El Poder Judicial señala que las dificultades en la implantación de los tribunales de instancia no han provocado demoras

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ―su sala de máquinas― estudiará este jueves un informe elaborado por su secretario general, en base a las quejas enviadas por los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, sobre la implantación de los nuevos tribunales de instancia, en el que refleja dificultades para su puesta en marcha por problemas de falta de personal, informáticos y de las propias instalaciones, pero aclara que ninguna de estas incidencias ha provocado suspensiones o demoras en la agenda de los órganos judiciales, salvo casos puntuales, según ha podido saber Papallones.

El texto resume las incidencias comunicadas al CGPJ por los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional sobre la tercera fase de la implementación de los tribunales de instancia, que debía haberse completado el pasado 31 de diciembre en las grandes ciudades ―salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que tenían hasta el 15 de febrero―, aunque en la conferencia sectorial del pasado diciembre el Ministerio de Justicia acordó con las comunidades autónomas flexibilizar los plazos.

Sobre este aspecto, el informe señala que varios territorios han postergado el arranque de estos tribunales superando la fecha prevista y destaca los casos de Andalucía y Canarias porque han advertido de una implantación meramente formal, hasta el punto de que han afirmado que allí los juzgados siguen funcionando igual que antes de que entrara en vigor este cambio organizativo en la planta judicial.

Más allá del calendario fijado, el documento refleja problemas por insuficiencia de personal, ya sea por una plantilla escasa, exceso de vacantes o pérdida de refuerzos considerados esenciales. En concreto, precisa que Baleares ha dado la voz de alarma porque cuenta con un 58% de interinos. El informe también describe desequilibrios entre las distintas secciones de los tribunales de instancias debido a la prohibición que establece la ley que los creó de asignar a los funcionarios tareas distintas a las propias de su puesto de trabajo.

Por otro lado, el Poder Judicial revela problemas informáticos generalizados que se concentran en los sistemas de gestión procesal. Regiones como Andalucía, Cantabria o Valencia lo identifican como el principal obstáculo para el arranque de los tribunales de instancia en sus respectivos territorios. Únicamente País Vasco se declara preparado tecnológicamente.

El informe muestra igualmente quejas por la ausencia de reformas para adaptar físicamente los antiguos juzgados unipersonales a la nueva realidad, así como otros problemas de adaptación como falta de mobiliario, equipos informáticos y cartelería errónea o confusa. País Vasco y La Rioja son las únicas excepciones en este sentido.

Territorios como Madrid, Cataluña, Aragón, Murcia o Castilla La-Mancha denuncian problemas de atención al público y Baleares los extiende a la comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y centros penitenciarios, mientras que Castilla y León incluye los hospitales.

Aparte de las deficiencias materiales, el informe recoge problemas sustantivos. Así, Canarias, Cataluña o Navarra alertan sobre la falta de unificación de criterios y prácticas procesales en la oficina judicial a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Pamplona denuncia directamente un caso de abierta oposición a acatar órdenes.

Madrid alerta del riesgo de suspensiones

Pese a todo, el informe indica que, con carácter general, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional comunican que esta tercera fase de implantación de los tribunales de instancia no ha provocado suspensiones o demoras en los señalamientos judiciales, a excepción de casos puntuales. En concreto, alude a un problema estructural de suspensiones en Reus (Cataluña) por falta de funcionarios; suspensiones y retrasos por pérdida de control de los procedimientos, incluso en causas de especial relevancia o con víctimas especialmente vulnerables, en Galicia; y, en el caso de Madrid, avisa del riesgo de suspensiones una vez superada la fase de transición del primer trimestre de 2026.

Se espera que este jueves la Comisión Permanente se limite a tomar conocimiento de este informe para remitirlo al grupo de trabajo que está haciendo seguimiento de la puesta en marcha de los tribunales de instancia y, a partir de ahí, “continuar trabajando”, de acuerdo con las fuentes del CGPJ consultadas por este periódico.

Este mismo miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha comparecido para anunciar la creación de 200 nuevas plazas de fiscales para este año, ha calificado de “incidencias menores” las comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Además, les ha restado importancia al enmarcarlas en un cambio de un modelo, el de los juzgados unipersonales, que “ha estado en vigor más de 150 años”. “Nada para preocuparnos porque tendrá un éxito indiscutible”, ha afirmado sobre los tribunales de instancia.

Bolaños ha aprovechado para recordar que el Ministerio solo tiene competencias en materia de Justicia en cinco comunidades autónomas (Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, subrayando que algunas de las incidencias que se están reportando, “precisamente”, coinciden con regiones donde su departamento carece de competencia.