Una jueza archiva la causa de prevaricación contra la número tres de Ayuso

Una jueza ha archivado la causa abierta contra Ana Millán, vicepresidenta primera de la Asamblea madrileña y número tres del Partido Popular en la Comunidad de Madrid por presunta prevaricación al considerar que no hay indicios suficientes en su contra. Así consta en un auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso Papallones, que la titular de la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero dictó el pasado 13 de marzo.

La jueza Marta Hernández ha dado carpetazo a la causa en la que se buscaba esclarecer si había relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló y el hecho de que este empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras ella era la edil al frente de esa cartera. En este procedimiento, también se indagaba en la posible influencia que hubiera podido ejercer Millán para la contratación de su hermana (entre 2008 y 2016) y de su pareja (entre 2008 y 2011).

La instructora explica que del análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los contratos bajo sospecha “no se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles” a Millán. De hecho, subraya que el único indicio de “irregularidad” es la declaración que hizo a la policía una auxiliar administrativa de la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos, que dijo que Millán “habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal con Grupo Educativo”.

La jueza también se pronuncia sobre los pagos recibidos por Millán por un valor global de 51.104,67 euros de Neverlan Eventos y del propio Francisco Roselló entre 2008 y 2014. Sobre este extremo, incide en que, del análisis de la UCO sobre la información económica y tributaria de los investigados, “se deduce que dichos ingresos se corresponden con un contrato de alquiler con opción de compra concertado entre las partes sobre un ático sito en la Plaza Mayor de Arroyomolinos” propiedad de Millán. Avisa de que la conexión temporal de dichos ingresos no es “indicio suficiente” y recalca que no hay “ningún otro elemento indiciario que indique alguna relación” entre los pagos que recibió la exedil y los contratos que el Ayuntamiento adjudicó a las empresas de Roselló.

Por ello, entiende que no hay indicios “con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas a los funcionarios públicos” a la exedil de Arroyomolinos, por lo que no ve posible mantener una investigación penal. Con todo, explica que su decisión de acordar “el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones” no impide que se puedan presentar “acciones civiles” por los hechos denunciados.

Hernández adopta la decisión a petición de la propia Millán y en sintonía con el criterio de la Fiscalía, que —hace unas semanas— cambió el criterio que había mantenido durante la instrucción y reclamó el archivo de la causa. La jueza coincide con el ministerio público en que no ha quedado acreditada “la existencia de indicios racionales” de delitos.

Así, el archivo llega después de años de periplo judicial. La causa se remonta a 2016, cuando el entonces alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación entre Millán y Neverland Eventos. En junio de 2024, el juzgado elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque Millán pasó a estar aforada ante dicho órgano por su condición de diputada de la Asamblea madrileña. No obstante, el tribunal le devolvió el procedimiento seis meses después al considerar que la investigación estaba “inconclusa”. Ahora, con la decisión del archivo, la jueza suspende las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026, en referencia a la citación del esposo de Millán y de una extrabajadora del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

El PP en tromba, y Millán en concreto, ha celebrado el archivo. “Tras diez años de acusaciones y difamaciones y una campaña incesable contra mí -que tanto daño ha hecho a mi familia y mis seres queridos con el único fin de hacer daño a la presidenta y a mi partido-, hoy puedo decir que todo ha terminado”, ha dicho Millán en una grabación que ha difundido el partido. Ha reiterado su inocencia y ha asegurado que la causa ha sido “una persecución política”.  “Lo que no te mata te hace más fuerte”, ha terminado. Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid, ha exigido unas disculpas públicas para la popular a modo de “ejercicio feminista” por haberla “atacado durante los últimos diez años”.

Con mucha contundencia también se ha pronunciado la presdidenta Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales: “Una década soportando el juicio mediático provocado por la denuncia del adversario político. Una década soportando insultos dentro y fuera de la Asamblea de Madrid.Lo que me alegro por la verdad y por ella”.