Carasatorre, el etarra condenado por matar a Gregorio Ordóñez, obtiene la semilibertad del Gobierno vasco

Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por asesinar al concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995 y que cumplirá condena efectiva en 2034, se encuentra en régimen de semilibertad desde el pasado 2 de enero gracias al permiso concedido por el Gobierno vasco en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este es el mismo precepto que se le aplicó a principios de este mes al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y que permite a los reclusos salir a la calle de lunes a viernes con la obligación de regresar esos días a dormir en la cárcel.

Carasatorre, alias Jon y Zapata, fue condenado a 30 años de prisión por el crimen de Gregorio Ordóñez, que cometió junto a Javier García Gaztelu, Txapote, y Valentín Lasarte. También se le condenó por participar en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector de Policía Enrique Nieto. En la actualidad, el etarra cumple condena en el penal de Zaballa (Álava). Recientemente, Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), aseguró que había pedido, tanto al Gobierno vasco como a la dirección de la cárcel, mantener un encuentro restaurativo con Carasatorre. Consuelo Ordóñez ya se reunió en 2012 con Lasarte.

La aplicación del 100.2, una figura intermedia entre el segundo y tercer grados a los que se están acogiendo condenados de la banda terrorista ETA, es una modalidad pensada para que los reclusos puedan preparar su incorporación a la sociedad a través de un trabajo en una empresa o de actividades de voluntariado. Para recibir la autorización del Gobierno vasco, siempre con el visto bueno de la junta de tratamiento de la cárcel, el recluso tiene que presentar un “plan de ejecución” en el que se establece cuál va a ser su ocupación durante las horas en las que va a permanecer fuera de prisión.

La concesión de este régimen de semilibertad, al que se han acogido Carasatorre y Txeroki, entre otros exetarras, está siendo criticado por colectivos de víctimas del terrorismo, que lo han calificado de “terceros grados fraudulentos” que están “desnaturalizando el requisito del arrepentimiento” que se les exige a los condenados para acogerse a beneficios penitenciarios.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reconocido que los permisos concedidos por el Ejecutivo vasco a condenados por asesinatos de ETA son dolorosos para las víctimas, aunque también ha querido precisar que se ha cumplido escrupulosamente con lo que establece la normativa penitenciaria: “Somos conscientes de que las decisiones en cumplimiento de la normativa penitenciaria generan mucho dolor en las víctimas, lo que siento profundamente”, señaló tras la polémica suscitada con la salida de la cárcel de Txeroki. Pero al mismo tiempo expresó que la actuación de su departamento es “completamente respetuosa con el Estado de derecho y riguroso en la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado”.

Covite ha denunciado la concesión de permisos “fraudulentos” por parte del Gobierno vasco (gestiona la competencia de las tres cárceles vascas desde octubre de 2021) que suponen una “amnistía encubierta” a presos de ETA. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, salió este martes en defensa de estas decisiones y, ante la tormenta generada, afirmó que en todos los casos se ha respetado “escrupulosamente” la legalidad en la concesión de la progresión de grado de los reclusos de las cárceles de Euskadi, “sean presos de ETA o no”.