El Supremo llama a las víctimas a personarse

El Tribunal Supremo ha propuesto a las compañías estatales Ineco y Tragsatec, en las cuales estuvo empleada Jésica Rodríguez —expareja del extitular de Transportes José Luis Ábalos—, que se personen como víctimas del supuesto delito de malversación achacado al antiguo ministro y al exasesor Koldo García. Del mismo modo, los jueces han concedido tres días a la Fiscalía y a la acusación popular conjunta que encabeza el PP para que valoren la reciente solicitud de ambos exdirigentes para salir del centro penitenciario de Soto del Real, donde permanecen en prisión provisional desde el pasado noviembre.

Esto se desprende de las dos resoluciones difundidas este miércoles, emitidas por la sala que procesará a Ábalos y García desde el 7 de abril por la supuesta percepción de comisiones ilícitas vinculadas a adjudicaciones estatales para adquirir cubrebocas durante la crisis sanitaria. Respecto a la propuesta dirigida a Ineco y Tragsatec, los siete jueces procedieron tras la solicitud de la fiscalía, la cual en la vista preliminar del pasado 12 de febrero, requirió que se consultara a las dos entidades estatales sobre tal opción ante la vista oral.

Alejandro Luzón, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, estimó oportuno plantear el ofrecimiento ya que, durante la indagación del proceso, la propia antigua pareja de Ábalos confesó que, aun recibiendo pagos mensuales de las dos sociedades, nunca ejerció funciones reales en ellas. Estuvo vinculada laboralmente por dos años y percibía 1.060 euros al mes. Durante esa misma comparecencia previa, la defensa legal de Koldo García cuestionó que Rodríguez no figurara entre las personas investigadas en el caso por beneficiarse de tales contratos.

Rodríguez declaró como testigo en febrero de 2025. El juez acordó su citación después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en uno de sus informes que Ábalos había utilizado su “influencia” para que su entonces pareja fuera contratada en empresas dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía. El instituto armado también apuntó que la presunta trama pagó el alquiler del piso en Madrid en el que vivía Rodríguez.

La mujer aseguró ante el magistrado Leopoldo Puente que consiguió sus contratos en Ineco y Tragsatec tras darle su currículum al exministro, según fuentes jurídicas consultadas por Papallones. Rodríguez precisó que los contratos los gestionó Joseba García —hermano de Koldo García— y que ella no acudía realmente a su puesto de trabajo ni trabajaba a distancia. Reconoció, sin embargo, que sí cobró de ambas empresas. No obstante, insistió en que, en ese momento, no sabía que eran sociedades públicas.

En el marco de la investigación, Ineco y Tragsatec informaron de que pagaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada. En la documentación aportada, a la que ha tenido acceso este periódico, la primera precisó que le había abonado 34.422,16 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021 —más un pago de 18,5 euros en marzo de ese año y otro de 37,2 euros en diciembre—. La segunda empresa, por su parte, detalló que había pagado 9.500,54 euros brutos entre marzo y septiembre de 2021. Aunque el Supremo ha realizado el ofrecimiento a ambas empresas públicas, durante la instrucción envió a la Audiencia Nacional la parte de la investigación relativa a la contratación de Rodríguez.

Koldo García pide permiso para reunirse a diario con

Aparte de la reciente solicitud de excarcelación interpuesta por Ábalos y Koldo, el antiguo colaborador del ministerio ha pedido al Supremo que se le facilite el ingreso a “medios informáticos” dentro de la prisión de Soto del Real o que se le conceda permiso para sostener “reuniones técnicas diarias” junto a su defensora, la jurista Leticia de la Hoz. La máxima instancia judicial le ha respondido que no presenta objeciones a su requerimiento. No obstante, le ha advertido que tal resolución queda supeditada igualmente a la gerencia del recinto carcelario y a Instituciones Penitenciarias.

De igual modo, García ha pedido que se le permita sentarse junto a su abogada en las sesiones del juicio. “Esta Sala hace saber que la ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado día 12 de febrero, salvo en el momento procesal de su declaración, fijada para el final de las sesiones del juicio oral, cuando ocuparán el sitio destinado al efecto”, ha apuntado el tribunal.

La respuesta del Supremo sobre la petición de ambos de dejarles salir de prisión de cara al juicio queda de momento en el aire, al menos hasta que los magistrados reciban las alegaciones de la Fiscalía y las acusaciones populares. Con todo, cabe recordar que el pasado enero el tribunal rechazó esta misma solicitud y acordó mantenerles en Soto del Real por su “alto riesgo de fuga”, dada la cercanía del juicio y las elevadas condenas a las que se enfrentan por delitos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Anticorrupción pide 24 años de prisión y multa de más de 3,9 millones de euros para Ábalos, y otros 19 años y medio y 3,9 millones de multa para García.