El plan anticorrupción del Gobierno prevé vincular los beneficios penitenciarios a que se devuelva el dinero robado

El Gobierno ha presentado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que recoge buena parte de las medidas del plan estatal de lucha contra la corrupción con el que el Ejecutivo respondió el pasado julio al escándalo en el que están imputados dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La norma, que obliga a modificar otras 18, incluidas seis leyes orgánicas —que requieren mayoría absoluta en el Congreso—, incluye la transposición de algunas directivas europeas, así como la incorporación de viejas reclamaciones del Consejo de Europa, y depende, para su aprobación, de una compleja negociación parlamentaria.

Estas son algunas de las claves del anteproyecto de ley y del plan de lucha contra la corrupción, así como un repaso a las grietas del sistema que han permitido hasta la fecha que sigan dándose casos de este tipo:

Recuperación del dinero robado

Hasta ahora, según explican fuentes del Gobierno, el acceso a beneficios penitenciarios sin que el condenado hubiera devuelto el dinero robado se concedía o no de forma discrecional por parte de los tribunales. El objetivo es vincular los beneficios penitenciarios como el tercer grado o la libertad condicional en la ley general penitenciaria al cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica de los delitos de corrupción. Se trata de un mecanismo disuasorio, porque a menudo, según las mismas fuentes, el delincuente prefiere la pena de prisión a perder esos bienes y se declara insolvente mientras mantiene oculto el dinero sustraído.

El anteproyecto de ley trata de mejorar la capacidad del Estado para localizar bienes, embargarlos y recuperar las cantidades desviadas sin que esos bienes, que pueden ser de naturaleza muy diversa (obras de arte, caballos, yates...) Pierdan valor, es decir, que puedan ser vendidos inmediatamente para resarcir las responsabilidades civiles derivadas del delito. Para ello, el texto contempla un refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las oficinas judiciales y otras instituciones internacionales pueda localizar dichos bienes en el menor tiempo posible. El texto también incorpora nuevas figuras, como el “decomiso sin condena” o el “decomiso de riqueza no justificada” de acuerdo a la transposición de la normativa europea.

Lista negra de empresas corruptoras

Entre las medidas anunciadas en el Congreso el pasado julio, durante su comparecencia para dar explicaciones por el caso Cerdán, Sánchez prometió poner en marcha “un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración pública”. En realidad, la ley vigente ya prevé ese tipo de sanciones, pero el sistema, como ya explicó entonces este periódico tras consultar a expertos, tiene grietas que permiten que ese mecanismo no sea realmente disuasorio, ya que las empresas cuentan con filiales, personas jurídicas conectadas entre sí, y cuando se condena a una empresa puede utilizar otra del mismo grupo para volver a contratar con la administración. Además, esas sanciones no son efectivas hasta que hay una sentencia firme, lo que puede demorarse en el tiempo. De acuerdo a las explicaciones facilitadas por el Gobierno sobre el anteproyecto de ley de integridad pública, la norma no contempla el establecimiento de medidas cautelares para que, cuando haya indicios suficientes, el juez de instrucción pueda prohibir a una empresa contratar con la Administración. El texto sí prevé un “refuerzo de la transparencia societaria” para que la titularidad sea “trazable” en el registro mercantil y el incremento de 15 a 20 años en las penas máximas de inhabilitación para contratar con la administración para empresas corruptas.

Contratación pública e inteligencia artificial

En 2017, y para aplicar la normativa europea, se modificó la ley de contratación pública que, según los expertos consultados, como el magistrado Joaquim Bosch, también dejaba grietas por la que podía colarse la corrupción, al permitir modificaciones sobrevenidas o sobrecostes y trocear contratos. El anteproyecto de Ley de Integridad Pública prevé reforzar la transparencia y publicidad de toda la información contractual y aplicar la inteligencia artificial para, mediante un cruce masivo de datos, detectar patrones anómalos y actuar antes de que el fraude se consolide. Cada administración deberá contar con mapas de riesgo para anticipar el delito.

Ampliación de la prescripción y endurecimiento de penas

El anteproyecto prevé ampliar de cinco a siete años el plazo de prescripción de los delitos corrupción, así como incorporar dos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecten a casos de cohecho, malversación o tráfico de influencias.

La lentitud de la justicia diluye el efecto disuasorio o preventivo de las medidas vigentes y de las que se pretenden incorporar al sistema. Fuentes del Gobierno admiten que ese es el gran reto pendiente y que faltan jueces. El Ejecutivo confía en que algunas de las medidas en tramitación, como la que prevé trasladar al Ministerio Fiscal la instrucción de los casos, así como otras que ya han puesto en marcha (500 nuevas plazas en todo el Estado) ayuden a acortar los plazos. El anteproyecto de ley abarca la creación de secciones especializadas en materia de corrupción.

Control de partidos políticos y sus fundaciones

Los últimos escándalos de corrupción han puesto de manifiesto que el control interno en los partidos políticos no funciona y que la fiscalización que ejerce el Tribunal de Cuentas no basta para detectar determinados delitos. El anteproyecto de ley incluye la reducción del umbral a partir del cual es necesario hacer públicas las donaciones recibidas, que pasaría de los 25.000 euros actuales a 2.500, así como exigir a las formaciones políticas auditorías externas e independientes de sus cuentas. La politóloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, organización dedicada a detectar vulnerabilidades en el sistema y plantear soluciones, recuerda que las idóneas son las de tipo forensic, que van más allá de revisar el estado financiero para detectar evidencias de fraude y prevenirlo, “pero son caras”.

La huella legislativa

El plan contra la corrupción prevé que todos los proyectos de ley incluyan un informe que recoja cada una de las reuniones que las personas encargadas de elaborar esa norma hayan tenido con grupos de interés o lobbies y de lo que estos hayan solicitado en dichos encuentros, según fuentes del Gobierno. Disponer de esa información, por ejemplo, quizá habría permitido detectar antes el caso Montoro, que afecta al exministro de Hacienda del PP, quien está siendo investigado por crear, presuntamente, una “red de influencias” para favorecer, mediante modificaciones legislativas y rebajas fiscales, a empresas que contrataron a su despacho.

La Agencia Independiente de Integridad Pública

El anteproyecto contempla la creación de una nueva estructura, la llamada Agencia Independiente de Integridad Pública, que integre a otros organismos existentes en la prevención de la corrupción, como la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante, de reciente creación, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El presidente de esa nueva Agencia sería nombrado, según fuentes del Gobierno, en un proceso público y con refrendo del Congreso por un periodo de seis años no renovables, es decir, desvinculándolo de la duración de una legislatura. Esta nueva estructura se encargaría de coordinar los planes de acción, gestionar las denuncias, instruir procesos sancionadores y gestionar el registro de los grupos de interés.

Los expertos consultados por este periódico coinciden en que no se trata tanto de crear nuevas figuras como de dotar de medios y coordinar a las que ya existen y no han funcionado adecuadamente. En su último informe, el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa) insistía en que la Oficina de Conflictos de Intereses “sigue careciendo de verdadera independencia y presupuesto propio”. De los planes revelados hasta ahora por el Ejecutivo tampoco se deduce que vaya a cambiar significativamente otra de las debilidades del sistema que ha sido repetidamente señalada por el GRECO: la figura de los asesores designados por criterios más políticos que técnicos, como el propio Koldo García, imputado junto a Ábalos y Cerdán. Preguntados al respecto, tanto el presidente del Ejecutivo como otros miembros del Gobierno se abrieron a la posibilidad de introducir modificaciones o ampliar las medidas previstas en el trámite de negociación parlamentaria.