Las entidades empresariales lideran el rechazo a que se restrinja por ley la compra de pisos

El pacto entre el Govern y los comuns para poner restricciones a la especulación con la compra de viviendas ha sido recibido con sentimientos encontrados en las entidades empresariales catalanas. El hecho de que el acuerdo permita encarrilar el desbloqueo de los presupuestos catalanes es aplaudido por Foment y por el Cercle d’Economia, pero condicionar el derecho a la propiedad inmobiliaria causa recelos, cuando no directamente un rechazo frontal parecido al que ha mostrado Junts per Catalunya. Salvador Vergés, portavoz en el Parlament del partido que lidera Carles Puigdemont, ha criticado que el Govern “compre los inventos” de los comuns. “Las políticas que van en contra de la libertad y de la propiedad privada son lesivas para la sociedad y para la economía”, han subrayado fuentes de Foment. “Poner muchas restricciones al mercado de la vivienda seguramente no ayuda”, ha apuntado Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle. Pimec prefiere demorar su reacción sobre el tema hasta conocer todos los detalles de la norma pero su posicionamiento en materia de vivienda ha sido, de manera recurrente, pedir que se consensúe con el sector inmobiliario las medidas que puedan condicionar el mercado.

El Cercle d’Economia presentaba este jueves un informe para analizar el impacto, económico y social, del fenómeno migratorio en Cataluña. En ese diagnóstico, la entidad empresarial resalta que las “oleadas” migratorias de los últimos 25 años, en los que Cataluña ha pasado de seis a 8,1 millones de habitantes, “han tenido efectos positivos indiscutibles” en la economía de una sociedad “envejecida” y lastrada por la caída de la natalidad. Pero la llegada masiva de personas del extranjero, constata el Cercle, “no ha estado exenta de problemas” y ha tensionado servicios sociales, así como ha ayudado a recalentar la demanda de vivienda. En este sentido, preguntados sobre qué valoración merece la limitación en Cataluña de la compra de vivienda con fines especulativos, la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, y el director general de la entidad, Miquel Nadal, han coincidido en destacar que “el problema de la vivienda, en este momento, viene causado por una falta de oferta”. “Seguramente, lo que se tendría que hacer son políticas proactivas que mejoren la oferta, en lugar de poner más restricciones”.

Pimec no se pronuncia, de momento, sobre la limitación por ley a la compra de pisos, pero en reiteradas ocasiones ha dejado claro su posicionamiento sobre el mercado a la vivienda, apelando a la necesidad de “garantizar la seguridad y estabilidad jurídica de todos los actores implicados”. La patronal de la pequeña y mediana empresa defiende que “es necesario que se marquen unas reglas del juego seguras y estables para propietarios, inquilinos, inversores y empresarios”.

Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad de Barcelona, critica el endurecimiento de las condiciones para poder comprar vivienda. “No tendrá efectos beneficiosos porque frenará la rehabilitación y la mejora del parque inmobiliario”, ha vaticinado. “Se tiene que ser muy cauto con las medidas que se toman para no perjudicar y no asustar a los inversores, que son los que pueden ayudar a dinamizar el mercado”.

“Este acuerdo demuestra que el Govern socialista está absolutamente supeditado a comuns”, ha opinado Salvador Vergés en una rueda de prensa en el Parlament, en la que ha advertido de que “es evidente” que la intención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es “exportar este ‘modelo Colau’ de Barcelona a todo el país”.

La CUP considera que la intervención en el mercado es aún demasiado laxa y se aferra a la idea de “una familia, una vivienda”. La formación anticapitalista señala que la regulación del mercado de la vivienda se plantea en función de lo que acontece en las grandes urbes. “Es un problema del conjunto del país, de norte a sur. Por tanto, lo ideal sería que hubiera un debate honesto y profundo de carácter democrático para ver cómo resolvemos el problema de la vivienda en todas partes, no sólo en Barcelona y no sólo en determinadas zonas urbanas”, ha defendido Laure Vega, diputada de la CUP.