La Audiencia Nacional ha ordenado que se investiguen las actuaciones policiales enfocadas en Miguel Urbán dentro del contexto de las estrategias ilícitas contra Podemos.

La Audiencia Nacional ha otorgado a Miguel Urbán, antiguo eurodiputado de Podemos, la condición de víctima en la investigación que el juez instructor Santiago Pedraz mantiene abierta sobre la guerra sucia urdida contra Podemos desde el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, miembro del Gobierno de Mariano Rajoy. La Sala de lo Penal ha concluido que el juez Pedraz, que dirige esas pesquisas, debe considerar a Miguel Urbán como perjudicado e indagar en el intento de implicarle en un caso de tráfico de drogas en 2016, cuando la formación política se encontraba en pleno auge y se multiplicaron las maniobras contra ella.

Durante el pasado diciembre, el magistrado Pedraz denegó la incorporación de Miguel Urban al proceso judicial relativo a las acciones contra Podemos, al estimar que sus indagaciones carecen de un “vínculo” vinculado al “montaje policial” dirigido hacia el antiguo eurodiputado. No obstante, el exdirigente político recurrió esa decisión. El Ministerio Fiscal apoyó dicha postura. Y, en última instancia, la Sala de lo Penal ha fallado a su favor. Mediante un auto con fecha del 20 de marzo, adelantado por eldiario.es y consultado por Papallones, la instancia judicial rectifica la decisión de Pedraz y reconoce como perjudicado al exlegislador. En su resolución, la Sala recalca que, en el momento en que intentaron vincularlo a una trama de tráfico de drogas, Urban desempeñaba “funciones públicas en el Parlamento Europeo, en representación de España”: “Lo que haría, aún si cabe, de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Las pesquisas sobre Urbán se iniciaron en enero de 2016, momento en que el comisario José Luis Olivera, quien se encuentra procesado actualmente por el caso Kitchen y ejercía en esa época como responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), remitió una nota a la Fiscalía Antidroga acerca de “el posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína”. Ese informe señalaba a Urbán y fue entregado durante el punto álgido de la campaña de desprestigio contra Podemos: apenas 10 jornadas previas, el portal Okdiario había difundido el fraudulento informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima); mientras que el secretario de Estado de Seguridad del PP y colaborador cercano del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, andaba en ese momento reclamando trapos sucios de miembros del partido de Pablo Iglesias.

El comisario Olivera aportó al ministerio público una supuesta “nota informativa” policial (sin firma, ni sello, ni autor declarado), donde se relataba que un confidente aseguraba que Urbán había acudido a un pub del barrio madrileño de Malasaña cargado con 40 kilos de cocaína “procedentes de Venezuela” que quería cambiar por dinero para “financiar los gastos de campaña de Podemos”. La Fiscalía Antidroga abrió entonces unas pesquisas que declaró secretas y que, posteriormente, cerró tras no encontrar nada.

Los defensores de Urbán sostienen que dicha “actuación policial” posee un vínculo real con la campaña de desprestigio contra Podemos que analiza el magistrado Pedraz. Dentro de su apelación, el parlamentario europeo recalca que fue llevada a cabo por el “mismo grupo de policías”, subordinado a Eugenio Pino, quien era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entonces y es visto como el artífice de la policía patriótica. “Realizaron un auténtico montaje policial”, destaca el antiguo líder del partido, detallando que, mediante ese ardid, lograron entrar en sus depósitos bancarios y “justificar” rastreos en ficheros informáticos acerca de responsables de la organización.

La Sala de lo Penal deja en manos del juez Pedraz la posibilidad de abrir una línea de investigación separada dentro de la causa para indagar sobre las maniobras contra Urbán.

En las pesquisas de Pedraz se acumulan pruebas sobre la guerra sucia activada contra Podemos entre 2015 y 2016, cuando varios mandos de la cúpula policial se afanaban en buscar presuntos trapos sucios de la formación: en esa época, por ejemplo, se elaboró y publicó el llamado informe Pisa, un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a Pablo Iglesias; y se contactó con exmandatarios venezolanos para que declarasen contra la fuerza política —varios agentes viajaron incluso a EE UU (a costa de las arcas públicas)—.