Villarejo niega el tráfico de datos

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha desentendido este lunes de cualquier posible maniobra urdida hace una década para traficar con el material obtenido de un móvil de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado de Podemos. El antiguo agente de la Policía Nacional, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel por estos hechos, ha asegurado que obtuvo los archivos del teléfono de Bousselham a través de dos periodistas de la extinta revista Interviú, pero ha añadido que nunca se los facilitó a reporteros de otros medios para que “elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito” del partido y su entonces líder, como sostiene el ministerio público.

En la jornada de este lunes, dentro de una vista adicional del juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el llamado caso Dina, Villarejo prestó testimonio como imputado y utilizó gran parte de su plan de defensa para intentar eludir una condena por el cargo de revelación de secretos. El comisario, tras negarse a contestar a las cuestiones planteadas por la Fiscalía y por la representación legal de Iglesias y su exayudante, se definió como un integrante del cuerpo que recolectaba datos de utilidad policial provenientes de variados canales, que después elevaba a sus superiores.

Bousselham informó que le sustrajeron su teléfono el 1 de noviembre de 2015, mientras hacía compras con su pareja en un complejo comercial. Hacia mediados de 2016, los datos del terminal empezaron a divulgarse en distintos medios informativos; y tras la detención de Villarejo al finalizar 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía localizó bajo su custodia duplicados de los documentos de la ayudante de Iglesias. La formación política relacionó al mando policial con el hurto del dispositivo, si bien Anticorrupción sostiene que no hay evidencias de ello. En efecto, el planteamiento de la fiscalía se fundamenta en que el agente corrupto, tras lograr la información por medio de Interviú, se la facilitó a otros periodistas de su “círculo de confianza”, quienes la divulgaron en el periódico electrónico El Confidencial y en el sitio Okdiario.

Villarejo ratificó este lunes ciertos puntos de la narración de la Fiscalía, si bien presentó un testimonio que lo aleja de la sustracción del teléfono y de la presunta difusión de secretos. Por una parte, reconoció que mantuvo un encuentro en febrero de 2016 en un local con Alberto Pozas y Luis Rendueles, en aquel momento director y subdirector de forma respectiva de Interviú. De acuerdo con su declaración, resultaron ser ellos quienes le mencionaron los documentos de Bousselham y quienes se los entregaron —los dos reporteros también reconocieron ese punto durante sus interrogatorios, si bien precisaron que actuaron así debido a que el comisario se los solicitó al conocer que disponían de ellos—.

“Desde que me lo ofrecieron hasta que me lo dieron en abril, pasaron dos meses”, afirmó el mando policial retirado este lunes, previo a recalcar que jamás entregó dichos documentos a persona alguna. Su defensor le ha consultado sobre este tema: “¿Entregó el contenido a algún periodista o a algún tercero?”. “No, en absoluto”, respondió Villarejo, quien subrayó que no se le había asignado indagación alguna relativa a Podemos ni a sus líderes; y que no se veía a sí mismo como una “fuente de información” de los medios, sino todo lo opuesto. “Para mí, la fuente eran los periodistas. Yo les sacaba mucha más información que ellos a mí”, profundizó.

El acusado ha manifestado que solo miró los archivos de una manera “rápida” y “tangencial”. “Lo único que me interesaba es si había algún tipo de financiación ilegal o algún acta de las reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y venezolano. Al ver que era todo marujeo, no le presté mayor atención. No vi nada relevante y le dediqué muy poco tiempo”, se ha defendido.

El juicio sobre el caso Dina, una línea de investigación separada que se abrió en 2019 dentro del caso Villarejo, comenzó a principios de marzo. Este lunes, tras declarar el comisario, la Fiscalía ha mantenido su petición de cinco años de cárcel para él. El tribunal prevé que la vista acabe este martes con las exposiciones finales de las partes y el turno de última palabra. Este es el octavo juicio que afronta Villarejo en la Audiencia Nacional: el policía jubilado acumula cinco absoluciones y dos condenas de cárcel, que suman 16 años y un día de prisión; aunque sigue en libertad, ya que ninguna de las penas es firme al estar recurridas ante el Tribunal Supremo.