Mapa y chat de narcos lo delataron

Hace un sexenio, una unidad de élite de la Guardia Civil examinaba las comunicaciones compartidas el 20 de abril de 2020 por dos individuos bajo sospecha de tráfico de drogas y a las cuales los oficiales habían logrado acceder. Uno de los participantes era Kilian López, cuya firma, Andgar internacional, radicada en Barcelona, funcionaría presuntamente como fachada para introducir en Algeciras cocaína de Brasil oculta dentro de un envío de café. Una de sus notas indicaba: “Ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo que no veas”. Ambos sujetos mantenían contacto mediante Encrochat, una plataforma de comunicación cifrada empleada, entre otros sujetos, por criminales que fue interceptado por la Gendarmería francesa en junio de aquel ejercicio y cuyos datos remitió a las naciones de origen de los abonados. Los expertos de la Guardia Civil recelaron tras revisar la expresión. Y comenzaron a indagar en una pista que derivó en una madeja de corrupción con núcleo en la Diputación de Almería, bastión hegemónico del PP en Andalucía, y cuyas riendas manejaban “ellos”: quien por aquel entonces presidía, Javier Aureliano García; su responsable de Presidencia, Fernando Giménez; y el titular de Fomento, Medio Ambiente y Agua, Óscar Liria. El “pepinazo”: un contrato de mascarillas con una firma distinta de López -Azor corporate-, suscrito el 8 de abril de 2020 de abril, por 2.036.186,24 de euros, de los cuales la UCO calcula que “ellos” cobraron comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros.

Esa adjudicación, firmada en lo peor de la pandemia, dio lugar al primer caso mascarillas de España, que saltó el 15 de junio de 2021 con la detención de Liria. Pero, en realidad, es uno más de los muchos contratos supuestamente irregulares que se han ido sumando a una causa que ha terminado revelando el mayor escándalo continuado en el tiempo sobre contratos de obra pública de la Diputación de Almería, de acuerdo con la investigación de la UCO. Su último informe de 9 de marzo, que resume al juez sus pesquisas de los últimos cinco años, apuntala “una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno” de esta institución que “habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos”, a través de una estructura en la que, por una parte, “una serie de cargos públicos” amañaban esas adjudicaciones, “de las que se habrían beneficiado económica y personalmente” y, por el otro, “una serie de sociedades y empresarios” que participan en ellas, bien como beneficiarios de esas adjudicaciones o concurriendo a las ofertas para hacerlas verosímiles.

En esa trama estarían implicadas hasta 14 empresas por operaciones realizadas entre 2016 y 2021 y cuyos titulares, administradores o testaferros representan la mayor parte de los 43 investigados en la causa. En la cima, tres políticos del PP que habían ido acumulando todo el poder orgánico e institucional en los últimos años: el presidente de la Diputación y también del todopoderoso PP de Almería -principal feudo andaluz del partido-, García, y sus dos vicepresidentes, Giménez y Liria. Los dos primeros fueron detenidos el pasado 18 de noviembre porque “sería posible que hubieran colaborado, o cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios”, de acuerdo con el auto que ordenaba su arresto. De García se añadía que “habría articulado mecanismos para introducir en el circuito legal financiero el dinero público obtenido con los sobrecostes cargados en los contratos de adjudicación públicos fraudulentos”. Se les investiga por presunto cohecho, malversación, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública.

Hipotecas, viajes y administraciones de lotería

Entre esos mecanismos, según la UCO, se encuentra el uso de una cuenta bancaria a nombre de su hermana -también investigada- y de sus padres fallecidos a través de las que se materializaban ingresos en efectivo “de origen desconocido” para pagar una hipoteca del exdirigente popular. Durante los registros de noviembre, en la vivienda de la hermana de García se encontraron sobres con 7.620 euros a nombre de Javier Aureliano y una tabla con cifras y referencias a pisos y a una comunidad de bienes perteneciente a todos los hermanos García -su otro hermano también está imputado- con la que también se realizarían operaciones de blanqueo. Pero la hipoteca no era el único destino de los fondos públicos supuestamente sustraídos por el expresidente de la Diputación. En otro informe de la UCO de febrero de este año se detalla un viaje a Madrid entre el 26 y 27 de junio del año pasado con su jefa de gabinete en el que facturó 1.892 euros -entre vuelos en avión y estancias en hotel- con cargo a un evento de la FEMP que no existía.

Los gastos para ese viaje fueron justificados por Giménez, a quien la UCO atribuye el cobro del 10% de muchas de las adjudicaciones supuestamente fraudulentas de la trama de la Diputación, y que incluyó “a sabiendas” un sobrecoste de 945.327 euros -casi la mitad del importe- del contrato de las mascarillas. Pero sobre quien pivota buena parte de las indagaciones es Liria. Él fue quien propuso a López para el contrato de las mascarillas, a quien conocía de su infancia en el municipio almeriense de Fines, y como delegado de Fomento es el que orquesta buena parte de los contratos bajo sospecha. Cuando fue detenido en junio de 2021 encontraron en su domicilio 26.750 euros en metálico distribuidos en tres sobres, que los investigadores relacionan con las comisiones ilegales de la adjudicación del material sanitario.

No fue la única cantidad en dinero contante y sonante que hallaron ese día los agentes. En Fines interceptaron al primo de Liria, Rodrigo Sánchez López, con una funda de almohada con 119.950 euros cuando la iba a meter en el coche de su padre, entonces alcalde de esa localidad, Rodrigo Sánchez Simón. Ambos están imputados desde entonces y también se les investiga como adjudicatarios a través de OYC Construcciones de hasta 1,1 millones de euros entre 2016 y 2014, dentro de la trama supuestamente corrupta de la Diputación. Cabe destacar que Kilian López es hijo de la excuñada del exregidor finense. Pero Liria amplió ese entorno familiar a otros parientes y allegados para blanquear el dinero recibido de comisiones ilegales mediante la compra de dos coches de alta gama para su padre y su novia -también imputada- y creó un sistema de facturas falsas para ocultar el origen de los fondos a través de su hermano, Francisco Liria -otro de los imputados- y de su primo. Con su hermano, la UCO sospecha que adquirió una administración de lotería en Adra para blanquear 920.000 euros, utilizados para el traspaso.

El trío de antiguos líderes populares participaba en una conversación grupal, Naranjito, donde hacían referencia a los pagos ilícitos empleando vocabulario dental tal como: “Me debes dinero tú…necesito empastarme dos o tres muelas, sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, en fechas muy próximas al otorgamiento del acuerdo por los cubrebocas. Apenas tres minutos tras la rúbrica de García, el mismo insertó un “emoticono de un diente o muela”. Asimismo conversaban sobre la adquisición de pantallas, presuntamente para aludir de igual forma a la percepción de gratificaciones, y en una charla distinta únicamente entre Liria y Giménez mencionaban la “talla 10” o “talla 20”, dentro de un “lenguaje codificado” que los agentes vinculan con la comisión que percibirían por las licitaciones.

Cuatro años de blindaje

Aunque Liria perdió su prestigio tras su captura en 2021, Giménez —procesado desde entonces— y García permanecieron en sus cargos. De hecho, el 25 de junio de aquel año, 10 días después de que se desencadenara el caso mascarillas, fue elegido presidente del PP de Almería, en relevo de Gabriel Amat, el perenne alcalde de Roquetas de Mar y creador del dominio del PP en esa provincia. El mandatario de la Junta y del partido, Juan Manuel Moreno, justificó su inacción en este tiempo en que cuando la magistratura comenzó las diligencias “no había causa” y mostró su “sorpresa y estupor” debido a que ambos eran “de una generación joven”.

Fuentes conocedoras de la dinámica del PP en Almería advierten de que esa generación “son el mismo PP de siempre en esa provincia”, donde el partido ha gobernado ininterrumpidamente la Diputación -ente esencial en un territorio con apenas un centenar de municipios- desde 1990 (salvo entre 1999 y 2003). Amat entró como presidente en 2011, hasta su dimisión en 2018, para ser sucedido por García. El alcalde de Roquetas ha tutelado la meteórica carrera de los tres exdirigentes ahora imputados. Liria y García se incorporaron a esa institución con él, el primero para ocuparse del área de Fomento y el segundo como portavoz y diputado de la Presidencia. En 2011, Giménez fue nombrado su jefe de Gabinete. “Es un trío que siempre ha actuado en sintonía”, indican esos interlocutores.

La Diputación almeriense lleva décadas en el punto de mira de la justicia por presuntas contrataciones irregulares. “El caso mascarillas es la punta del iceberg de un ‘modus operandi’ que lleva haciendo esta entidad desde que gobierna el PP”, sostiene Luis Montoya, miembro de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayat), principal impulsora de muchas de las investigaciones que se han desarrollado en estos años sobre urbanismo, contratación de obra pública, e incluso financiación irregular del PP en Almería. Muchas de estas causas, sin embargo, han quedado en punto muerto o se han archivado. Aunque a Amat le han rozado la mayoría de ellas, jamás ha sido imputado. Él mismo se jactaba el pasado verano en ABC de que los 260 procesos en los que se ha visto implicado han sido archivados. “Libre de todo”. La trama que está investigando ahora el juez se remonta a 2016, cuando Amat presidía la diputación.

Y volviendo al hilo que llevó a la madeja de la presunta corrupción en la Diputación. Kilian López fue absuelto en 2023 de la investigación por narcotráfico porque los barcos que arribaron a Algeciras solo contenían café -la Guardia Civil sospecha que recibieron un soplo-. Ha cortado esa hebra, pero sigue formando parte del ovillo que se investiga en Almería.