Los alcaldes de Junts y del PSC discuten en el Congreso la norma sobre la multirreincidencia
La entidad Arc Metropolità, con mayoría de concejales socialistas, defiende la norma. “La gente que hurta de forma reiterada la quiero en la cárcel”, afirma Marta Farrés


El Congreso aprobará este jueves la ley sobre la multirreincidencia con la asistencia de una quincena de alcaldes catalanes, la mayoría del PSC y de Junts. La norma la reclama tanto Junts, que ha liderado las negociaciones, como Arc Metropolità, la asociación que reúne a una decena de alcaldes de la segunda corona de Barcelona, de distintas tendencias políticas aunque en su mayoría son del PSC. Ambas formaciones disputan la autoría de una ley fundamental a medida que se acercan las elecciones municipales. “Ya la reclamábamos desde la pasada legislatura. Y de la misma manera que la reivindicamos, también cuando conseguimos éxitos queremos formar parte”, afirma la alcaldesa de Sabadell, la socialista Marta Farrés, negando que su intención sea permitir que Junts se apropie de la ley invocando el carácter transversal de la asociación. Alcaldes de ambos sectores celebrarán, en cualquier caso, la norma al considerar que mejorará la seguridad de sus municipios.
La nueva normativa, respaldada por el PSOE, el PP y Junts, establece a partir de ahora que los robos ya no se consideren fenómenos aislados y se sancionen con entre uno y tres años de prisión en caso de reincidencia; que los ayuntamientos puedan alertar a la Fiscalía y participar como acusación particular, o que las policías locales accedan a la información judicial centralizada. Junts reivindica la autoría de la ley -“Es nuestra”, según fuentes del partido, y Míriam Nogueras, líder del grupo parlamentario de Junts, celebrará su aprobación junto con el respaldo de media docena de sus alcaldes (Calella, Cabrera de Mar, Sant Vicens de Castellet y Vila-seca) y concejales de Terrassa, Girona, Manresa, Roda de Ter y Manlleu. Los alcaldes de Martorell e Igualada pertenecen a ambos grupos.
La asociación Arc Metropolità se creó en 2021 y, en 2022, antes de las últimas elecciones municipales, ya se reunió en el Congreso con todos los grupos parlamentarios. La delegación acudió entonces con dos carpetas: una sobre la prevención de ocupaciones y otra sobre la multirreincidencia. La alcaldesa de Rubí, la socialista Ana María Martínez, que actualmente preside Arc Metropolità, ha manifestado su satisfacción por la inminente aprobación de la ley, señalando que llevaban tiempo exigiendo reformas legislativas. “La pequeña delincuencia, a menudo vinculada con hurtos reiterados, se ha visto favorecida con determinados vacíos legales”, ha afirmado, destacando que esto ha impactado la labor de las policías municipales y otros cuerpos policiales en la prevención de delitos. “Con la ley se refuerzan los instrumentos para combatir la multirreincidencia”.
La entidad, que funciona como lobby y reúne a las ciudades medianas que rodean Barcelona, incluye a alcaldes socialistas: Rubí, Sabadell, Vilanova, Vilafranca, Granollers, Mollet, Mataró, todos ellos bajo la dirección del PSC; Martorell (Junts); Terrassa, de TotxTerrassa —una candidatura surgida de una escisión del PSC— e Igualada. El PSC, comenzando por el president Salvador Illa y continuando con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lleva tiempo abogando por la seguridad como política de izquierdas y sostiene que debe abordarse sin reservas.
“No se trata de que me lo pida la gente (La ley de la multirreincidencia). Lo veo como alcaldesa. La gente que comete muchos hurtos de manera reiterada no los quiero en las calles de Sabadell. Los quiero en la cárcel”, expone la alcaldesa de Sabadell. Farrés arguye que la multirreincidencia afecta al comercio de proximidad, genera sensación de impunidad y desgasta a la policía local. “Tenemos claro desde hace tiempo que hablar de seguridad es hablar de una política pública más y en ningún caso es política de derechas. Es al contrario”, recalca. “Hacer políticas de seguridad coherentes y justas es tener más calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades. Es hablar de progreso”. Farrés señala que la diferencia con las fuezas de derecha es que solo habla de seguridad y criminaliza siempre a los inmigrantes sin apostar por las políticas sociales.
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