Interior reinicia la compra de balas para la Guardia Civil tras rescindir el contrato con una empresa israelí

El Ministerio del Interior ha reiniciado el proceso para comprar 17 millones de balas para la Guardia Civil cinco meses después de que en septiembre el departamento Fernando Grande-Marlaska rescindiese el contrato que había adjudicado en abril a la empresa israelí IMI Systems Ltd. Interior esgrimió como motivo para anularlo la “imposibilidad legal sobrevenida, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel” durante la invasión de la franja de Gaza.

El anuncio de la nueva licitación, publicado el pasado viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, es el paso previo a que se conozca el pliego de condiciones (cláusulas administrativas y prescripciones técnicas) que deben cumplir las mercantiles que aspiren a hacerse con el contrato. El importe máximo fijado es de 9,8 millones de euros, IVA incluido. La licitación se tramitará por el proceso ordinario y será abierta para garantizar la máxima concurrencia de ofertas.

Pese al retraso en el concurso, fuentes de la Guardia Civil aseguran que en ningún momento ha habido riesgo de desabastecimiento de munición en el instituto armado. De hecho, para evitar ese problema, Interior decidió en su día que la entrega de un tercer lote de munición que se adjudicó también en abril pasado y con cuyo contrato se hizo la empresa checa Sellier & Bellot (4,5 millones de balas de 9 milímetros No Tox, utilizadas habitualmente en las prácticas que se realizan en galerías de tiro) se adelantase unos meses. Las fuentes consultadas se muestran convencidas que en el nuevo concurso no habrá problemas para encontrar un suministrador ya que en la primera licitación, además de la empresa israelí y la checa, también presentaron ofertas la compañía italiana Fiocchi Munizioni Spa y la brasileña Omena Technologies SL.

Con esta licitación, Interior intenta poner punto final a la polémica que surgió el pasado abril, cuando se conoció que la empresa adjudicataria para suministrar munición a la Guardia Civil había sido una empresa israelí, lo que contradecía las palabras de Sánchez en el Congreso, donde había prometido que no habría ni compra ni venta de armamento con Israel o empresas de este país mientras siguiera la ofensiva militar en la franja de Gaza. La polémica puso en peligro tanto la coalición de Gobierno entre PSOE y Sumar ―una de las formaciones integrantes de esta última, IU, apuntó incluso a la posibilidad de salir del Ejecutivo― como los apoyos parlamentarios del bloque de investidura. Para evitar una crisis política mayor, el presidente desautorizó a Grande-Marlaska ―que hasta entonces defendía seguir adelante con la compra para no causar un perjuicio económico a las cuentas públicas― y ordenó “rescindir de forma unilateral” el contrato.

Esta rescisión se materializó finalmente el pasado 29 de septiembre, cuando Interior hizo público el acuerdo que respaldaba legalmente esta decisión. En aquel documento, el departamento de Fernando Grande-Marlaska concluía que, dadas las circunstancias en las que se había decidido no materializar la compra, la empresa israelí no recibirá ninguna indemnización y únicamente se le devolverían los 274.500 euros que la compañía (el 5% del importe de la licitación) adelantó como garantía. El acuerdo detallaba que la decisión se tomaba después tras recibir un informe vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) que denegaba a la Guardia Civil la licencia para importar la munición.

“Esta resolución denegatoria imposibilita la recepción del material en tiempo y forma”, recalcaba Interior en su acuerdo, quien consideraba que la publicación, el pasado 23 de septiembre, del real decreto por el que se adoptaban medidas urgentes contra el genocidio en la Franja y de apoyo a la población palestina corroboraba la decisión de rescindir el contrato. Cuando se conoció la decisión de no seguir adelante con el contrato, la empresa israelí anunció medidas legales, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu condenó la decisión y afeó que con ello lo que estaba haciendo el Gobierno de Sánchez era supuestamente dejar de lado la seguridad “por fines políticos”.

España reconoció el Estado de Palestina en mayo del año pasado —lo que llevó a Israel a llamar a consultas a su embajadora en Madrid— y exigió en numerosas ocasiones el fin de la guerra en Gaza. Además, en junio, España solicitó formalmente intervenir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunto delito de genocidio.