El Gobierno aplicará la jornada de 35 horas a los funcionarios de la Administración central en abril

El Gobierno ya tiene el respaldo de los tres principales sindicatos de funcionarios para aprobar la reducción de la jornada en la Administración central a 35 horas, dos horas y media menos que hasta ahora. Este viernes a las 10.30 horas ha comenzado la mesa de negociación de la Administración General del Estado (AGE), en la que se va a firmar el acuerdo que beneficiará a unos 250.000 empleados públicos. UGT y CC OO ya habían confirmado su respaldo a la medida, pero faltaba CSIF. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha confirmado este viernes que apoyará el acuerdo. Y el ministro de Función Pública, Óscar López, también lo ha refrendado en unas jornadas organizadas por eldiario.es. “En la primera quincena del mes de abril pondremos en marcha la jornada de 35 horas en la AGE”, ha dicho.

La mayoría de trabajadores autonómicos y municipales ya cuentan con la jornada de 35 horas, lo que suponía, en opinión de los sindicatos, un agravio comparativo para los empleados de la Administración central. El compromiso con las 35 horas en la AGE ya quedó por escrito en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI en 2022, que suscribieron CC OO y UGT. El tema estuvo bloqueado hasta noviembre, cuando se recuperó el compromiso con las 35 horas en el acuerdo salarial en el que también participó CSIF.

El texto acordado por el Gobierno y los sindicatos establece que el Ejecutivo se compromete a implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”. Esta jornada se aplicará a todos los trabajadores dependientes de la Administración central. Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo dejaba fuera a algunos colectivos, como los empleados de prisiones o los de la sanidad y la educación de Ceuta y Melilla. El texto acordado los incluye finalmente, aunque el despliegue en estas áreas deberá negociarse de forma específica.

A partir de los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los trabajadores beneficiados serán unos 246.000. La nueva jornada entrará en aplicación, como tarde, a mediados de abril, dado que el Gobierno se compromete a “impulsar las iniciativas normativas y organizativas necesarias para garantizar la efectiva aplicación de lo previsto en este acuerdo” en un plazo máximo de 15 días que empieza a contar este mismo viernes. Inicialmente, el compromiso del Gobierno con los sindicatos era sellar esta medida en marzo.

El último sindicato que ha confirmado su respaldo al acuerdo es CSIF. La central destaca el mismo como “un hecho histórico”, dado el gran volumen de empleados públicos que alcanzarán de golpe este nuevo reparto horario. “No se excluye a ningún ámbito de la administración central, que vuelva a ser una punta de lanza en la creación de nuevos derechos”, destacan en CSIF.

Oferta de empleo público

Este jueves confirmó su apoyo CC OO, que en el comunicado en el que anunciaba su respaldo a la medida anticipaba que “la reducción de 2,5 horas semanales o del 7,1% del tiempo de trabajo ordinario que implica la nueva jornada laboral, exige tener que adoptar algunas medidas técnicas y organizativas”. Entre ellas, menciona la revisión de la planificación actual de los recursos humanos, “detectar” las necesidades de personal en los servicios de atención a la ciudadanía y con horarios “sujetos a turnicidad para poderlos atender con las nuevas ofertas de empleo público”.

La nueva oferta de empleo público también se encuentra en fase de negociación. El primer planteamiento de Función Pública es similar al del año pasado (unos 27.000 puestos), así que en primer acercamiento no se propone un refuerzo especial de la plantilla pública por esta contracción de jornada. Sin embargo, el acuerdo de los sindicatos y Función Pública establece que la AGE “orientará sus instrumentos de planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios públicos, priorizando las dotaciones de personal directamente vinculadas a la atención a la ciudadanía y a la gestión de políticas públicas de carácter esencial”, compromiso que anticipa un posible aumento de las plantillas.

UGT anunció su apoyo a las 35 horas este miércoles. “Este acuerdo consolida una reivindicación histórica, ya que la jornada de 35 horas dejará de ser una mejora opcional y pasará a convertirse en un derecho reconocido y de aplicación para todo el personal de la AGE”, trasladó el sindicato.

En la nota de prensa en la que da cuenta del acuerdo, Función Pública también comunica que la resolución que establezca las 35 horas incorporará la figura de lo que llaman “cuidador”, “una medida de conciliación destinada al empleado público que se encarga de los cuidados de un familiar”. “Esta decisión servirá para clarificar y reforzar el conocimiento sobre una figura incluida en la directiva europea sobre conciliación y que hace referencia al empleado público que cuida de un familiar o una persona que vive en su mismo hogar y que necesita asistencia por un grave motivo médico”, especifica Función Pública.