Colombia intensifica la disputa comercial con Ecuador e impone aranceles del 30%

La guerra comercial al norte de la Cordillera de los Andes se intensifica. El Gobierno de Gustavo Petro oficializó este martes, con el decreto 170 de 2026, un arancel del 30% “a las importaciones de 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, de productos originarios de la República del Ecuador”. La medida es una respuesta directa a la “tasa de seguridad” decretada por el presidente Daniel Noboa el pasado 1 de febrero, que gravó las mercancías colombianas con el mismo porcentaje. Los impuestos golpean directamente la mesa de los consumidores colombianos: arroz, fríjol, plátano, azúcar de caña o pescado están entre los productos gravados. El decreto también restringe la entrada de insumos químicos bajo el argumento de seguridad nacional y prohíbe el ingreso por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís de sustancias utilizadas en la producción de fentanilo —como el ácido clorhídrico, el éter etílico y el tolueno—.

El lío económico tiene como trasfondo una disputa política entre dos presidentes de signos ideológicos opuestos, con el derechista Daniel Noboa en Ecuador y el izquierdista Gustavo Petro en Colombia. El pasado 6 de febrero, las cancilleres Rosa Yolanda Villavicencio (Colombia) y Gabriela Sommerfeld (Ecuador) se reunieron en Quito para revisar la agenda bilateral. Allí, Colombia pidió suspender la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE). Quito, sin embargo, aplazó cualquier decisión hasta resolver otros temas de seguridad y cooperación energética. Ante la negativa, Bogotá expidió el decreto de represalia y presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, alegando una violación del Acuerdo de Cartagena de 1969. La entrada en vigor del decreto arancelario hoy, entonces, marca el fracaso de dichas conversaciones.

Hay ciertos productos incluidos en la lista que dejan una pregunta técnica en el aire. Desde el otro lado de la frontera, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec), explica a Papallones que el decreto colombiano grava este fruto, pese a que casi no se intercambia con el país cafetero. “Ecuador es el principal productor de esta fruta en el mundo. A Colombia lo que exportamos es mínimo porque se envía sobre todo a la Unión Europea, al Reino Unido y a Estados Unidos. La verdad, no nos vemos afectados”, señala, lo que expone una aparente improvisación en la selección de las partidas por parte del Gobierno colombiano.

El decreto está firmado por el presidente Petro, junto con su gabinete: la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila; la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales; la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino; y el recién llegado ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo Restrepo. El viceministro de Comercio Exterior, Tito Yepes, advirtió que la llamada “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador constituye un “arancel prohibido” en el marco de la Comunidad Andina, en declaraciones a Blu Radio.

La escalada ha ido in crescendo: Colombia ya ha suspendido la venta de energía eléctrica a Ecuador, mientras que Quito contraatacó elevando de tres a 30 dólares la tarifa por transportar petróleo colombiano a través de sus oleoductos, poniendo en jaque a economías que dependen de las regalías, como el amazónico departamento del Putumayo. Con todo, la tensión golpea un vínculo comercial que crecía. Colombia compró a Ecuador bienes por cerca de 858 millones de dólares durante 2025, un aumento del 7% frente al año anterior, según Analdex. Aunque esa cifra apenas representa poco más del 1% de todas las importaciones del país, el comercio con el vecino dejó un superávit de 1.016 millones de dólares, según el gremio exportador.

En el corto plazo, el arancel lo paga el importador en la frontera, pero ese costo se traslada rápidamente al consumidor final tras ajustes de precios. En el mediano plazo, las empresas que dependen de insumos importados absorben parte del impacto, reducen márgenes y ajustan la producción, lo que encarece toda la cadena productiva. A largo plazo, concluye el Fondo Monetario Internacional, los aranceles “reducen la producción doméstica y la productividad, aumentando el desempleo y la desigualdad”. Lo que se presenta como un castigo al socio comercial es una factura que la pagan los consumidores y la economía en su conjunto.