La jueza de la dana cita a 39 nuevos testigos para investigar la vigilancia de los barrancos
La magistrada llama a profesionales de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat que supervisaron las ramblas y cauces en la inundación de 2024
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024 quiere escuchar como testigos a los profesionales que debieron vigilar los cauces y barrancos durante la mayor catástrofe natural del siglo. Aunque aún no ha fijado fecha para los interrogatorios, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ya ha citado a 39 de estos empleados públicos que trabajaron el día de la riada.
En un auto notificado este miércoles, la instructora llama a comparecer en el juzgado a 10 agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica; ocho bomberos forestales, que dependen de la Diputación de Valencia; y 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
La decisión llega después de que la jueza haya analizado distintos informes, como uno sobre la relación de bomberos que trabajaron el día de la jornada a petición del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, y que fueron desplegados en el río Magro y el barranco del Poyo, la rambla que desató las inundaciones en poblaciones como Paiporta o Catarroja, donde murieron 25 y 55 personas, respectivamente.
El control de los barrancos se situó en el epicentro de la polémica después de que el jefe provincial de bomberos, José Miguel Basset, dijera semanas después de la gota fría que sus profesionales se retiraron del barranco Poyo el día de la riada a las 15.00, una hora y media antes de que esta infraestructura se desbordara a la altura de poblaciones como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022). Y que lo hicieron porque “tenían ganas de comer”.
Por otra parte, la jueza de la dana ha rechazado reconocer como víctima mortal de la riada a un hombre de Paiporta con Alzheimer que falleció por una sepsis urinaria dos meses después de la riada. La magistrada entiende que no existe relación entre su deceso y la catástrofe natural del 29 de octubre de 2024.
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