La escuela concertada catalana denuncia la falta de financiación: “Con 400 millones la escolarización sería gratuita”

El sector de la concertada ha reunido, de forma inédita, a patronales, sindicatos y familias para denunciar la falta de financiación de sus escuelas y anunciar una campaña de recogida de firmas para impulsar una enmienda a la ILP, que se está tramitando en el Parlament y que reclama la inversión del 6% del PIB en educación (según los últimos datos del Idescat, en 2022 fue del 4%). En dicha enmienda, el sector reclama que se les tenga en cuenta si hay un aumento de la inversión. “En los últimos años el presupuesto del Departamento de Educación ha aumentado en 1.775 millones, pero solo el 10% de ese aumento ha ido a la concertada, a pesar de representar un 30% del sistema”, ha lamentado este miércoles Meritxell Ruiz, secretaria general de la Federación Escola Cristiana, la principal patronal del sector.

En una comparecencia conjunta en la escuela La Salle de Gràcia (Barcelona), la concertada ha reivindicado su papel en el sistema: 675 colegios, 30.000 trabajadores y 340.000 alumnos. Asimismo, han defendido su participación en el plan contra la segregación escolar, asegurando que, de media, escolarizan el 27% de alumnos con necesidades.

Por el contrario, denuncian ciertos agravios que padecen: la infrafinanciación, las plantillas congeladas y la diferencia de condiciones laborales del profesorado, respecto a la pública. Ruiz ha detallado que llevan 10 meses negociando con el Departamento una mejora económica, ya que en 2019 la Sindicatura de Greuges hizo un informe sobre el coste de la plaza escolar, que fijó los importes un 260% por debajo de la realidad, según el sector. “Con la aportación de la Generalitat las escuelas cubren el 60% de los costes, así que a muchas de ellas les cuesta cuadrar los números”, ha aseverado Ruiz. El sector defiende que, con una buena financiación, se podrían eliminar las cuotas: “Serían necesarios 400 millones para hacer gratuito el sistema”.

Por su parte, los sindicatos lamentan que las concertadas tienen la misma plantilla que en 1995. “El sector arrastra déficits estructurales durante décadas que no se han corregido. Hace 30 años que la plantilla no se adecúa a las necesidades actuales. Este desequilibrio obliga al personal a un sobreesfuerzo continuo que no se puede normalizar”, ha aseverado el secretario general de Educación de USOC, Enrique Gallego, quien cifra en 3.300 los docentes que sería necesario incorporar. Asimismo, reclaman equiparar las condiciones laborales con la pública, en aspectos como los días para cubrir sustituciones (16 días, el doble que en la pública) y que los mayores de 55 años puedan reducir el horario lectivo.

Las asociaciones de familias reclaman que el modelo educativo concertado se equipare al sanitario, en que un usuario pueda asistir, gratuitamente, a un centro de salud, independientemente si es público o concertado. También lamentan que deban asumir costes que no les correspondería. “Las familias están asumiendo gastos que corresponden a la Administración, como facturas de la luz o agua, así como del personal de atención a los alumnos con necesidades”, ha destacado Santi Giménez, presidente de la CCAPAC (que agrupa las AFA de las escuelas cristianas).

“No es un debate ideológico, sino de equidad. La ILP del 6% debe corregir los déficits sostenidos durante décadas”, ha rematado Gallego. “La ILP se queda corta porque todo es Servicio de Educación de Cataluña. Recoge las demandas de la púbica, pero no de la concertada”, ha añadido Ruiz. El sector concertado tiene listo ya el texto de la enmienda a la Proposición de ley de garantías de la financiación del sistema educativo catalán con un mínimo del 6% del PIB para la educación, y espera que algún partido coja el guante de sus reclamaciones para que se debatan durante la tramitación de la normativa.

Crítica a la renovación de los conciertos

El sector concertado también ha lamentado el anuncio del Departamento de que el próximo curso perderán la financiación 36 grupos (a los que se suman 247 más de centros del Opus Dei, tras decidir convertirse en privados). Ruiz ha criticado especialmente el nuevo criterio aplicado: “Si un grupo se ha perdido en infantil, tampoco se puede ofertar en primaria. Hay que poder sacar esas plazas porque son necesarias para absorber la matrícula viva, porque si no irán a la pública, agudizando la segregación”. El sector admite que está en conversaciones con el Departamento para corregir este punto y, si no lo logran, no descartan emprender la vía judicial.

Las asociaciones de familias de la pública también critican la nueva planificación educativa, pero por motivos diferentes. “Se ha hecho una renovación casi automática de los conciertos, cuando la mayor parte de la sobreoferta educativa está en la concertada y mientras haya sobreoferta será muy difícil erradicar la segregación escolar”, ha aseverado Lidón Gasull, directora de la Affac. Gasull también ha reprochado el trato diferente según titularidad, asegurando que “se da estabilidad a la concertada porque ya conocen su planificación a seis años vista, mientras se da inestabilidad a la pública”.