La Fiscalía reconoce por primera vez las torturas en la comisaría de Via Laietana de Barcelona durante el franquismo

La Fiscalía de Barcelona ha decidido archivar la primera denuncia por torturas en el contexto de crímenes contra la humanidad cometidas en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona durante el Franquismo y los primeros años de la Transición. El ministerio fiscal investigó si la activista Blanca Serra, junto a su hermana, había sido víctima de ellas y, en un comunicado remitido este jueves, reconoce la existencia de esas torturas pero igualmente ha decidido cerrar el caso al no poder identificar a los autores materiales del delito. Así, ha presentado “denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional”.

Según el comunicado remitido por la Fiscalía, su informe realiza un relato de los hechos que recoge las explicaciones de Serra: que fue detenida junto a su hermana por agentes de la llamada Brigada Político Social, que el “único motivo” de esa detención era su actividad política de oposición a la dictadura y que, durante su estancia en la Comisaría, entonces la Jefatura de Policía, “le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión”. Las consecuencias de aquellos hechos fueron “secuelas de tipo traumático”, según los informes forenses practicados. El decreto del ministerio público considera, además, que aquellos maltratos se produjeron “en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”, y que Blanca Serra tiene la condición de “víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”. Los entrecomillados son de un comunicado de Fiscalía, que este jueves ha explicado las conclusiones de las investigaciones a la afectada en un encuentro que se ha prolongado durante dos horas. En una carta, esta señala: “Es necesario perseverar para conseguir justicia y reparación: que se investigue penalmente a los responsables y se repare a las víctimas, haciendo que en Barcelona Via Laietana 43 [dirección de la comisaría] deje de ser una comisaría y se convierta en un espacio de memoria sin presencia policial”. Ha agradecido el trabajo de la fiscalía, pero ha llamado a ahondar en los trabajos y conseguir, por una cuestión de responsabilidad social, “que se sepa que durante el franquismo y también en la Transición se torturaba sistemáticamente cualquier tipo de oposición al régimen”.

El organismo Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, con el apoyo de Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), fue la promotora de la denuncia. Tras conocer el resultado de la investigación de la Fiscalía ha lamentado que no se hayan recabado información judicial sobre los hechos y no se hayan practicado diligencias sobre quienes participaron en las torturas, pese a que entre el material que les ha facilitado la Fiscalía existen fichas con los nombres de policías que estuvieron presentes en los arrestos y que tomaron actas de las declaraciones. Abren la puerta a recorrer la decisión del juzgado una vez decida archivar el caso, de acuerdo con la petición fiscal. “Es absolutamente insuficiente” y “deseperanzador”, ha afirmado contundente la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, quien ha acusado ese déficit por “la falta de voluntad política” para evitar el archivo de las actuaciones. “No pedimos nada que no se haga en otros países”, ha señalado la coordinadora del área legal de Òmnium, Elena Jiménez, que ha insistido en que la comisaría, hoy todavía sede policial, se convierta cuanto antes en un espacio de memoria, y que los archivos dejen de estar bajo custodia de la Policía Nacional.

Blanca Serra considera que la investigación que se ha abierto no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad. A su entender, no permite identificar ni tomar declaración a los responsables de las torturas ni a sus jefes jerárquicos ni a los responsables políticos. Y tampoco “una reparación integral ni a depurar responsabilidades”: “Sin procedimiento penal, la impunidad de las torturas se mantiene intacta”.

Un año de investigación

El ministerio público inició en abril pasado las pesquisas por crímenes de lesa humanidad tras la demanda interpuesta por Serra, tanto en su nombre como en el de su hermana Eva, ya fallecida. Activistas de la izquierda independentista, fueron detenidas en cuatro ocasiones en 1977, 1980, 1981 y 1982 y sometidas a torturas en Barcelona y Madrid. El comunicado de hoy de la Fiscalía supone reconocer que las torturas se mantuvieron en plena Transición Democrática.

La apertura de la investigación, conjunta entre la Fiscalía de Barcelona y la Fiscalía General del Estado, se amparaba en el contenido de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. En el caso de Serra, consideraba la Fiscalía, había dos elementos que validaban su denuncia: violaciones graves de los derechos humanos y que estos se produjeran entre el 18 de julio de 1936, con la rebelión militar franquista que dio inició a la Guerra Civil, y el 29 de diciembre de 1978, jornada en la que se estrenó la Constitución vigente.