Gobierno, socios y oposición dan por derrotado el decreto desgajado contra los desahucios y se culpan mutuamente

En el PSOE aseguran públicamente que siguen negociando la validación de los cuatro decretos en que se dividió la norma ómnibus con el escudo social que se intentó aprobar y salió mal parada hace un mes, y afirman que lo harán hasta el pleno de este jueves, pero se preparan ya para otra derrota simbólica. Tanto los socios del Gobierno como la oposición también la dan por hecha, específicamente en el decreto en el que se han incluido ahora una serie de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social con la vivienda para miles de familias y que pretendían proporcionar más recursos a las autonomías y los Ayuntamientos. Junts confirma que volverá a votar en contra de ese decreto con PP y Vox. El PSOE culpa más al PP que a Junts de este fracaso porque gobierna en más comunidades y municipios.

PP, Vox, UPN y Junts ya actuaron hace un mes como un bloque parlamentario homogéneo y tumbaron con sus 178 votos y los mismos argumentos un macrodecreto remitido al Congreso por el Gobierno para ser convalidado y en el que se incluían la revalorización de 13 millones de pensiones, la actualización del ingreso mínimo vital para 800.000 personas, otras ayudas y prohibiciones de desahucios a familias vulnerables. La derecha parlamentaria exigió entonces al Ejecutivo que separara esas actuaciones para aceptar la subida de las pensiones, pero se negó a asumir las medidas antidesahucios porque creen que favorecen la ocupación. Ese debate ya se registró el año pasado de manera muy similar y al final el escollo se solventó con varias alianzas de última hora. Este año el PNV protestó y corrigió algunos aspectos en el apartado de los desahucios para proteger más a los dueños de dos viviendas, pero Junts sigue en el no y votarán en contra de ese apartado, según fuentes de su dirección.

Sumar, Podemos, En Comú y otras formaciones normalmente aliadas del Gobierno dieron por hecho este martes que esa norma no saldrá adelante y demandaron al Ejecutivo que no espere más y ponga en marcha un plan b para que las familias vulnerables no se queden sin protección. Esos partidos defienden que el Gobierno debería prorrogar el tope a los precios de los alquileres que se puso en práctica durante la pandemia para no perjudicar ahora a 60.000 familias a las que se le acaban los contratos. Gerardo Pisarello, de En Comú, reprochó a Junts que se alíe en estos asuntos con la extrema derecha parlamentaria.

Junts, sin embargo, no se conmueve en ese aspecto y el PSOE persiste en intentar negociar algún “intercambio de cromos” para que modifique esa oposición antes del jueves, pero empieza a planear otras opciones para que esas medidas no caigan en la papelera, aunque no las quieren precisar aún. Lo que sí hizo su portavoz parlamentario, Patxi López, fue subrayar este martes que el pleno del jueves reflejará con sus votaciones los dos modelos políticos en confrontación en este año tan electoral. En el argumentario del PSOE se resalta que con los decretos planteados, el que decaerá y los otros tres que sí saldrán muy mayoritariamente, se busca beneficiar a muchos millones de personas: las familias más vulnerables y desfavorecidas, los 1.725.902 ciudadanos que perciben el bono social eléctrico o los 1.649.625 apuntados al descuento del bono social térmico, frente al bloque de la derecha que identifican con los recortes de derechos y libertades.

Patxi López aludió así a que con el primer Real Decreto en discusión se establecerán una serie de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, que fijarán con independencia de la determinación posterior de responsabilidades una aportación de 72.121,46 euros por persona fallecida. El segundo decreto es el que recoge las medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativa a recursos del sistema de financiación territorial, y es ahí donde se pretendía extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos y la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario. Ese será más que probablemente el decreto derrotado y el que contemplaba, además, la aportación de 20.000 millones a cuenta pendientes de 2025 para las comunidades y los ayuntamientos.

El tercer decreto, que sí recogerá un apoyo casi unánime, será el que incluye la revalorización de las pensiones y medidas urgentes en materia de seguridad social, que contempla un incremento de esas prestaciones públicas de manera general para el año 2026 en un 2,7%, una subida del 7% para las mínimas y hasta un 11,4% para las no contributivas. El cuarto es el que contiene actuaciones para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia y modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de incorporar un límite máximo de precios a determinados bienes y servicios en situaciones de emergencia de carácter extraordinario como las constatadas con el accidente de Adamuz.