Aagesen afirma que la CNMC

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha enrocado en su comparecencia este lunes en la comisión del Senado que investiga el apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril del año pasado. A la interpelación hecha por el senador del Grupo Popular Miguel Ángel Castellón, acusando a su ministerio de conducir al sistema a “una situación de máxima fragilidad” por no haber escuchado los requerimientos de los técnicos de Red Eléctrica para adaptar la operación al nuevo mix energético con abundancia de renovables, la vicepresidenta se ha remitido al reciente informe de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se señala que, con los instrumentos que había ese día para la operación del sistema, “no tenía que haber ocurrido lo que ocurrió”.

Preguntada si el Gobierno ha pedido explicaciones al operador del sistema o se ha planteado la destitución de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (grupo que integra a REE), Aagesen ha recurrido a los tres informes elaborados hasta ahora (el de su propio ministerio, a petición del Consejo Nacional de Seguridad; el citado de la CNMC y el de Entso-e, la red de operadores y transportistas europeos), en los que no se apuntan responsables, sino solo causas multifactoriales e imprevisibles. La ministra puso en valor el hecho de que el informe de su departamento se elaborase en 49 días (se publicó el 17 de junio del año pasado), mientras que los de los otros dos organismos tardasen 11 meses (concretamente, ambos se conocieron la semana pasada).

El representante del Gobierno señala que las causas pudieron ser un par: la carencia de una configuración correcta en los dispositivos para regular el voltaje o que las infraestructuras de generación operativas no reaccionaron según lo previsto; o incluso una combinación de ambos factores.

Ante la insistencia del senador popular sobre la responsabilidad de los hechos, la vicepresidenta tercera ha asegurado que “los procedimientos administrativos tienen que ser garantistas” y que “serán estos procedimientos los que dirimirán las responsabilidades”, en alusión a la investigación que aún mantiene la CNMC, que acabará en una posible incoación de sanciones contra REE y/o generadoras eléctricas. “Cuando llegue ese momento -indicó Aagesen- esas responsabilidades tendrán consecuencias”.

Según Aagesen, “lo mejor que puede pasar es la máxima transparencia” en referencia a las compañías eléctricas (salvo REE), a las que criticó porque, tras el apagón, impidieron difundir los datos que proporcionaron para la elaboración del informe de su ministerio. Ante la falta de respuesta de las compañías a su petición de hacer públicos los datos que habían proporcionado, los asesores legales recomendaron a su departamento que dichos datos figurasen de forma anónima, y así siguen un año después. Aagesen ha pedido que “las empresas propietarias de esa información la hagan pública”.

En relación a la transparencia sobre lo ocurrido, el presidente de la comisión de investigación del Senado, Francisco Javier Márquez (PP), ha anunciado que los parlamentarios van a tener acceso a los audios de las conversaciones que el día de autos mantuvieron los técnicos de Red Eléctrica y los de las grandes distribuidoras, que el operador les hará llegar. Aunque está previsto que la presidenta Redeia comparezca en la comisión este miércoles, el Grupo Socialista ha solicitado su aplazamiento, por lo que, aún no hay fecha para su intervención.

Márquez recordó que REE se había negado a entregar la documentación al Senado porque no era una empresa pública. Este calificó al sistema eléctrico como “un castillo de naipes” y acusó al Gobierno de no haber tomado medidas regulatorias ante las múltiples señales de sobretensión del pasado y de los días previos al cero eléctrico y se lamentó de la ausencia de la más mínima autocrítica del Gobierno, al que achacó la culpa de lo ocurrido.

Buena parte de los senadores intervinientes han preguntado por los efectos económicos de la operación reforzada por la que REE ha pasado de programar siete centrales de ciclo combinado de gas el día del apagón, a una veintena desde entonces. Aagesen, que se ha negado varias veces a opinar sobre la actitud de Corredor, ha defendido el procedimiento reforzado como un mecanismo que tiene el operador para asegurar el suministro continuo. “Hay mucha confusión, porque las restricciones técnicas siempre han existido para cubrir necesidades del sistema”, señaló, pero, incluso así, el precio de la electricidad en España “es más competitivo que el europeo, por el aumento del parque de renovables”.

La encargada de Medio Ambiente pretendió esclarecer el estado actual del mecanismo: “Estamos mejor preparados para evitar otro problema”; y recalcó que los diversos informes resaltan que no fue por un problema de frecuencia sino por sobretensiones causadas por oscilaciones. Una de estas “no era conocida”, y se tardó cuatro minutos en estabilizarse, seguidos de interrupciones inusuales.

Hasta ahora -informó-, se han habilitado 8,5 GW para control dinámico de tensión por parte de instalaciones renovables, aunque todavía se trata de un volumen reducido sobre la capacidad total del parque. Precisamente, gracias a las renovables y el menor protagonismo del gas en el mercado mayorista de la electricidad, donde solo ha casado un 15% de las horas desde comienzos de año, España está mejor preparada que otros países europeos para afrontar la nueva crisis energética por la guerra de Irán, indicó.

El PSOE pide la disolución

Aagesen recibió el respaldo del senador del Grupo Socialista José Antonio Balbuena, quien ha solicitado la disolución de la comisión de investigación porque “no puede aportar nada a los rigurosos informes técnicos elaborados ya”: los citados del ministerio, la CNMC y Entso-e. Estos análisis, en su opinión, “no avalan el eslógan simplista que algunos intentaron instalar de que el apagón fue resultado de una imposición a ultranza de las renovables en el sistema".

Asimismo, reiteró que se trató de un suceso intrincado, con múltiples causas y originado por el aumento de la tensión ante la ausencia de contestación por parte de ciertas agrupaciones, lo cual derivó en “se intentó salvaguardar los intereses de los propietarios”. Según la perspectiva de Valbuena, “el grueso del trabajo ya está hecho y las conclusiones ya se han emitido”.