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Las asignaciones para Sanidad, Educación y Servicios Sociales se incrementan más de un 20% frente a las cifras de 2023.


El Gobierno catalán ha dado a conocer este viernes las cuentas públicas de mayor alcance en la trayectoria de Cataluña, con una inversión que alcanza los 49.162 millones de euros, un 22,8% por encima de los balances anteriores, de 2023, y unas dotaciones para inversión de 4.146 millones de euros, conforme a la propuesta entregada por la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, esta jornada en el Parlament. Por lo común, se elevan las asignaciones para todas las áreas, incluyendo aquellas que acumulan el desembolso principal: Sanidad (21,1%), Educación (24,5%), Derechos Sociales e Inclusión (28%) y Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que se expande un 35% motivado por el incremento en el coste de infraestructuras y la cifra histórica en estrategias de vivienda.
El Ejecutivo de Illa ha presentado a los grupos parlamentarios unas cuentas con un aumento de la inversión que se sustenta sobre todo en el ahorro corriente, de 2.475 millones, que permite compensar el fin de los fondos europeos Next Generation EU. A pesar del esfuerzo en aumentar el gasto ―que crecerá un 10,3% respecto a 2025, incluyendo los suplemetnos de crédito― y la inversión, la Generalitat prevé cerrar 2026 con unas finanzas equilibradas, del 0,1% del Producto Interior bruto (PIB) y una deuda que asciende a casi 90.000 millones de euros pero que seguirá drenándose hasta representar el 27,4% del PIB, frente al 28,4% de 2025.
Los Presupuestos buscan apuntalar la sanidad, la educación y los servicios sociales con medidas como la incorporación de 5.911 plazas de personal sanitario y de 4.163 maestros, que verán mejorada su retribución; el impulso de 15 nuevas residenicas públicas o la dotación de 253 millones de euros para transporte y comedores escolares. El área de Infraestructuras y transporte público, que se lleva la mayor inversión de las cuentas, recibirá 355 millones de euros al contrato de gestión de Rodalies de Catalunya, 311 millones para inversiones en ferrocarril y metro 194 millones para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove.
La administración de Salvador Illa también prioriza las estrategias habitacionales, las cuales dispondrán de 1.900 millones de euros, según adelantó este viernes Papallones, con el fin de incrementar el inventario de inmuebles públicos y distribuir los subsidios para arrendamientos entre 90.000 ciudadanos. Dicho monto integra 600 millones de euros derivados del Instituto Catalán de Finanzas y unos 50 millones adicionales destinados a la restauración.
La que más crece, sin embargo, es la de los intereses de la deuda, que sigue siendo la séptima conselleria si se tiene en cuenta el dinero que se le dedica. La Generalitat destinará a ese fin 1.616 millones de euros, más del doble que en 2023. La Generalitat espera ver cerrada pronta la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero el impacto sobre los intereses, de 1.500 millones, se repartirá a lo largo de este año. Por ahora, el Govern espera refinanciar en primavera 3.500 millones más del FLA en los mercados financieros, como ya hizo el año pasado, para ir aliviando esa carga.
Sin los apoyos necesarios
Las cuentas llegan al Parlament sin el apoyo de ERC, que considera que no se han dado suficientes avances en el cumplimiento de sus pactos con los socialistas para respaldar las cuentas. En concreto, los republicanos reclaman compromisos en materia del traspaso de la recaudación del IRPF, para el que se ha estudiado una delegación de competencias.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado hoy en Cadena Ser que continuará colaborando con la formación de Junqueras, manteniendo la senda iniciada tras el diálogo acerca de la financiación autonómica. “Espero que eso nos permita también en el IRPF aprender del camino recorrido, que es hablar, hablar, hablar, y abandonar posiciones extremas que lo único que hacen es alejar”, ha sostenido.
El Govern dispone efectivamente de los seis apoyos de Comuns, con quienes acordó un proyecto para restringir las adquisiciones especulativas de inmuebles y un conjunto de acciones destinadas a simplificar la entrada a las viviendas.
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