigente le pidió que no se mandara la alerta hasta su autorización. Una aseveración que desmonta la estrategia de defensa de Pradas que, en su declaración como investigada ante la magistrada el pasado año, descargó su responsabilidad en los técnicos y se presentó en el juzgado como una participante más del Cecopi, pese a ser la máxima autoridad en la gestión de la emergencia.