El plan del Govern para costear las sub

Alícia Romero, responsable de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, es probablemente la persona a quien menos debe preocuparle no tener todavía unos Presupuestos aprobados. Ya tiene sus cuentas elaboradas y presentadas, pero como responsable de las arcas catalanas una prórroga presupuestaria le permite llevar el gasto de la Administración catalana a rajatabla y cumplir con el compromiso de dejar el déficit público en el 0,1% del producto interior bruto (PIB), es decir, de cerrar el año con unas cuentas prácticamente equilibradas. Y ello se debe a que la prolongación de los últimos Presupuestos, de 2023, complica la adopción de nuevos programas de gasto e inversiones. Y eso ya no sería del agrado del resto de sus colegas de gabinete. En total, el Govern calcula que, si ERC no apoya su proyecto, se perderán 1.500 millones que podrían servir para reforzar los servicios públicos. Por ello, sorprende que el Ejecutivo de Salvador Illa garantice con tanta firmeza que puede mantener los acuerdos alcanzados con sindicatos sobre subidas salariales. Pero una cosa y la otra no son incompatibles.

La Generalitat ha alcanzado esta semana un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT para subir los sueldos a los docentes. El Govern ha insistido en que respetará el convenio, el cual supone un gasto de 2.000 millones de euros durante un cuatrienio, sin especificar el origen de los fondos ni la forma de canalizar dicha cifra en ausencia de Presupuestos. Este compromiso se añade a otro suscrito en el Consejo de la Policía que contempla un alza de sueldos de 4.000 euros brutos anuales, representando la subida más significativa desde 1989. Informantes del Departamento de Economía y Finanzas señalaron que ambos consensos quedan fuera de la propuesta que Romero presentó ante el Parlament el anterior 27 de febrero, aunque aseguraron que los Presupuestos poseen margen bastante para integrar tales dotaciones. Por el contrario, no precisaron la procedencia del capital en caso de que las cuentas se bloqueen. “Este es un acuerdo que el Govern cumplirá, que ha acordado con los sindicatos y que cumplirá, es la palabra del Govern, pero también repito la necesidad de que el país tenga Presupuestos”, sostuvo el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.

Diversos informantes señalan que la normativa presupuestaria simplifica el proceso. Inicialmente, posibilita que una administración establezca sus objetivos, especialmente si se encuentra funcionando con los presupuestos de 2023, periodo en el que ERC lideraba. Asimismo, el Govern arranca desde las partidas originales de dicho ejercicio. Considerando que el desembolso estatal programado para el presente ciclo alcanza los 49.162 millones de euros, esto implica la existencia de un desajuste de unos 9.000 millones de euros. Una fracción de estos se lograría salvarse mediante los incrementos y las extensiones de fondos que ERC propone al Govern y para los cuales garantiza su respaldo. No obstante, el gabinete de Illa afirma que existen otros 1.500 millones de euros imposibles de rescatar a través de ese mecanismo.

El interrogante radica, por tanto, en si la Generalitat tiene capacidad para satisfacer las promesas pactadas con las centrales sindicales. Diversos especialistas entrevistados por este periódico aseguran que es posible: las remuneraciones del personal público constituyen un desembolso habitual y constante del Govern. Contando con fondos estatales, resulta sencillo aumentar dicho apartado mediante excedentes, la transferencia de fondos entre conceptos o a través de ingresos excepcionales inesperados. En consecuencia, el Govern dispondría de dos alternativas: una modificación presupuestaria para llevar recursos de un fin a otro o un suplemento de crédito. En este punto es donde ha guardado cierta imprecisión hasta el momento para evitar mostrar su estrategia a ERC. En realidad, informantes de Economía sostienen que si al llegar abril no existen Presupuestos surgirían los problemas iniciales de liquidez. Tal escenario obligaría a dar preferencia al abono de salarios y réditos de la deuda, solicitando a los departamentos que reduzcan sus costes.

No obstante, la Generalitat puede justificar que tiene más dinero, puesto que los ingresos no financieros de este año crecerán casi un 30% respecto a los Presupuestos de 2023. Y las nóminas parecen estar a resguardo de las desavenencias políticas entre socialistas y republicanos, según coinciden los expertos. El Govern debería aprobar, pues, suplementos de crédito que tendrían que pasar por el Parlament. Otra cosa son las inversiones y las ayudas que, en un momento dado, el Ejecutivo catalán quiera poner encima de la mesa si la situación económica se pone fea. Y aun así, el año pasado Illa pudo lanzar un programa de 1.500 millones para hacer frente a la política arancelaria de Donald Trump que ahora podría rescatar.