Playas paradisíacas a un lado, aguas fecales a otro: vivir sin alcantarillado en Arona, uno de los principales municipios turísticos de Tenerife

Un poco más de 1,38 millones de turistas pasaron sus vacaciones en 2024 en el municipio tinerfeño de Arona (casi 88.000 habitantes), donde se encuentran poblaciones turísticas como Playa de Las Américas, Los Cristianos o Costa del Silencio. Lejos de los paisajes marítimos de la costa y el olor a protector solar, un grupo de vecinos de la parte alta aseguran que hasta 20.000 vecinos de Arona Alta viven sin alcantarillado desde hace más de 20 años. “Estamos entre una crisis sanitaria y una crisis ecológica”, asegura Davide Cortellino, presidente de la comunidad de vecinos Sara. “No es solo nuestra calle”, explica en conversación telefónica. “Es en todo el barrio de La Camella y en otros barrios como Valle de San Lorenzo, Cabo Blanco… Cuando llueve, todo esto es la Venecia de las aguas negras”. El Ayuntamiento —gobernado por una coalición de PP, Coalición Canaria y Vox, aunque entre 2015 y 2023 fue el PSOE el partido en el poder— se escuda en que las obras de urbanización “no se han finalizado y no han sido recepcionadas".

A partir del cambio de siglo, con el bum turístico, miles de familias se mudaron a vivir al sur de la isla, con lo que municipios como Granadilla de Abona o el propio Arona crecieron apresuradamente, muchas veces sin contar con los servicios básicos. El Barrio de La Camella, en este último término, es un ejemplo de este crecimiento que obligó a improvisaciones. Así, a partir de 2003, el equipo de Gobierno –controlado entonces por Coalición Canaria— concedió la licencia para edificar, pese a que no se habían concluido las obras de urbanización de esa zona (alcantarillado, iluminación). El edificio donde reside Cortellino se levantó en 2007, y sus 72 familias viven desde entonces en el inmueble. 19 años después, el Ayuntamiento admite que las obras de urbanización “no han sido recepcionadas”. Es decir, la administración municipal no ha verificado, aceptado y asumido la titularidad y el mantenimiento de estas obras.

“Cuando el Ayuntamiento dio permisos de construcción”, rememora Cortellino, “se aceptó como alternativa temporal el pozo absorbente que, teóricamente, en cinco o seis años debía sustituirse por el alcantarillado. Formamos nuestras familias con esa promesa”, explica. Veinte años después, no hay alcantarillado ni se sabe cuándo lo van a hacer. Y mientras tanto, los pozos han llegado al límite de su capacidad: han tragado residuos durante dos décadas para las que jamás fueron diseñados”.

La consecuencia, relata, hay más de 20.000 personas que diariamente vierten aguas negras a pozos volcánicos absorbentes. Este hecho tiene, en su opición, una doble consecuencia: “Hay residuos humanos que se dispersan por el territorio y no sabemos si llegan a la playa, a la costa, a los cultivos o si el terreno se va contaminando”.

Por otro lado, está el aspecto sanitario. “Cada dos o tres meses, cuando llueve, el garaje de la comunidad se convierte en una Venecia de aguas negras”. Lo único que podemos hacer es llamar a las cubas y vaciar. Cada operación les cuesta unos 2.000 euros, asegura. “Imagina 72 familias con aguas negras entrando por los garajes: hay restos humanos bajo los zapatos, riesgo de salmonela y otros patógenos. Y lo que ocurre bajo tierra, sin saber adónde va, es aún peor. Pero, sobre todo, denuncian que “una comunidad residencial no puede sustituir un servicio básico del Ayuntamiento”. Ante la situación, los vecinos han elevado una petición al Parlamento Europeo para que supervise el cumplimiento de las directivas comunitarias.

La respuesta del Ayuntamiento a preguntas de este periódico se ha limitado al comunicado de prensa emitido el día 4. “La problemática existente tiene su origen en la situación urbanística del edificio”, asegura la nota. “Al no haber sido recepcionadas las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento, las posibilidades de actuación municipal en este ámbito son actualmente muy limitadas, al tratarse de una situación de especial complejidad administrativa y urbanística”. El Consistorio admite que esta situación “no afecta exclusivamente a este inmueble, sino que también se da en otros puntos del municipio”. La comunicación reitera su “disposición al diálogo y al trabajo conjunto”, y esgrimen que la resolución del problema “exige tiempo, tramitación y seguridad jurídica”.

Los vecinos no aceptan las explicaciones. En la comunidad, asegura el portavoz, se dan todos los elementos que, “conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, determinan una recepción tácita de la urbanización”. Cita a modo de ejemplo, que los vecinos pagan regularmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), “lo que implica el reconocimiento municipal del carácter urbano consolidado de los inmuebles”; el hecho de que existen vados oficiales en la calle frontal de la comunidad; o la existencia de en las calles laterales de alumbrado público municipal.

“La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara al respecto”, sostiene Corradino: “Cuando una Administración ha permitido y tolerado la ocupación de una urbanización, ha concedido licencias, ha cobrado tributos y ha prestado servicios públicos en ella, se entiende producida la recepción tácita de las obras de urbanización, asumiendo el Ayuntamiento todas las responsabilidades derivadas de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras”.

Esta no es el primer problema de esta índole al que se enfrenta la Corporación. En otro de los barrios del municipio, Cho-Parque la Reina, a escasos kilómetros de La Camella, hay una urbanización construida en los años ochenta que tampoco está recepcionada. Sus vecinos también denunciaron en el pasado la falta de conexión al alcantarillado público y no poder recibir servicios básicos municipales.

La explosión demográfica en Tenerife ha provocado repetidos episodios de contaminación fecal en localidades c omo El Médano (Granadilla de Abona) o el Puerto de la Cruz (en el norte de la isla, episodios que han provocado el cierre de playas durante prolongadas temporadas.