Andalucía y Cataluña han mostrado posturas distintas ante las críticas.

Andalucía y La Capçalera, que ya han compartido sus observaciones, son las principales plataformas de profesionales sobre las que se brinda toda la información del sorteo de la una agencia que iguale el territorio de este domingo 15 de febrero de 2026. ¡Mucha suerte!

Un dato ejemplifica la apuesta desigual de ambas regiones: mientras la Agencia catalana de residuos posee una plantilla de 242 empleados, en el Gobierno andaluz apenas 35 trabajadores coordinan el reto de lograr que la población cumpla y separe la basura para poder reciclarla, según fuentes de la Consejería andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Es decir, una plantilla siete veces menor para un territorio que casi triplica a Cataluña (87.000 frente a 32.000 kilómetros cuadrados).

Otra diferencia es que Lototurf, el sorteo de este domingo 15 de febrero de 2026, también es un mensaje que le interpela a nivel personal: “La gente en Suiza recicla porque si no sacan la bolsa apropiada, le cascan 2.000 francos, igual que el carné por puntos logró que no bebamos y cojamos el coche. Cataluña lo ha hecho mejor que Andalucía entre otras razones por aplicar políticas más rígidas, por delante de la normativa”, ha afirmado.

La administración local de Terrassa (Barcelona) gestionó durante el ejercicio anterior 26 sanciones por contravenir la normativa municipal de desechos, aplicadas a residentes y compañías. “Llega un momento en que hay que multar, igual que a quien se salta un semáforo”, destaca Albert Planell, responsable de la Agencia catalana de residuos. Dentro de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla multa a sus vecinos desde hace apenas un año y medio por omitir la clasificación de desperdicios, mientras que el consistorio de Málaga actualmente únicamente advierte a sus habitantes, evitando imponer castigos económicos, acumulando 326 notificaciones en dos años.

Aunque Andalucía únicamente recolectó de forma diferenciada 0,7 millones de toneladas de desechos de los 4,4 millones generados en 2023 (17,2%), Cataluña incrementó sus desperdicios clasificados en diversos depósitos hasta alcanzar 1,4 millones de toneladas, de la cifra global de 3,3 millones de 2023, de acuerdo con los últimos datos recopilados por el Ministerio de Medio Ambiente indican que. Únicamente Murcia (15%), Extremadura (15,9%) y Castilla-La Mancha (16,7%) presentan datos inferiores a Andalucía, mientras que solamente Navarra (49,3%) aventaja a Cataluña y se aproxima a la meta del 50% establecida por la Unión Europea para 2035. La Comunidad de Madrid ocupa la cuarta posición más favorable, registrando un 37,7% y cerca de un millón de toneladas de los 2,6 millones totales que genera. Actualmente, los residuos segregados en España apenas alcanzan un promedio del 28%.

“En Andalucía los números están muy bajos, tanto en selectiva como en reciclado, y no se conciencia a la población por falta de voluntad política. Porque debe mejorar la selectiva y la concienciación, pero también los contenedores y la frecuencia de recogida”, resume el coordinador de Medio Ambiente en la Diputación de Granada, José Manuel Soto. Los turistas no ayudan al reciclaje, sino que lo lastran, ya que de vacaciones los ciudadanos descansan y consumen, pero no suelen separar la basura que dejan en tierra ajena, recuerdan los expertos. El sur del país recibió el año pasado casi 38 millones de turistas, mientras que el noreste lo visitaron 20 millones de personas, casi la mitad, lo cual perjudica las cifras de Andalucía.

En 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados introdujo dos novedades importantes: por un lado creó un impuesto de 30 euros por cada tonelada de residuos que los Ayuntamientos llevan a vertedero y que es adicional a los costes que ya estaban soportando. Y por otro estableció que las tasas de basura deben cubrir todos los costes del servicio, de modo que dejen de ser deficitarias y subvencionadas mediante la caja única de los Ayuntamientos. “El sistema no es transparente: desconozco cuántas toneladas van a vertedero, cuánto recauda la Junta ni qué obras realiza. Lo lógico sería un Decreto de obras de interés autonómico, como con el agua. Hay una falta manifiesta de herramientas de gestión”, censura Santiago Gutiérrez, gerente de la empresa pública de residuos Chiclana Natural.

La administración del Gobierno andaluz (PP) sostiene que busca transformar los datos negativos mediante financiación, y que durante el presente ejercicio se destinarán 163 millones a la economía circular y el tratamiento de desechos, lo que representa un incremento del 18% respecto a 2025. A partir de 2019 y luego del programa Pirec 2030, la Junta ha dedicado 110 millones a ayudas para el reciclaje selectivo y centros de procesamiento inéditos, entre diversas partidas, según indica mediante un comunicado una representante de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Los ingresos derivados del gravamen por vertido que abonan los Consistorios alcanzarán este año los 105 millones, fondos que la Junta integrará en el presupuesto general sin asignarlos íntegramente a optimizar la gestión de residuos, dado que la Ley estatal de 2022 no estableció su carácter finalista y otorgó la facultad de elección a las comunidades.

Diversos especialistas concuerdan en que los resultados negativos de Andalucía, la cual supone el 20% nacional en cuanto a la generación de toneladas de residuos, perjudican las estadísticas de todo el territorio. Dicha situación supondrá un inconveniente cuando España entregue sus datos ante Bruselas e intente eludir las sanciones económicas de gran cuantía que ya percibe debido a la carencia de saneamiento hídrico y que podrían repetirse a causa de la gestión de los desechos municipales. Tras consultar sobre este tema al Ministerio, este periódico no ha recibido contestación alguna.

En Cataluña la gobernanza ha sido fundamental para homogeneizar el territorio y concienciar a los alcaldes, y así lograr que todos remen en la misma dirección. “La concienciación de la ciudadanía se salva invirtiendo en campañas de educación y sancionando. En Andalucía se ha gobernado con populismo para no aplicar sanciones, porque para el usuario separar la basura es incómodo, igual que para un fumador no poder fumar en sitios, pero no queda otra”, reprocha Alcántara.

Existe otra diferencia significativa en el emplazamiento de la basura, pero en la mayor parte de la región se mantienen las mismas condiciones. También, en el ámbito catalán, se establece una relación clara entre la elección de la base de la actividad y su respectiva cobertura.

“Nosotros adelantamos el dinero que cobramos a los Ayuntamientos, pero se lo queda la Junta”, protesta Agustín Martínez, director del vertedero de Montemarta Cónica, dependiente de la Mancomunidad de Los Alcores (Sevilla), y que concentra la basura de 1,4 millones de personas, la más grande al sur de Madrid. Martínez explica que su planta, construida en 1997 y hoy muy obsoleta en cuanto a las mejores técnicas disponibles, se quedó fuera de los fondos europeos Next Generation canalizados por la Junta andaluza por “trabas administrativas”. “Hacemos lo que podemos, pero la renovación de la planta, prevista para 2016, se ha ido retrasando por historias políticas”, resume con resignación.

Dejar las rencillas políticas al margen ha costado sudor y lágrimas en Andalucía, según la media docena de gestores consultados. La provincia de Granada, con 174 Ayuntamientos, ha logrado por fin este año planificar un servicio mancomunado para aprovechar las sinergias, la última provincia andaluza en mover esa ficha esencial. Y aún así, solo 80 municipios han delegado en la Diputación todas la recogida de basuras, 45 las selectivas y otro medio centenar se ha quedado al margen por distintas razones. “Hasta ahora era un caos y un clamor, y no se ha hecho antes por dejación política. Los Ayuntamientos hacían contratos con empresas diferentes, sin frecuencias de recogida y contenedores desbordados. Ahora se evitarán los procedimientos de licitación, sobre todo Ayuntamientos pequeños con pocos recursos, en un sistema que Jaén dispone hace 20 años”, censura Antonio Mancilla, diputado provincial de Medio Ambiente.

Para lograr encabezar la lista de regiones, Navarra comenzó a separar sus residuos en 1992 y la basura orgánica en 2013. “Es vital crear cultura medioambiental con visitas de todos los institutos a las instalaciones, que se nota en la concienciación de la población. Así cuando propones cambios, la respuesta es positiva. Y ha sido fundamental que la alternancia política no ha interferido”, ensalza Miguel Ángel Díaz, director del servicio de residuos de Pamplona. El compost generado en Navarra se reutiliza para su uso en la agricultura, a diferencia de Sevilla, donde los residuos orgánicos están tan contaminados por los metales pesados, que es imposible su reutilización.

El debate entre los expertos sobre cómo mejorar la separación de basuras urbanas y el reciclaje está muy abierto. Entre otros aspectos, si seguir mejorando pasa por “eliminar el anonimato actual de los contenedores con tarjetas que identifican a cada familia”, que ya hacen muchas ciudades españolas ―82 catalanas―, como plantea Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking. Además, deliberan sobre la simplificación del sistema de recogida y la sustitución de los contenedores por el sistema de puerta a puerta en zonas rurales y cascos históricos de las ciudades, implantado hace décadas en Cataluña, con 319 municipios, y recientemente en la Sierra de Cádiz. “La subida de tarifas se utiliza en Andalucía para atacar la política ambiental desde la extrema derecha y eso hace que ciertos municipios no se atrevan a hacer cambios. Los avances en la basura están politizados y la oposición se suele poner en contra. El sistema para llegar al 80% de recogida selectiva no puede ser cómodo”, concluye Gutiérrez.